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A
través de dos resoluciones en las que aprueba la mayor concentración de la
historia de las comunicaciones argentinas (fusión Cablevisión-Telecom) y
establece el perímetro de la convergencia, así como los permisos y
restricciones para la oferta de servicios de los principales conglomerados, el
gobierno de Mauricio Macri modificó las reglas de juego y la correlación de
fuerzas en las telecomunicaciones de la Argentina a partir de 2018.
El
resultado de la fusión entre Cablevisión y Telecom es un “poder significativo
de mercado”, según reconoce
el gobierno argentino que sujeta su aprobación al cumplimiento de
condiciones. Algunas de éstas fueron ya anunciadas, mientras que otras se
añadirán en los próximos 45 días, cuando complete su intervención la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dependiente de la Secretaría de
Comercio. Esta concentración concibe el mayor
grupo infocomunicacional de la Argentina, que tendrá posición dominante en
todos los segmentos donde actúa y, en varios de ellos, en numerosas
localidades, será monopólico, como por ejemplo en banda ancha fija en Rosario,
Córdoba y todo el corredor norte del Gran Buenos Aires, o en TV de paga en
Córdoba, Santa Fe o Salta.
En
los hechos, Telecom Argentina absorbió a Cablevisión y, por acuerdo de sus
socios, el Grupo Clarín (en rigor, Cablevisión Holding cuyo 60% del capital es
de los accionistas del Grupo Clarín y el restante 40% de Fintech, de David
Martínez) y Fintech el control societario lo ejerce Cablevisión, que además
tiene la dirección y gestión operativa. Antes de la fusión, Telecom Argentina
estaba valuada en 5 mil millones de dólares y Cablevisión en 6 mil 111.11
millones de dólares.
Cablevisión-Telecom
concentrará a nivel nacional 42 por ciento de la telefonía fija; 34 por ciento
de la telefonía móvil; 56 por ciento de las conexiones a Internet de banda
ancha fija; 35 por ciento de conectividad móvil, y 40 por ciento de TV de paga.
Los recursos que dominará exceden lo permitido por ley en el caso de espectro
radioeléctrico para telefonía móvil y son facilidades esenciales por tratarse
de redes troncales, sobre todo en las zonas centro y norte del país, donde
Telecom es el operador incumbente del servicio público de telefonía tras la
privatización de Entel en 1990.
El poder de la fusionada es más elevado en las
zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica. En al menos 130
localidades donde había dos compañías para competir en la oferta de prestaciones
del cuádruple play, ahora habrá una. La fusión producirá una
reducción de la competencia como efecto del movimiento concentrador del
mercado.Frente a esta situación, las condiciones dispuestas por el gobierno a
la fusión son la devolución de espectro en el plazo de dos años, dado que entre
Telecom y Cablevisión superan el límite de 140 MHz vigente para operadores
móviles; la regulación del precio minorista del servicio de banda ancha fija en
localidades donde la fusionada superará 80 por ciento de los abonos (en estos
casos el precio no podrá superar el menor valor que la empresa comercializa en
la Ciudad de Buenos Aires); y la compartición de infraestructura soporte y los
precios regulados para banda ancha fija en esas ciudades, en condiciones no
discriminatorias a otros prestadores. Según la Resolución 5644/17 del Ente
Nacional de las Comunicaciones (Enacom), estas condiciones tendrán dos años de
duración y podrían renovarse a discreción del regulador.
A
diferencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones mexicano, el Enacom
argentino es un órgano gubernamental creado por decreto en el que el presidente
Macri puede remover “sin expresión de causa” a todos sus directores (la mayoría
absoluta de los cuales, además, designó el primer mandatario al comenzar su
gestión).
Por otro lado, mediante la
Resolución 5641/17 del Enacom, el gobierno adelantó el plazo en el que
permite la prestación del servicio de TV por cable por parte de las compañías
telefónicas en casi todo el territorio y no sólo en las tres principales
ciudades del país - Buenos Aires, Córdoba y Rosario-, como lo había establecido
hace un año mediante el Decreto
1340/16. La excepción la constituyen las localidades con menos de 80 mil
habitantes y las de más de 80 mil habitantes con servicios únicamente operados
por cooperativas o Pymes. Hasta el 1 de enero de 2019 las telefónicas (incluida
Telecom) no podrán operar TV por cable en localidades donde el servicio sea
prestado exclusivamente por actores que no superan 10 por ciento de la cuota de
suscriptores a nivel nacional. La TV por cable tiene en la Argentina una
penetración superior al 50 por ciento de los hogares (lo que sumado a la DTH
satelital alcanza 75%) y es un vector clave para la convergencia.
Es
decir, que la letra chica de la convergencia decretada por Macri delimita su
validez a partir del próximo 1º de enero. A este condicionamiento regulatorio,
se le suma otro de orden fáctico, ya que los mercados convergentes están
protagonizados por actores muy desiguales en escala, acceso a recursos como el
espectro y desarrollo de infraestructuras, lo que les impide a muchos de ellos
aprovechar la potencialidad tecnológica de la convergencia de redes.
En
este escenario, la presión de Telefónica está dirigida a que se le permita
desarrollar servicios de DTH, donde en Argentina hay un solo operador
(DirecTV), dado que Telefónica ya cuenta con este servicio en países vecinos y
carece de una red física robusta para competir con la fusionada
Cablevisión-Telecom en TV de paga para organizar un paquete de cuádruple play.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo que la autorización a
Telefónica para comercializar TV satelital llegará en forma de decreto en los
próximos días. El gobierno considera que de este modo compensaría parte de los
beneficios con los que viene gratificando al Grupo Clarín.
En
rigor, el anticipo de la fecha para que las telefónicas puedan comercializar TV
por cable, que (fuera de Buenos Aires, Córdoba y Rosario) estaba previsto para
enero de 2019, se adecua a los tiempos de la megafusión entre Cablevisión y
Telecom. Si no se hubiese alterado ahora el momento de largada para que las
telefónicas brinden servicios de TV por cable, la fusionada hubiese tenido que
restringir considerablemente las operaciones de Cablevisión. Con la Resolución
5641/17 el gobierno le permite al Grupo Clarín (la fusionada Telecom) tramitar
la fusión sin exigencias de desinversión y manteniendo sus operaciones sin
sobresaltos. Lo único que no podrá hacer, ni la fusionada Telecom ni sus
eventuales competidoras como Telefónica o Claro (América Móvil), es integrar
servicios en un mismo paquete fuera de los grandes centros urbanos hasta 2019.
La
excesiva concentración del sector no sólo es cuestión de conectividad, como
pretende el gobierno, sino que comprende toda la cadena productiva en
comunicación, ya que el Grupo Clarín es el principal productor de información y
entretenimientos masivos, pues es el mayor editor de diarios, posee radios
líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y una de las cadenas de TV abierta
más importantes (El Trece), además de ser accionista mayoritario en Papel
Prensa y contar con varias señales de TV de paga y derechos de programación. A
eso le suma ahora la concreción de dominio de las redes de transporte,
distribución y comercialización al hogar de la información, las comunicaciones
y los datos en todo el país.
La
fusión sepulta varios ejes discursivos de la política oficial de comunicaciones
que, desde diciembre de 2015, prometía inyectar nueva competencia, emparejar
las reglas de la convergencia para que “todos pudieran hacer todo” y abrir la
telefonía móvil a un cuarto operador. Lejos de eso, la fusión elimina un
competidor en un sector estratégico que el propio gobierno admite en sus resoluciones
que está muy concentrado, las reglas siguen premiando a unos y postergando a
otros y, en varios eslabones de la economía de las comunicaciones, la promesa
de nuevos competidores se ve obturada por una severa contracción del mercado.
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