El vicepresidente Amado Boudou afirmó que “es muy preocupante el atropello institucional que están realizando algunos sectores de la justicia", al referirse al amparo judicial que suspende la aplicación de la Ley del Peón Rural, y dijo que esta medida de un juez es “sólo para cuidar y preservar la inverosímil caja” de la Unión Argentina Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)
De este modo, Boudou opinó sobre la medida cautelar otorgada por el juez Alberto Ize a favor del gremio que conduce Gerónimo “Momo” Venegas, con el objeto de frenar la ley del Estatuto del Peón Rural, que fue aprobada con amplio consenso en las últimas sesiones extraordinarias del Congreso.
En ese sentido, Boudou, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo, aseveró que “no es toda la Justicia, en este caso se trata del juez Ize. Sí, el mismo mencionado en una estafa millonaria contra ANSES que mediante la `industria del juicio´ dictó un amparo inaudito, nulo e insólito“.
En declaraciones a Télam tras mantener una reunión con el jefe de Gabinete Juan Abal Medina, Boudou señaló “como antes en el caso de las reservas del Banco Central hace dos veranos, de la Ley de Medios Audiovisuales, de defender las altas tasas de interés que se cobraban a jubilados mediante el código de descuento; nuevamente aparece la justicia cautelar para defender intereses espurios“.
“Así como en los primeros casos protegió a quienes quería endeudar al país, a los intereses del grupo Clarín o a la usura sobre nuestros mayores. Hoy es sólo para cuidar y preservar la inverosímil caja de UATRE”, apuntó.
En esa misma línea de pensamiento, dijo que “en todos estos casos en pocas horas algún juez se expidió en forma express y sin vacilaciones. La justicia cautelar express llega rápido y para pocos“.
Boudou recalcó que con esta “modalidad de justicia cautelar“, algunos jueces “están pisoteando el rol que nuestra Constitución le asigna al Congreso de la Nación“.
El vicepresidente dijo que “es increíble que una y otra vez las leyes de la Nación sean ignoradas abusando de un mecanismo a favor de los más poderosos y de las corporaciones en contra del conjunto de los ciudadanos“.
“El Congreso tiene la representación del pueblo y las provincias, tiene la legitimidad democrática y jurídica para dictar leyes, que una y otra vez sectores de la justicia se empeñan en esquivar siempre y cuando se trate de sostener las necesidades de quienes estaban acostumbrados a hacer lo que querían: manejar gobiernos, funcionarios y espacios políticos a su antojo“, recalcó.
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