Pacto Social y Movimiento Obrero

                                                                        
Por Hernán Brienza

Periodista, escritor, politólogo.

En el capitalismo argentino, los pactos sociales han sido difíciles de sostener a lo largo del tiempo pero sin ellos ha sido imposible llevar adelante políticas que incluyeran a las mayorías.

Una herramienta fundamental para los procesos nacionales y populares es la idea del pacto social, del acuerdo, del compromiso entre los sectores productivos para generar una estrategia de crecimiento común que impida la espiral inflacionaria típica de las pujas distributivas. Se trata de una alianza entre actores con poder real como la UIA, la Sociedad Rural, la CGT –de donde se desprende cierta idea de corporativismo– más que de un acuerdo entre partidos políticos de tipo parlamentario en el que fijan las reglas de convivencia, los límites de ganancias y los techos de demandas salariales para evitar que la economía se enrede en una rueda especulativa. En el capitalismo argentino, los pactos sociales han sido difíciles de sostener a lo largo del tiempo pero sin ellos ha sido imposible llevar adelante políticas que incluyeran a las mayorías. En la Argentina, el tan mentado Pacto de La Moncloa –celebrado en España tras el franquismo– no es un contubernio partidocrático sino, justamente, el Pacto Social entre los distintos jugadores de la economía. Me animaría a decir, incluso, que en nuestro país el gran Contrato Social de pertenencia de los ciudadanos al Estado se ha dado recién con el ingreso tanto del yrigoyenismo y, sobre todo, del peronismo a la discusión pública.

El peronismo clásico (1945-1955) significó en sí mismo un pacto social entre industriales y trabajadores para profundizar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones con la creación de un fuerte mercado interno que consumiera aquello que se producía en las fábricas. A veces se trata de un instrumento para distribuir la riqueza, pero a veces también puede ser utilizado como forma de aquietar y controlar las demandas de los sectores del trabajo, como intentó realizar el propio Juan Domingo Perón con el Congreso de la Productividad realizado a medias en 1955.

En 1973, Perón indica nuevamente la necesidad de un Pacto Social entre la CGE y la CGT que permita la unidad y reconstrucción de la democracia y la economía argentina. La intención era frenar la puja distributiva que ya llevaba varios años comprometiendo al sector del trabajo a morigerar sus demandas salariales a cambio de la sanción de convenios y estatutos de una modernidad en materia de protección social que ponía a la Argentina a la vanguardia en materia de derechos sociales. La dinámica política –fundamentalmente el uso de la violencia política–, la especulación y el desabastecimiento de productos –armas usadas por el empresariado que no confiaba en el peronismo y su movilización social ascendente– y la crisis del petróleo desatada a fines de 1973 –que tensionó todos los precios hacia arriba- atentaron contra la estabilidad económica soñada por José Ber Gelbard.

La Mesa del Diálogo del año 2002 intentó, tras el espanto que generó la crisis del gobierno radical de Fernando de la Rúa, sentar a empresarios y trabajadores bajo la tutela celestial de la Iglesia Católica. Pesificación asimétrica, licuación de deudas privadas, retenciones a la soja, planes asistenciales y doble indemnización para los despidos fueron algunos de los artículos de ese pacto tácito que sirvió, al menos, para frenar la hecatombe.

Finalmente, el peronismo kirchnerista estableció como práctica permanente, a través de las rondas de negociación y las paritarias, una lógica de pacto social permanente como base para el crecimiento sostenido, las políticas de inclusión y redistribución de la riqueza. En los últimos años, la necesidad de ajustar el pacto social se hizo más evidente ya que la capacidad productiva ha llegado a su máxima expresión.

Para los próximos años, es evidente que el sostenimiento del Pacto Social es uno de los pilares del modelo nacional y popular. El domingo pasado escribí sobre el compromiso ofrecido por la conducción de la UIA y por la nueva agrupación empresaria conocido como la Gelbard. Y también de cómo los sectores concentrados del capital –Techint es el principal jugador en este esquema– bloquea o sabotea la posibilidad de un acuerdo político con el gobierno.

(Digresión: ¿Por qué para los medios periodísticos empresariales es más importante la administración desleal de Sergio Schocklender en la Asociación Madres de Plaza de Mayo al que se lo acusa de lavado de 300 millones de dólares, dinero que no es del Estado, que, por ejemplo, los 6000 millones de pesos que Techint no le devuelve a los 40 millones de argentinos? ¿Se trata de periodismo militante empresarial?)



Hoy es fundamental analizar la otra pata del Pacto Social: el Movimiento Obrero Organizado. El viernes por la tarde Facundo Moyano lanzó su candidatura a diputado –un joven de 26 años con mucho futuro como líder político con representación– lo que demuestra, pese a lo que digan los medios de comunicación, una gran sintonía entre el gobierno y la actual conducción de la CGT. Hugo Moyano, Juan Carlos Schmidt, Julio Piumato representan un modelo sindical que se conjuga a la perfección con el modelo nacional y popular –más allá de los obvios chisporroteos personales–. La dicotomía que atraviesa hoy al MOO no son las metodologías ni la democratización interna. Lo que marca hoy la diferencia es la visión política y estratégica de sus líderes. La actual conducción de la CGT sostiene que los trabajadores deben jugar un rol fundamental en el Pacto Social y en la profundización, consolidación e institucionalización del modelo. A sus costados tiene: por un lado a la CTA 2 que es funcional al armado del Proyecto Sur que dirige Fernando “Pino” Solanas y del otro a los gremios de la CGT conocidos como los Independientes –la UOM, SMATA, UTA, UOCRA, Taxistas, entre otros–, que poseen un peso importante dentro de la Central, y el resabio menemista conocido como los Gordos –Luis Barrionuevo, Armando Cavallieri, Rodolfo Daer, Oscar Lezcano entre otros.

Mientras que los primeros llevan adelante una política de constante confrontación con el gobierno nacional –prueba de ello es el desatinado y estrambótico paro nacional que realizaron hace unas semanas– los segundos y terceros están identificados con un gremialismo prebendario, de defensa de los intereses clientelares de sus propios representados y, por sobre todas las cosas, con el aparato económico que significan sus propias organizaciones sindicales que, en algunos casos, tienen más de empresas que de agrupaciones obreras. Pero, claro, tienen gran peso al interior de la CGT.

Por eso, es fundamental que el sector liderado por Hugo Moyano pueda tender lazos con el otro sector valioso que tiene el MOO que es la CTA 1 de Hugo Yasky. Juntos, ambos dirigentes pueden consolidar la conducción del camionero al frente de la CGT –el año que viene hay elecciones generales en la Confederación– y juntos pueden ofrecerle al gobierno nacional un apoyo insustituible para el sostenimiento del tan necesario Pacto Social. En la posible alianza entre ambos sectores se juega el futuro de millones de trabajadores en la Argentina. Porque aunque parezca extrapolado, la CGT de los Argentinos hoy no es la CTA 2 –pese a lo que digan sus líderes con discursos de izquierda– sino la alianza estratégica entre la CTA 1 y la CGT oficial.

Una visión oportunista y especulativa podría aconsejar al gobierno a “cerrar” con los independientes que son fácilmente “seducibles” –prebenda mata gremialista- pero si uno piensa en términos estratégicos y programáticos no hay dudas de que el modelo e incluso el gobierno necesita de la unificación de los dos Hugos.

Por lo demás, pido perdón por no entrar en las operaciones político-periodísticas y no escribir sobre el caso Schocklender, la pelea mezquina de funcionarios que se entregan a TN o la tan sorpresiva como sospechosa decisión de los herederos de Noble de “ahora sí” presentarse a hacerse los análisis de ADN