LA ECONOMÍA ARGENTINA

El aspecto sobresaliente de este período de crecimiento sin precedentes es que se logró al mismo tiempo una notable reducción del desempleo, la pobreza y la desigualdad.


Por Bernardo Lischinsky



Durante la década pasada, la economía argentina experimentó una trasformación estructural sin precedentes. Desde la crisis del 2001/02, Argentina registró ocho años consecutivos de crecimiento, situación que no ocurría desde el período 1963- 1974. Entre los años 2003 y 2010, el crecimiento económico anual promedio fue de casi un 8%, (en los 30 años anteriores la tasa de crecimiento fue en promedio no más del 1 % anual, superando en América Latina solo a Haití…), pero el aspecto sobresaliente de este período de crecimiento sin precedentes es que se logró al mismo tiempo una notable reducción del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Desde el punto de vista del gobierno, el crecimiento debe distribuirse entre toda la población a fin de construir una estructura socio-económica más madura y sostenible.



Argentina, subordinando la economía a la política, sigue un camino firme con altas tasas de crecimiento que son el resultado de las medidas que se han adoptado en el país desde el año 2003, se basan es un marco de políticas macroeconómicas sólidas, respaldadas por superávits gemelos, tanto externo como fiscal, un proceso de desendeudamiento sin precedentes, políticas monetarias y fiscales responsables, un régimen de tipo de cambio flotante y una importante acumulación de reservas internacionales. En tal sentido, se ha evitado el patrón histórico de retroceso y avance (stop and go) que caracterizó a la economía argentina desde el período de la posguerra. Los componentes esenciales de este modelo son la creación de empleos, la igualdad, la inclusión social y la distribución del ingreso. Durante los últimos ocho años, el ingreso promedio per capita creció un 60% en términos reales y el gasto público per capita creció diez veces en dicho período. Asimismo, se crearon 3.500.000 empleos, la tasa de desempleo se redujo del 18% al 7,2 %, y el salario promedio real aumentó un 37%. Las mejoras en el salario mínimo, vital y móvil, como ocurrió recientemente, favorecen la distribución del ingreso a nivel personal y a nivel funcional. Se privilegia la idea que establece que la igualdad es un elemento fundamental en la promoción y la sostenibilidad del crecimiento. La estabilidad social y política sirvió de base a la estabilidad económica y se privilegió la participación social a la represión del pueblo y sus necesidades. Nuestro país también ha sido particularmente exitoso en lo que respecta a la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad así como en la protección de sus productores ante los episodios recientes de volatilidad en los precios internacionales de las commodities. Las commodities agrícolas juegan un papel muy importante en la economía argentina, ya que nuestro país es un importante productor y exportador de estos productos.



Cuando en 2009 la Argentina fue golpeada por la crisis financiera internacional, se mostró resistente gracias a su marco sólido de políticas macroeconómicas. El país contaba con el espacio fiscal necesario y con la robustez financiera para implementar una política contracíclica que permitió cumplir con la demanda interna y el empleo y proteger, a su vez, a los sectores más vulnerables de la población. El crecimiento del PBI fue cercano al 1% en 2009, recuperándose rápidamente durante 2010 hasta alcanzar el 9,2%. En el primer trimestre del año 2011, el PBI aumentó en un 9,9% interanual.



El sistema financiero se mostró fuerte y salió ileso de la crisis financiera internacional. Luego de haber estado cerca del colapso en el período 2001/ 2002, el sistema financiero es actualmente solvente, cuenta con liquidez y se encuentra, bien regulado y capitalizado, siendo supervisado por el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, continúa aumentando el dinamismo en sus actividades de intermediación financiera con el sector privado, en un escenario donde la economía se está recuperando de los embates de la crisis financiera internacional más rápidamente que en otras regiones. Los niveles de solvencia y liquidez continúan elevados, en un contexto de bajo riesgo crediticio, reflejado en niveles reducidos de irregularidad del crédito respecto de otras economías emergentes y desarrolladas. Las perspectivas favorables para el crecimiento económico ayudan a fortalecer las condiciones de estabilidad financiera.



Desde el año 2003, la República Argentina ha aplicado una serie de medidas destinadas a estabilizar gradualmente la deuda pública, logrando una capacidad sustentable de pago. Durante los últimos ocho años, la proporción de la deuda pública respecto del PBI se redujo de un 166% a un 43% y, teniendo en cuenta la composición por monedas, los términos, las tasas de interés y las clases de acreedores, los resultados muestran que las políticas financieras han sido efectivas. Entre dichos resultados, es importante resaltar que más del 92% de los acreedores aceptó la propuesta de reestructuración de la deuda pública en el año 2005 y el canje de la deuda pública en el año 2010. Esto demuestra un compromiso claro del país con respecto al pago de sus deudas.



Asimismo, esta situación contrasta con el comportamiento de ciertos acreedores, conocidos como “fondos buitres”, que buscan un tratamiento privilegiado para sus créditos a través de acciones legales que encuadran dentro de lagunas jurídicas, aun cuando adquirieron deuda pública argentina a precios muy reducidos. Asimismo, debido a la inexistencia de un marco regulatorio internacional respecto de la reestructuración de deuda pública, Argentina continúa lidiando con ese número menor de acreedores litigiosos que impulsados por su codicia impiden la finalización completa del proceso de reestructuración de la deuda. Durante el mencionado proceso de desendeudamiento, Argentina también está enviando señales positivas a los mercados para evitar la excesiva confianza en las opiniones de las agencias de calificación crediticia. Es de público conocimiento que dichas agencias a menudo no reflejan correctamente la solvencia de los deudores, como pudo verse en el caso de los Bonos del Tesoro de EEUU a los que bajaron su calificación. Es necesario continuar repensando el papel que las agencias de calificación crediticia tienen a través de políticas concretas destinadas a reducir la dependencia y mejorar la supervisión de las mismas.



Argentina demuestra una clara intención de avanzar poco a poco y paso a paso en el restablecimiento de una relación normal con la comunidad financiera internacional y pese a las desavenencias, incluso con el FMI. En noviembre del año 2010, se firmó un acuerdo con el Fondo para producir un nuevo Índice de Precios al Consumidor a nivel país y dos misiones del FMI ya han visitado la Argentina para brindar asistencia técnica en tal sentido. En diciembre de 2010 se solicitó el Informe sobre la Observancia de Códigos y Normas (ROSC, por sus siglas en inglés) y una misión ya ha visitado el país y preparado informes al respecto. En abril de este año, se solicitó el Programa de Evaluación del Sector Financiero, que se implementará en el año 2012. A fines de mayo, Argentina cumplió con todos sus compromisos relativos a los programas con respecto de los Países con Bajo Nivel de Ingresos como Liberia y el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza. A principios de junio, el Congreso argentino sancionó una ley para combatir el lavado de dinero, de conformidad con la legislación internacional sobre esta materia. Existen un equipo y un programa cuya función es la implementación de dicha ley.



El país está encarando los desafíos de largo plazo con los niveles de inversión más altos de los últimos 50 años y al mismo tiempo ha doblado el porcentaje de los fondos destinados a la inversión en ciencia y educación en relación al PBI. La inversión creció un significativo 15% en 2010, lo que representa más del 23% del PBI, un desempeño que se explica tanto por inversiones públicas como privadas. En el año 2007, se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación para poner a la ciencia y a la tecnología al servicio del desarrollo económico y social. Las inversiones en las provincias se mantienen con el Fondo Federal Solidario, el cual se atiende con la recaudación del 30% de los derechos de exportación del complejo sojero y se asigna a obras de infraestructura que incluyen la construcción de escuelas, viviendas, plantas procesadoras de agua potable, redes cloacales y redes de agua potable.



A fin de ampliar el proceso de profundización financiera, el gobierno argentino ha apoyado con fuerza el otorgamiento de créditos al sector privado, en especial a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). La financiación para el sector privado creció un 42% en el año 2010, y obtuvo un record para la economía argentina al alcanzar un 22,7 % del PBI, lo que demuestra el potencial de profundización financiera en la economía. En el mismo sentido, el Gobierno ha lanzado una serie de programas para impulsar el crédito para la inversión y el consumo, con especial énfasis en incentivos y líneas de crédito para PYMES, además del capital circulante en general. Dichos programas incluyen el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, el Programa de Recuperación Productiva y el Plan “Manos a la Obra”. Se ha lanzado el Plan para el Desarrollo Industrial 2020 a fin de fomentar el desarrollo tecnológico en el sector industrial, junto con el Plan Estratégico Agroalimentario y Agro-Industrial (PEA), destinado a incrementar la producción de granos en un 50% para el año 2020.



Como uno de los componentes esenciales de la red de seguridad social de la República, el gobierno ha puesto en práctica el programa “Asignación Universal por Hijo”, cuyo monto asignado ha aumentado recientemente de manera considerable y cuya cobertura ha sido extendida en la actualidad para incluir a las mujeres embarazadas. Asimismo, se han reforzado otros programas sociales además de la seguridad social. El impacto de estas medidas en la educación significó la incorporación de cerca de 300.000 niños/as a la educación formal. Estas acciones constituyen pasos claves para impulsar una sociedad más inclusiva y para mejorar la equidad en la distribución como parte de las políticas destinadas a asegurar que los resultados del crecimiento sean compartidos por la sociedad en su conjunto. El programa beneficia a trabajadores informales, a desempleados y al personal de servicio doméstico con hijos menores de 18 años y provee cobertura a 3.500.000 niños/as vulnerables. El gobierno ha presupuestado el 1% del PBI a este programa.



De manera similar, el sistema de seguridad social ha incrementado su cobertura hasta llegar a 6.500.000 de beneficiarios. El gobierno, además, ha implementado de manera coherente una política de aumentos en las jubilaciones para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados y ha aumentado el gasto social para las pensiones no contributivas. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria ha mejorado la capacidad de subsistencia de más de 1.500.000 familias. El gasto en educación se ha incrementado hasta llegar al 6% del PBI, en línea con la Ley de Educación. El programa “Conectar Igualdad”, lanzado por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner con el fin de distribuir aproximadamente 3 millones de computadoras portátiles entre estudiantes de escuelas secundarias, se está implementado exitosamente y ya se han entregado más de 1.000.000. Finalmente, se ha aumentado el gasto en salud a fin de prevenir la gripe H1N1A, cuya prevención ha sido exitosa, teniendo en cuenta que ha terminado el invierno sin mayores consecuencias y otras enfermedades como la fiebre del dengue.



Debemos subrayar que el FMI decidió incluir una sección específica sobre el riesgo de sobrecalentamiento de la economía en su último informe sobre las Perspectivas Económicas a nivel mundial donde incluye a Argentina. Creemos que el problema del llamado “sobrecalentamiento” de la economía debe revisarse ya que algunas economías de países avanzados importantes se encuentran al borde de una segunda recesión. En cualquier caso, éste no constituye un riesgo al mismo nivel que el alto endeudamiento, el crecimiento esquivo y el alto índice de desempleo de esas naciones. Países como Argentina no deberían considerarse sobrecalentados, ya que tienen una utilización de su capacidad productiva de un 80%, un índice de desempleo del 7% y un alto índice de inversión. No se puede tratar de frenar el crecimiento justamente de aquellos países que están ayudando a sacar a la economía mundial de la recesión.



A lo largo de su historia, Argentina ha aprendido una lección de la manera más dura: la lección sobre el papel crucial que el Estado debe cumplir a fin de lograr un camino de desarrollo económico continuo, sustentable e inclusivo. En verdad, Argentina ha fortalecido su marco político, cuyos pilares fueron el desarrollo inclusivo con una amplia base social y productiva, una política fiscal equilibrada, un sistema bancario sólido, una reducción significativa de la deuda pública, la acumulación de reservas internacionales y, la promoción de la integración regional y la cooperación internacional. El crecimiento se ha mantenido y los indicadores sociales han mejorado considerablemente. Con respecto a la integración regional, Argentina ha apoyado la creación del Consejo Financiero y Económico de la UNASUR (Unión de las Naciones Sudamericanas) a fin de contar con un foro de coordinación económica. En la actualidad, el país se encuentra bien posicionado para enfrentar los desafíos del mundo de la post-crisis, debido a la transformación estructural que su economía ha experimentado desde el año 2003. El gobierno ha puesto nuevamente el país en marcha y ha recuperado su potencial para el desarrollo económico, humano y social. El año pasado, el país celebró el Bicentenario de su independencia. En el año 2012, Argentina celebrará otro aniversario, el Centenario de la instauración del voto (masculino) secreto, universal y obligatorio. Han pasado 100 años y Argentina ha alcanzado la madurez política y ha logrado los derechos y las responsabilidades que se necesitan para alcanzar un acuerdo amplio en la construcción de un marco económico, institucional y social legítimo. El fortalecimiento, la continuidad y profundización de estos resultados, que han sido plebiscitados el domingo 23 con la reelección de Cristina, serán el principal objetivo para el futuro.



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