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Un chico corre. Cae. Se da
vuelta. Se retuerce en el piso. Aparece un hombre – de remera celeste y
mochila— con la mano extendida. Rodea al muchacho. Se para al costado y agarra
un objeto que parece ser un teléfono celular. Un agente de la policía de la
Ciudad de Buenos Aires, también, hace su entrada. Todo sucede en cuestión de
segundos. Con el pasar de las horas, se sabrá que el hombre de remera celeste
es Luis Oscar Chacobar, policía de Avellaneda, y el chico tendido, Juan Pablo
Kukoc, que acababa de robarle a un turista estadounidense en el barrio de La
Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Las imágenes podrían tratarse de una
ejecución policial más, esta vez captada por las cámaras, si no fuera porque el
gobierno del presidente argentino Mauricio Macri decidió tomar a Chocobar como
héroe y promover un «cambio de doctrina» en la intervención policial.
El fotógrafo estadounidense
Joe Wolek caminaba el pasado 8 de diciembre por La Boca cuando dos chicos quisieron
robarle la cámara. Forcejeó. Los dos asaltantes salieron corriendo por la misma
calle, pero por distintas veredas. Wolek quedó tendido en la avenida por las
diez puñaladas que había recibido. A Kukoc, que llevaba la cámara, lo corrieron
unos vecinos y lograron sacársela. El otro chico se perdió. Chocobar, que había
visto al turista estadounidense desmoronarse, declaró que le gritó al asaltante
que se detuviera, que era su vida o la de ellos y que tiró. Todo esto sucedió a
dos cuadras de donde había sido atacado el turista, lo suficientemente lejos
para defenderse o defenderlo de la agresión. Kukoc murió a los cuatro días por
las heridas – todas recibidas por la espalda.
El 30 de enero, el juez de
menores Enrique Velázquez entendió que la versión de Chocobar no era fidedigna.
Lo procesó por exceso en la legítima defensa y ordenó embargarlo por 400 mil
pesos. Dijo que respondió una «agresión ilegítima, utilizando un medio
racional, de una manera irracional y desproporcionada». El procesamiento está
siendo revisado por la instancia superior del juez Velázquez, la Cámara del
Crimen de la Ciudad de Buenos Aires, que en los próximos días debe resolver si
confirma lo sostenido por su colega o inclina la balanza hacia el policía de
quien el presidente Macri dijo sentirse orgulloso.
Cruces
Chocobar vive en el barrio
porteño de La Boca. La madre de Juan Pablo y sus hijos, también. Juan Pablo dio
sus últimos pasos tratando de escapar hacia su casa – piensan – antes de que el
policía le disparara. Chocobar es oriundo de Salta. Cuando llegó a Buenos Aires
se ganó la vida como jardinero y trabajando en un taller textil. Hace unos años
se integró a la policía municipal – creada durante la gobernación de Daniel
Scioli. Juan Pablo también llegó de Salta con su madre y sus hermanos, huyendo
de una historia familiar de violencia. Estuvieron en situación de calle hasta
que su mamá, Ivonne, consiguió un trabajo y una casa. La madre pidió ayuda a un
juez para tratar a Juan Pablo por sus adicciones. Los meses que pasó en el instituto
fueron un cúmulo de violencia. Cuando salió, ella le pidió disculpas por haber
autorizado su internación.
Las historias del policía y
del chico asesinado se atraviesan como se cruzan en cada uno de los barrios los
jóvenes pobres con las fuerzas policiales. Y seguirán cruzándose, por eso los
mensajes que el poder político envía son fundamentales – apuntó el titular de
Human Rights Watch, José Vivanco, desde su cuenta de Twitter – para evitar que
el accionar de Chocobar sea la regla y que las fuerzas de seguridad sientan que
tienen carta blanca para cometer abusos en la persecución de delitos.
Un día después de ser
procesado, Chocobar abrió una cuenta en la red social Twitter para protestar
contra el juez Velázquez. Escribió su primer tuit, el 31 de enero. Al día
siguiente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo escoltó
a la Casa Rosada para encontrarse con el presidente. «Estoy orgulloso de que
haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que
hacer, que es defendernos de un delincuente», lo felicitó el mandatario y, es
más, le pidió que se quedara tranquilo porque lo iban a ayudar a resolver el
tema. El policía no fue separado de su cargo – como las reglas de actuación
indicarían para estos casos --, y el Ministerio de Seguridad le proveyó dos
abogados para representarlo.
La madre de Juan Pablo
salió corriendo para la Casa de Gobierno cuando se enteró que Chocobar iba a
ser recibido con Macri. No tuvo la misma suerte. Un policía le sugirió que
pidiera audiencia a través de una carta. El viernes último, en una conferencia
de prensa que brindó acompañada de vecinos de La Boca y de organismos de
derechos humanos, informó que recibió una invitación del secretario de Derechos
Humanos de la Nación, Claudio Avruj, para el 21 de febrero, pero informó que
iba a rechazarla.
Una nueva doctrina
La ministra de Seguridad
anunció la semana pasada que, a raíz del caso Chocobar, el gobierno iba a
impulsar una nueva doctrina para la actuación policial, que involucraría una
nueva modalidad de rendición de cuentas hacia el interior de la institución y
ante la justicia.
Entre otros elementos, la
doctrina incluye un apoyo explícito del gobierno a las fuerzas de seguridad y
una inversión de la carga de la prueba. La ministra de Seguridad sostuvo que es
inviable investigar cada acción de un policía en un enfrentamiento, a menos que
haya una excepcionalidad. A priori, se presume que el policía hace lo que tiene
que hacer.
Según Bullrich, una mayor
rendición de cuentas de los agentes de fuerzas de seguridad derivó en una
parálisis de sus accionar, que es lo que ella se propone combatir. «El policía
sabía que si llegaba y tenía un enfrentamiento y se encontraba con el
delincuente terminaba preso», dijo durante un viaje en Estados Unidos, donde
acordó que la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, desembarcará en
Misiones para combatir el narcotráfico y que el FBI capacitará a agentes de la
Policía Federal. Las cámaras mostraron que en el caso Chocobar no hubo
enfrentamiento. Hubo una corrida y balas que ingresaron por la zona lumbar y
por el muslo izquierdo. Juan Pablo estaba de espaldas y huyendo.
Como remarcó en un
comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), existe al interior
de las fuerzas un discurso tendiente a mostrarse como el chivo expiatorio. El
problema es cuando la autoridad política se hace eco de ese discurso y lo lleva
a la práctica, lo que redunda en una renuncia a controlar a las fuerzas en
casos de violencia institucional y en su defensa en otros ámbitos, como es el
judicial.
El último eje de la nueva
«doctrina Bullrich» incorpora la idea de que el policía tiene que saber que el
«trabajo no va a ser su tumba». Según las estadísticas del CELS, más el 74 por
ciento de los policías muertos entre 1996 y 2017 en el área metropolitana – que
totalizan 1098 efectivos – estaba fuera de servicio.
Para la Coordinadora contra
la Represión Policial e Institucional (Correpi) – una organización nacida en
los años ’90 --, la doctrina de Bullrich puede resumirse en dos ejes: el
policía tiene orden de matar y el gobierno asume su defensa. Para la
coordinadora, el nuevo paradigma se condice con la escalada en el número de
personas muertas por las fuerzas estatales registrado desde que Macri asumió la
presidencia. «Entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, tenemos registrados 26
casos. Si los sumamos a los 441 de 2016 y 258 de 2017, tenemos que, en los 722
días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 725
personas», dice en su informe.
Un mensaje para la
justicia
Al despedir a Chocobar en
la Casa Rosa, Macri tuiteó una foto con el uniformado y escribió: «Confiamos en
que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo reconociendo su
valentía». El mensaje del presidente estaba directamente orientado a la Sala IV
de la Cámara del Crimen, que debe resolver si confirma el procesamiento dictado
por Velázquez o lo revoca con un sobreseimiento o con una falta de mérito. La
tercera opción sería una opción casi salomónica, que daría un espaldarazo a
Chocobar y al gobierno, y permitiría al juez que siga reuniendo pruebas o que,
al menos, deje la causa abierta para cuando soplen vientos más afines. En la
audiencia del último viernes, el fiscal ante la Cámara, Ricardo Saénz, defendió
sin más a Chocobar. Sáenz es un funcionario judicial de reconocida afinidad con
el gobierno de Cambiemos y que tuvo especial impacto público al ser el primer
jurista en afirmar en un expediente que el fiscal Alberto Nisman había sido
asesinado después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de
Kirchner por presuntamente encubrir el atentado a la AMIA.
El de Macri no fue la única
señal orientada a los jueces que se emitió a partir del caso Chocobar.
Bullrich, también, anunció que esta nueva impronta en lo que respecta a la
legítima defensa tendrá que ser recogida por la comisión que trabaja para la
reforma del Código Penal y que es liderada por Mariano Borinsky, juez del
máximo tribunal penal del país.
A esto debe sumarse la
política agresiva que viene desarrollando el Ministerio de Seguridad en los
tribunales y que tiene a la causa por la muerte de Santiago Maldonado –
ocurrida en el marco de un desalojo violento e ilegal de la Gendarmería en
Chubut – como su globo de ensayo. La cartera que lidera Bullrich denunció a la
comunidad Pu Lof Cushamen y a los organismos de derechos humanos que
denunciaron la desaparición del joven por asociación ilícita.
Bullrich, a quien se señala
como una de las ministras favoritas de Macri, está dispuesta a demostrar que el
cambio de época no es una cuestión retórica: que la defensa de las fuerzas y el
ataque a quien las denuncia se dirime en la justicia, un terreno que – hasta
ahora – ha estado inclinado en favor del gobierno.
* Periodista y politóloga. Cubre temas vinculados
con justicia y derechos humanos. Ha escrito en los periódicos Página/12, Buenos
Aires Herald, Miradas al Sur, Ámbito Financiero y La Vanguardia Digital.
