*Por MARÍA
VICTORIA MURILLO 25 de enero de 2017
El presidente argentino Mauricio Macri en una rueda de
prensa en la Casa Rosada en Buenos Aires CreditMarcos Brindicci/Reuters
NUEVA YORK — La elección de Mauricio Macri marcó un hito en
la historia de Argentina. Desde 1912 hasta ahora, todos los presidentes
democráticamente electos —en elecciones sin fraude— pertenecieron a los dos
partidos tradicionales: la Unión Cívica Radical y el Partido Peronista o
Justicialista. Macri rompió con esa tradición y además obtuvo la primera
victoria presidencial de un partido de centro-derecha (Propuesta Republicana).
Si termina su mandato en diciembre de 2019, se convertirá en el primer presidente
democrático no peronista desde 1928 en hacerlo (los anteriores sufrieron golpes
militares o renunciaron anticipadamente). En Argentina, el lugar común afirma
que solo los peronistas pueden gobernar el país. ¿Podrá Macri quebrar la
vinculación entre gobernabilidad democrática y peronismo?
Su gobierno está basado en un partido de centro-derecha
formado por antiguos empresarios y activistas de organizaciones civiles que
surgieron tras la crisis de 2001. Macri prometió “gestión” y reglas de
mercado. Y para cumplir llenó su gabinete de exgerentes.
Es muy pronto para adelantar resultados, pero no para hacer
un balance del primer año de gestión. Su estrategia de gobierno le ha
facilitado cumplir con su programa económico pero puede generarle dificultades
para su sostenibilidad política. ¿Qué desafíos le esperan?
A poco de asumir, Macri liberó el mercado cambiario y
eliminó impuestos, cupos y regulaciones al comercio exterior, además de los
controles de precios en la economía. Cumplía promesas electorales que buscaban
desmontar el intervencionismo económico de su antecesora, Cristina Fernández de
Kirchner. Recuperó también la autonomía técnica (y la credibilidad) del
Instituto Nacional de Estadísticas. Redefinió los lineamientos internacionales
de Argentina y fue recompensado con una visita del presidente Obama. Pese a
tener minorías en ambas cámaras legislativas, el presidente supo aprovechar (e
incluso alimentar) la división del peronismo para conseguir la aprobación de
leyes, como la que le permitió renegociar la deuda en default,
gracias a lo cual Argentina pudo retornar a los mercados financieros
internacionales. Finalmente, las denuncias de corrupción contra funcionarios
del gobierno anterior afianzaron el apoyo de sus propios votantes.
Macri ha podido mantener una popularidad alrededor del 50
por ciento, especialmente entre quienes fueron sus votantes, pese al impacto de
la devaluación de la moneda y al aumento de tarifas de servicios públicos, que
buscaba reducir el costo fiscal de los subsidios energéticos. El aumento de las
pensiones y de los planes sociales a los desempleados y la decisión de no
atacar el déficit fiscal de forma inmediata le permitió al poder ejecutivo usar
fondos públicos para conseguir apoyos políticos y mantener la aprobación de una
opinión pública caracterizada por su optimismo respecto al futuro desempeño
económico y el rechazo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien la popularidad de Macri ha resistido,
el optimismo ha empezado a erosionarse frente a una contracción de la
economía y una inflación que rondó el 40 por ciento en 2016. El gobierno
recurrió al financiamiento externo y a un blanqueo de capitales excepcional
para pagar el déficit fiscal de 2016 sin recurrir a mayores impuestos en un
contexto recesivo, pero la “lluvia de inversiones” que Macri esperaba para
reactivar la economía no ha terminado de llegar. Además, la lentitud en la
implementación de obras públicas (esperando controles que buscan evitar
denuncias de corrupción) contribuyó aún más a la retracción del consumo.
Las elecciones legislativas de octubre 2017 generan nuevos
desafíos. Los inversionistas esperan una confirmación del rumbo económico por
parte de la población. Los votantes quieren resultados que ratifiquen su
optimismo inicial antes de reafirmar su confianza en un gobierno que les ha
prometido crecimiento positivo y menor inflación para 2017. Macri tiene que
sumar legisladores en esta elección para poder aprobar leyes reduciendo su
dependencia en la negociación de concesiones a la oposición. Si bien logró
acuerdos legislativos en 2016 basados en el apoyo de gobernadores peronistas
que buscaban afianzar la economía para garantizar su propia gobernabilidad,
esta dinámica será más difícil en un año electoral donde los intereses del
gobierno y del peronismo divergen. El fracaso de su ley de reforma política,
por falta de apoyo peronista, es un ejemplo de lo que se avecina.
Frente a estos desafíos, el estilo de gestión de Macri puede
jugarle en contra. Su pasado como empresario y presidente de un club de fútbol
se refleja en una gestión apoyada en un equipo que responde a un gerente —un
pequeño núcleo de funcionarios muy cercanos a Macri— pero no necesariamente en
armonía con una coalición política que lo sostenga electoralmente. La falta de
estrategia política puede ser costosa, no solo en términos legislativos para la
segunda mitad del mandato, sino también para la continuidad de un proyecto
político de centro-derecha democrático que pueda mantenerse pese a los vaivenes
de la competencia electoral.
Para encarar esos desafíos, Macri debe afianzar una
estructura política en todo el territorio nacional, un equipo que sobreviva al
presidente del club de fútbol y a su popularidad coyuntural y, por ende, menos
sujeto a los vaivenes de la misma.
La oportunidad otorgada por el control del gobierno
nacional, la gobernación de la provincia de Buenos Aires (que alberga al 40 por
ciento de la población argentina), y la ciudad de Buenos Aires podría haber
sido utilizada mejor para ampliar la coalición de gobierno. Tanto el peronismo
como el radicalismo, los dos partidos tradicionales, usaron el acceso al Estado
para construir y expandir sus organizaciones. El partido de Macri, Propuesta
Republicana, hizo algo similar para gobernar la ciudad de Buenos Aires desde
2007. Sin embargo, Macri no parece estar construyendo una estructura nacional
que fortalezca la sostenibilidad política hasta el fin de su
mandato y más allá del mismo, estableciendo así una alternativa de
centro-derecha que demuestre que gobernabilidad democrática no es sinónimo de
peronismo en Argentina.
*María Victoria Murillo es profesora de Ciencia Política en
la Universidad de Columbia y autora de "Sindicatos, Coaliciones
Partidarias y Reformas de Mercado en América Latina".
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