Disciplinamiento

En una semana vertiginosa, CFK mostró algunos criterios de su segundo mandato. Sofocó la corrida contra el peso, exigió a las grandes empresas que dejaran de llevarse del país sus extraordinarias utilidades y el dinero que el Estado les presta a tasa negativa y reivindicó la transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables, que sostienen la demanda agregada y no compran dólares. Ni la euforia de Mendiguren ni la depresión de Moyano parecen justificadas.



Si hay un hombre eufórico en estas horas es José De Mendiguren. Desde que CFK comunicó en la Conferencia Industrial que la participación obrera en las ganancias no debía discutirse en el Congreso sino en las mesas paritarias, no se le borra la sonrisa. Cree que sus diálogos con Cristina influyeron en esa y en otras definiciones relacionadas con la competitividad de la economía. “Siempre hablamos muy bien. Es muy lúcida. Sabe preguntar y escuchar”, dijo ante una consulta para esta nota. “Yo llegué a las trompadas (a la presidencia de la UIA), porque Techint, Clarín y Arcor tienen el poder pero no podían juntar los votos del interior. Y ahora desde aquí hago lo posible por seducirla”, explicó. Precisamente Clarín dijo el jueves que uno de los temores por el proyecto del abogado de la CGT, Héctor Recalde, era que un sindicato con acceso a la información pudiera “impugnar los balances de una empresa”, preocupación que no tiene una pyme como las que sustentan a Mendiguren. En cambio, allegados al presidente de la UIA le transmitieron a ese diario el entusiasmo por la influencia que atribuyen a Mendiguren sobre el discurso de Cristina. La lectura atenta de las palabras presidenciales sugiere que el buen humor de Mendiguren tiene más que ver con el amable trato personal que con las políticas expuestas.

El caso opuesto

Simétrico y opuesto es el caso del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, cuyo primer reflejo fue insistir con el proyecto de ley que la presidente impugnó. No es seguro que lo siga haciendo. Hasta el autor del proyecto cree que si los trabajadores esperaron 54 años desde que una reforma constitucional incluyó la participación obrera en las ganancias, pueden aguardar otro año para poner a prueba la voluntad patronal de acordar en las paritarias como planteó Cristina. La presidente cuestionó los diversos proyectos que aguardan en el Congreso, además del que elaboró Recalde, porque entiende que sólo hablan de aquellas grandes empresas que obtienen enormes utilidades y “no es aplicable a todos los trabajadores”. Introdujo así una cuestión medular en el debate político y social. Ni la participación en las ganancias ni el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, por el que también se ha batido Moyano, contribuirían a reducir la heterogeneidad de las remuneraciones de los trabajadores. Más de un tercio aún tiene empleos informales y entre los privados formales el tercio de mayores ingresos recibe casi dos tercios de la masa salarial, en tanto el tercio que menos gana accede apenas al 9,8 por ciento. Estas son diferencias objetivas de criterio: mientras el gobierno inyecta recursos en la base de la pirámide porque sabe que se vuelca al consumo y sostiene la demanda agregada, Moyano aboga por mayores ingresos para la cúspide, cuyos ingresos, de acuerdo con los estudios oficiales, en buena medida alimentan la compra de dólares. Pero además, Moyano debería advertir que no está en condiciones de disputarle a Cristina la conducción del proceso político y social y, como también dijo ella ante la UIA, dejar de mandarle mensajes por los diarios. Moyano se siente excluido y dice que Cristina no lo atiende. Lo que no hace es llamarla.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que depende del Episcopado Católico, consultó al macroeconomista del Cedes, José María Fanelli, quien prevé una fuerte pelea oficial con la CGT, en la que el gobierno se recostaría en los hombres de negocios. La explicación que dio para ese pronóstico fue la fuga de 3000 millones de dólares mensuales, que, por una parte, no se debe a los trabajadores, y por otra ya se contuvo. Es posible que 2012 sea un año de fuertes reclamos salariales sobre todo en las empresas de la cúpula, debido a los rendimientos excepcionales que han obtenido y a sus costos laborales muy inferiores al incremento de la productividad, lo cual arroja un costo laboral unitario menor al de 2001, último año de la convertibilidad. Así se aprecia en el gráfico de Cifra, el Centro de Estudios de la CTA que dirige Eduardo Basualdo. Esto significa que los incrementos de productividad alimentaron las utilidades patronales, que a su vez explican la fuga. Un trabajo sobre “Política macroeconómica y políticas de ingreso”, que publicará el Ministerio de Trabajo, considera que la regulación por ley permitiría poner un tope a la distribución de ganancias, para impedir que se consolidaran las asimetrías. La diferencia podría ir a la Anses con fines redistributivos, sostienen sus autores, Martín Abeles, Federico Pastrana y Fernando Toledo (el proyecto de Recalde también contempla que una parte de lo participado vaya para los trabajadores informales). La participación en las ganancias sería un suavizador del conflicto social y contribuiría a una política de ingresos que disminuyera en forma gradual la inflación, ya que si lo pactado en paritarias se revelara insuficiente en relación con el costo de vida, esto se comprobaría en el momento de conocerse los resultados y el error podría corregirse con la participación, dicen Abeles, Pastrana y Toledo.

Los últimos serán los primeros

En cada una de sus presentaciones recientes CFK emitió sentencias críticas hacia los empresarios y los sindicalistas más poderosos y fundamentó la conveniencia de apoyar a los sectores más vulnerables:

Como “no tienen capacidad de ahorro no hacen contado con liqui (el método de fuga de capitales, comprando bonos en pesos y vendiéndolos en dólares en Nueva York). No son los jubilados de la mínima los que remesan o atesoran billetes o utilidades en portafolio o cambian de portafolio”.

Recordó su oposición como legisladora a las leyes de precarización del empleo de Menem y De la Rúa. “No estamos de acuerdo en que el problema sea flexibilizar y explotar a los trabajadores para mejorar las condiciones de la Argentina”.

La competitividad de la economía argentina solamente es sustentable con inclusión social, aunque “algunos interpretan que se logra porque el Estado me baja los impuestos, me da exenciones fiscales, me paga subsidios o porque les pago poca plata a los trabajadores”.

“Estas cosas se arreglan o se desarreglan desde el Estado. Tuvo que venir un gobierno a restituir la negociación colectiva, a fijar todos los años el salario mínimo vital y móvil, que es el mejor de toda Latinoamérica; a mejorar la situación de los jubilados e incorporar a millones de personas que por efecto de privatizaciones, de falta de trabajo, por desidia de sus patrones que no habían aportado, no podían llegar a esos beneficios. Sin ser dirigente sindical pero sí siendo trabajadora toda mi vida, porque he trabajado desde los 18 años, tengo pergaminos suficientes para acreditar que siempre he defendido los intereses de los trabajadores y que no soy neutral en el conflicto, que siempre voy a estar del lado del sector más vulnerable. [Tengo] responsabilidad frente a millones de argentinos que todavía tienen trabajo en negro o que todavía no han conseguido un trabajo y el Estado tiene que pagarles la Asignación Universal por Hijo”.

En Ford, donde se concretará su anhelado proyecto de que vuelvan a producirse motores, con creciente integración de partes nacionales para equilibrar la balanza comercial sectorial, contó su obsesión por evitar los telegramas de despido en los peores momentos de la crisis de 2008 y 2009, articulando entre el sindicato, la empresa y el Estado. “Ustedes no saben la suerte que es tener un trabajo registrado, en blanco, con sindicato que te defiende, con obra social que te cubre, con salario que sabes que lo cobras todos los meses y que además te están capacitando y calificándote cada vez para alcanzar un mejor nivel. Es algo que todavía no hemos llegado a todos los argentinos”. Al describir el círculo virtuoso del mercado interno dijo que tal vez el almacenero pudo cambiar el auto porque con las nuevas jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo vendió más, a personas que antes no tenían cómo pagar sus alimentos.

“Una de las claves es que los sectores más vulnerables de la economía tengan acceso a los servicios básicos porque al no tener una gran capacidad de ahorro, porque todo lo que ganan lo consumen íntegramente son –aunque parezca mentira– los que mantienen la fuerza de la actividad de la economía”.

Al referirse a la situación de Aerolíneas Argentinas, reveló que el sueldo medio de los técnicos supera los 15 mil pesos mensuales y el de los pilotos ronda los 40 mil. Y en una nueva referencia a Moyano dijo que en un vuelo de una línea aérea estadounidense el piloto anunció que no había comida debido a un bloqueo al catering por una disputa de encuadramiento sindical. “Defiendan lo que es de ustedes porque el día que esto se acabe a los primeros que se llevan puestos es a los trabajadores argentinos.” En un discurso de alto tono emotivo dijo que “esta presidenta no es eterna, ni lo quiere ser. No sea cosa que en algún momento en lugar de Doña Rosa venga alguna Doña Elena y piense que entonces el Estado es muy mal gestionador y la historia termine como empezó”. Explicó que se sentía obligada sobre todo con “aquellos argentinos que nunca vieron un avión de cerca, y sin embargo pagan sus impuestos” con los que el Estado pudo invertir para recuperar la línea de bandera.

Los datos de la economía permiten verificar la congruencia de esas palabras. Un trabajo de Cifra constata que los salarios reales del conjunto de la población ocupada, que creció por el aumento de la tasa de empleo, aumentaron en forma significativa. Entre los segundos trimestres de 2010 y 2011 el ingreso real de los ocupados se elevó un 5,2 por ciento y superó en 4,1 por ciento los valores prevalecientes a fines del régimen de convertibilidad. Esto permitió que la pobreza se redujera en 2,6 puntos porcentuales y la indigencia en 0,6. Cifra concluye que durante el mandato presidencial de Cristina la pobreza se redujo en 5,2 puntos porcentuales y la indigencia en 2,6. Debe aclararse que Cifra no utiliza los datos de costo de vida del Indec sino los de siete institutos provinciales que no fueron vandalizados. En el mismo sentido apunta un nuevo trabajo de los tributaristas Jorge Gaggero y Darío Rossignolo (Impacto del presupuesto sobre la equidad, Cefidar, 2011) según quienes la combinación de gasto social y los impuestos obró un fuerte efecto redistributivo. Influye en este resultado “la mayor participación de los tributos directos y progresivos (ganancias, derechos de exportación, y otros) en relación a los tributos sobre los consumos”. Entre 1997/98 y 2010, la equidad medida por el índice de Gini antes del pago de impuestos (prefiscal, en la jerga) mejoró el 12 por ciento y después de impuestos (Gini postfiscal) el 15 por ciento. Es un cambio muy significativo en apenas una docena de años.

Hablemos de utilidades

CFK también dijo que las utilidades de las empresas argentinas “están todas por encima de los estándares internacionales”. Al menos es así entre aquellas que forman parte de la cúpula. A lo largo de las décadas recibieron subsidios por promoción industrial y reembolsos por exportaciones; contrataron la provisión de bienes y servicios al Estado a precios exorbitantes; se endeudaron en el exterior a tasas bajas y re prestaron ese dinero en el país a tasas altas y luego endosaron esa deuda externa al Estado; pagaron monedas por las mejores empresas públicas en el desguace del Estado y las vendieron a precio de oro cuando olfatearon que la convertibilidad no duraría para siempre; con lo que recibieron en pago, compraron campos y empresas agroindustriales y antes del corralito se llevaron el resto fuera del país, a presionar por la devaluación que les concedió el senador Eduardo Duhalde y su ministro de pesificación asimétrica, que entonces tenía más pelo que ahora. Según los datos de Cifra, las 200 empresas de mayor facturación (sin agro ni finanzas) mantuvieron una tasa de utilidad sobre ventas muy elevada, incluso en la crisis mundial de 2009. En los años de la convertibilidad, 1991-2001, esa tasa de rentabilidad para la cúpula empresarial promedió el 3,1 por ciento y saltó al 8,5 por ciento entre 2003 y 2010. La presidente dijo que no le molestaba que tuvieran ganancias “en tanto y en cuanto esa utilidad por encima de estándares internacionales” no se fugue a Europa o Estados Unidos, “porque el dinero que no está acá se va para allá”. En la Conferencia de la UIA, Cristina fue más específica, al mencionar el caso de “algunas empresas grandes” que “habían comprado igual cantidad de dólares o más de la que nosotros les habíamos prestado en pesos a tasa negativa”. Entre quienes escuchaban con el rabo entre las patas estaba el vicepresidente de la UIA y director de Ledesma, Federico Nicholson, a quien Mendiguren impulsa como ministro de Industria. El presidente de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, varios de sus hijos amantes de los yates de lujo y el propio Nicholson compraron once millones de dólares durante la corrida cambiaria que el gobierno sofocó la semana pasada. Habían recibido un crédito del Bicentenario por nueve millones de dólares, como parte de la inversión en un criadero de chanchos del viejo Blaquier, por un total de 140 millones de pesos. El gobierno no se quedó en palabras: Nicholson y Blaquier fueron confrontados con la documentación probatoria del uso dado al crédito, cosa que al principio negaron, y debieron comprometerse a reingresar ese dinero e invertirlo en el país. El año pasado, Nicholson presidió la misma conferencia y fue uno de los críticos más severos de “la excesiva intervención estatal”. Este año guardó prudente silencio. Cristina también mencionó el caso de otra “gran empresa” que en 2010 obtuvo utilidades superiores en un 31 por ciento a las de 2008 (cuando contó con apoyo estatal para mantener la ocupación), pero invirtió “un 35 por ciento menos que en el 2008”. Se refería a Siderar, de la transnacional italiana Techint, cuyo principal accionista, Paolo Rocca, también estaba en la sala. Rocca también asumió compromisos de inversión, que aún no son públicos y cuyo cumplimiento el gobierno verificará. En la historia de las relaciones con el Estado siempre los reclamos y las exigencias provenían de las grandes empresas. Ahora también se recorre el camino inverso. Por primera vez, los interlocutores gubernamentales del holding milanés con sede corporativa en Luxemburgo no están en la lista de las “prestaciones de sede” de Techint, como llama su financiera cautiva, Santa María, a los pagos inconfesables a funcionarios. O dicho con las palabras con que CFK comparó en la UIA la situación argentina con la de Europa: “Hay que respetar a los mercados, pero los que gobiernan son los elegidos por el voto popular. Esto lo tengo muy claro”.

Por Horacio Verbitsky