El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó (14.02.2017) al
presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por
presuntos delitos cometidos en el marco del acuerdo que el Gobierno cerró con
la empresa Correo Argentino S.A., controlada por la familia presidencial,
durante el concurso preventivo de la firma. Es el cuarto proceso penal que abre
la Justicia contra el jefe de Estado en 14 meses de gestión Cambiemos: la
anteriores, por su participación en sociedades offshore radicadas en paraísos
fiscales, revelada por la investigación internacional denominada Panamá Papers;
por el decreto que abrió el blanqueo de capitales a los familiares de
funcionarios y por la firma de un memorándum con Qatar.
La decisión del fiscal se conoce horas después de que el
Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Marcos Peña, ensayara una maniobra
tendiente a despegar al Presidente: en la mañana del martes (14.02.2017), en
una conferencia de prensa que brindó tras la reunión de Gabinete celebrada en
la quinta de Olivos, el funcionario aseguró que Macri, que no se ha pronunciado
sobre el asunto, no había sido consultado sobre los términos del acuerdo que,
según la fiscal Gabriela Boquin, le perdona a la empresa de grupo SOCMA $70.000
millones.
Zoni impulsó así, ante el juez federal Ariel Lijo, la acción
penal a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py 2002: una
impulsada por un abogado particular y otra promovida por la agrupación Nuevo
Encuentro, del kirchnerista Martín Sabatella.
Hay otras tres denuncias: dos de otro abogado y del kirchnerismo
que recayeron en el juez Rodolfo Canicoba Corral y otra que hizo la Procuración
de Investigaciones Administrativas (PIA), ante el juez Marcelo Martínez De
Giorgi.
Además de Macri y el ministro, también fue imputado el director
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, cuya
legitimidad para actuar en el caso fue cuestionado por la fiscal Boquín.
En su dictamen, Zoni señaló que ese funcionario "desarrolla
sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el
presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario
de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo
suscrito por aquel".
Además, entendió que debía abrirse una investigación criminal
"tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas
estrechamente vinculadas al proceso concursal" del Correo, que ya lleva 15
años de trámite y en la que "se observa un perjuicio patrimonial
multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores
minoritarios".
Zoni pidió esclarecer qué responsabilidad penal les cabe a
funcionarios públicos y particulares que intervinieron en forma directa o
indirecta a lo largo de todo el proceso judicial, en el que "el interés
público no habría sido protegido de la forma adecuada".
LOS NÚMEROS DEL ESCÁNDALO.
La fiscal Boquín acusó al Gobierno de armar una ingeniería
“abusiva” a la medida de la familia presidencial: a partir de un informe de la
oficina especializada del Ministerio Público, aseguró que el acuerdo supone
“una quita –a la deuda que mantiene el Correo con el Estado nacional- de más de
4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033”,
cuando los deudores terminarían de cancelar las 15 cuotas que se ofrecen a
pagar a partir de 2018.
Además, reveló que, mientras negociaba para que le perdonaran
70.000 millones de deuda y ofrecía pagar el resto financiado al 7%, la familia
Macri demandó al Estado nacional por “daños y perjuicios” causados por “la
falta de pago de inversiones realizadas por la concursada”. Y le reclamó un
interés del 11%. Por eso, la fiscal entiende que la propuesta homologada por el
Gobierno es “más abusiva aun”.
OFF SIDE
La imputación a Macri deja a priori en posición adelantada a la
gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien 36 horas antes de conocida
esta noticia dijo que pone "las manos en el fuego" por el jefe de
Estado.
“Pongo las manos en el fuego. Mauricio tenía mucho más para
perder que para ganar en política. Confío en él. Totalmente”, defendió Vidal en
el programa “Debo decir” (América TV) y agregó: “Esto lo va a decidir un juez
porque es una quiebra. Si es la mejor o peor negociación, se verá. Una fiscal
opinó y un juez va a decidir. Todo parece encaminado”.
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