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BUENOS AIRES – Argentina está tan acostumbrada a celebrar la
inmigración como un pilar de la sociedad que un dicho del siglo XIX, “Gobernar
es poblar”, sigue en uso hoy en día.
Sin embargo, en un cambio brusco que coincide con las
restricciones migratorias establecidas por el gobierno estadounidense de Trump,
el presidente Mauricio Macri emitió un decreto que frena la inmigración a Argentina y
hasta declaró que los recién llegados de países más pobres de América Latina
traen consigo el crimen.
Las medidas anunciadas por Macri a finales de enero han
vuelto mucho más fácil deportar a los inmigrantes y restringir su entrada, lo
que ha despertado comparaciones con Trump y ha dado pie a un debate feroz sobre la
inmigración.
“Un decreto como este asusta a la gente”, dijo Arfang
Diedhiou, de 33 años, un inmigrante senegalés que dirige su propia tienda de
ropa en Buenos Aires. “Salió justo después de lo que hizo Trump, una
coincidencia que me parece muy extraña”.
El presidente argentino, hijo de un inmigrante, ha hecho eco
de alguna manera del tema “Estados Unidos primero” de Trump, dejando en claro
que su “primera preocupación” debe ser “cuidar a los argentinos, cuidarnos a
nosotros”.
“No podemos permitir que, por falta de acción, el crimen
siga eligiendo a la Argentina para delinquir”, dijo Macri durante una
conferencia de prensa.
Su decreto también ha renovado las críticas sobre sus lazos
con el presidente estadounidense, a quien llama su amigo. En la década de los
ochenta, Macri trabajó con su padre, un inmigrante italiano y magnate
industrial, en un proyecto de bienes raíces en Nueva York que la familia
terminó vendiendo a Trump.
El decreto de Macri ha recibido ataques de algunos líderes
de Latinoamérica, pero las encuestas en Argentina indican que cuenta con apoyo
público.
Aunque las medidas migratorias de Macri no tienen un alcance
tan amplio como la decisión de Trump de detener la entrada de refugiados de
todo el mundo y congelar las visas de siete países predominantemente
musulmanes, están provocando tensiones diplomáticas en la región. Algunos
líderes de América Latina están atacando lo que consideran un intento de imitar
las políticas migratorias de Trump y alimentar un sentimiento xenofóbico.
“Hermanos presidentes latinoamericanos, seamos patria
grande: no sigamos políticas migratorias del norte”, escribió
en Twitter el presidente de Bolivia, Evo Morales.
Sin embargo, las encuestas de opinión en Argentina muestran
que hay un amplio apoyo a la limitación de la inmigración y
algunos argentinos incluso dicen que el nuevo decreto se queda corto. Un
miembro de derecha del congreso incluso está pidiendo que se construya un muro
en la frontera con Bolivia.
Claudio Suárez, de 65 años, un trabajador de una pastelería
en Buenos Aires, dice que los frenos a la inmigración son “fantásticos”.
“Nadie quiere que llegue la escoria de otros países”, dice.
“Muchos extranjeros llegan aquí porque los servicios de salud y la educación
son gratis. La ley debería ser aún más estricta”.
“Nadie quiere que llegue la escoria de otros países… La ley
debería ser aún más estricta”.
CLAUDIO SUÁREZ, TRABAJADOR DE UNA PASTELERÍA
La historia de Argentina se ha escrito a partir de olas de
inmigración a lo largo de las décadas. Después de que las guerras de conquista
del siglo XIX acabaron con muchos pueblos nativos, las autoridades alentaron a
millones de inmigrantes, sobre todo a los provenientes de Europa, a llegar para
que ayudaran a poblar y desarrollar el país.
Varios gobiernos dieron la bienvenida a personas recién
llegadas de América Latina, Asia y África, abriendo el camino hacia la
ciudadanía para cientos de miles de inmigrantes y asegurando su acceso a
escuelas públicas y servicios de salud.
Los funcionarios del gobierno de Macri, que asumió el cargo en 2015 jurando aminorar la
polarización y revirtiendo las políticas económicas de su predecesora, Cristina
Fernández de Kirchner, argumentan que se sigue manteniendo la apertura hacia
los inmigrantes.
Horacio García, la máxima autoridad argentina en materia de
migración, defendió la medida y dijo que Argentina seguirá siendo “un país
hospitalario y abierto”.
El nuevo decreto de inmigración dice estar enfocado en
combatir el crimen, argumentando que el 22 por ciento de los internos en el
sistema penitenciario federal son extranjeros (si se toman en cuenta todas las
prisiones del país, la cifra ronda el 6 por ciento).
El decreto menciona específicamente al “crimen organizado”
como el motivo de las medidas enérgicas, pero extiende los delitos que
justifican la expulsión o bloquean la entrada de manera que incluyan cualquier
crimen que pudiera llevar a una sentencia de cárcel. A muchos les preocupa que
los inmigrantes puedan ser deportados ahora por delitos menores, como bloquear
una vía de tránsito durante una manifestación.
Los inmigrantes que busquen oponerse a una orden de
deportación tendrán menos de una semana para presentar una apelación. Las
medidas anteriores otorgaban 30 días para preparar una defensa y el derecho a
contar con un abogado por parte del gobierno.
“Los inmigrantes penden de un hilo porque cualquier cosa
podría ser la causa de la deportación”, dijo Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para los
Refugiados y Migrantes, un grupo que defiende los derechos de los
inmigrantes.
No obstante, García, el funcionario de inmigración, dijo que
las deportaciones solo se enfocarán en crímenes graves y argumentó que la
medida era necesaria porque Argentina había quedado indefensa antes los
criminales de otros países.
De cara a las críticas, los funcionarios del gobierno de
Macri han tenido que aclarar que descartan la construcción de un muro al estilo
del de Trump en la frontera con Bolivia.
“Nosotros no tenemos un problema con la inmigración, tenemos
un problema con el narcotráfico y con el contrabando”, dijo la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, después de que las autoridades bolivianas
preguntaron por qué estaba señalando públicamente a los inmigrantes bolivianos,
paraguayos y peruanos como objeto de escrutinio.
“Tenemos nuestros propios indicios de xenofobia y ahora,
bajo el brillo de Donald Trump, quieren diluir el hecho de que un gran
porcentaje de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes”.
RAÚL KOLLMAN, LOCUTOR DE RADIO E HIJO DE UNA MIGRANTE ILEGAL
A pesar de la conexión de mucho tiempo de Macri con el
presidente de Estados Unidos, la victoria de Trump puso al gobierno de
Argentina en una posición incómoda. Después de todo, Macri no dejó en secreto
que estaba a favor de Hillary Clinton y mencionó que Trump se enfocaba en construir
muros.
Sin embargo, luego Macri pareció estar atando lazos con
Trump, pues fue el primero de los líderes latinoamericanos en hablar con el
presidente electo de Estados Unidos después de las elecciones. La llamada
pronto despertó controversia. Un importante periodista argentino declaró que
Trump había aprovechado la oportunidad para pedir la ayuda de Macri con el fin
de conseguir la aprobación regulatoria para un proyecto de bienes raíces en
Buenos Aires. Los voceros de ambos mandatarios negaron que hubiera sido así.
Las autoridades argentinas confirmaron más tarde que la
empresa de Trump no contaba con los permisos necesarios para comenzar la
construcción. Al final, los planes de una torre de Trump en Buenos Aires se
cancelaron debido a la presión que enfrentó el presidente electo con respecto a
posibles conflictos de intereses relacionados con tratos internacionales
pendientes.
Los críticos afirman que las nuevas restricciones se enfocan
en los inmigrantes pobres para distraer la atención de la economía, que permanece bastante inactiva más de un año después de
que Macri subió al poder prometiendo que las políticas que favorecen al mercado
conducirían al crecimiento.
El escrutinio a los inmigrantes en tiempos difíciles no es
algo nuevo en Argentina, donde las autoridades alaban la historia del país de
recibir a migrantes europeos mientras que presentan la inmigración de países
vecinos como menos deseable, dijo el sociólogo Guillermo Kantor.
A finales de la década de los noventa, el gobierno del
presidente Carlos Menen también tomó medidas drásticas hacia los inmigrantes,
asociándolos con el crimen callejero. En 2014, Fernández de Kirchner, la
expresidenta, amenazó con expulsar a los extranjeros que cometieran delitos
tras una revisión del código penal emitida incluso después de que el gobierno
había legalizado el estatus irregular de muchos inmigrantes.
Otras partes de América Latina también están enfrentando
brotes de sentimientos en contra de los inmigrantes. Con su país sufriendo una
crisis económica, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ordenó que se
tuviera mano dura con los inmigrantes colombianos en 2015, con lo que muchos
huyeron. Una ola de inmigrantes haitianos a Chile está alimentando el debate en
ese país sobre el racismo y la discriminación.
En las calles de Buenos Aires, los inmigrantes tuvieron
distintas reacciones hacia el decreto de Macri. Jesús Oriona, de 45 años, un
boliviano que se mudó a Argentina cuando era adolescente, dijo que el gobierno
simplemente estaba “echándole la culpa a los inmigrantes”.
Sin embargo, María Alejandra Alvarez, de 39 años, una
enfermera de Venezuela que llegó a Argentina hace un año y trabaja en una
tienda de alimentos para la salud, dijo que este país era “libre y abierto”
antes del decreto.
“Macri no está diciendo que la gente no pueda migrar, y las
personas calificadas como yo aún podrán venir aquí”, dijo.
Otros más aquí argumentan que el cambio es estratégico y
que, con la mira en las elecciones legislativas que se celebrarán este año, el
presidente argentino busca conseguir puntos políticos a corto plazo al culpar a
los extranjeros de males en la sociedad argentina.
“Por supuesto, tenemos nuestros propios indicios de
xenofobia, y ahora, bajo el brillo de Donald Trump, quieren diluir el hecho de
que un gran porcentaje de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes”, dijo
Raúl Kollman, de 68 años, un locutor de radio cuya madre emigró de manera
ilegal hacia Argentina huyendo de los nazis.
Frederick Bernas colaboró con este reportaje.
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