El tema dominante en los hechos económicos durante esta semana es la cuestión de la soberanía nacional, analizada desde diferentes puntos de abordaje, y las distintas tensiones que está generando.
Uno de ellos es la media sanción de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma a la Ley de Convertibilidad.
Un Banco Central preocupado exclusivamente por la inflación, y su independencia absoluta respecto del resto de las políticas económicas, encarna una postura profundamente elitista, que pretende desvincular el accionar de la autoridad monetaria de los gobiernos elegidos democráticamente, y quitar de la órbita gubernamental uno de los resortes fundamentales de la gestión macroeconómica.
Su remplazo por un nuevo Banco Central –que recupera herramientas de orientación del crédito y la regulación de tasas de interés y demás costos y plazos, y que fija sus objetivos en el fomento de la política monetaria, pero también de la financiera, del empleo y del desarrollo económico con equidad social, en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional– indica una recuperación de soberanía del Estado Nacional sobre la política monetaria, financiera y crediticia.
En el mismo sentido de recuperar soberanía se inscribe la decisión de romper con la visión nefasta de que las reservas de divisas que el país posee deben dedicarse a cubrir íntegramente la base monetaria, que se logró con la modificación de la Ley de Convertibilidad, además de ampliar la utilización de reservas internacionales para cancelar deuda pública externa.
Entre las tensiones originadas por estas medidas, se incluye el lobby de la derecha neoliberal, que pronunció todo tipo de catástrofes sobre el signo monetario por culpa de estas reformas. Son aquellos que desean que el mercado decida la cantidad de dinero que debe circular y el endeudamiento de la Argentina.
En realidad, se están recuperando las misiones y herramientas históricas con las que contó la Nación antes del vendaval menemista neoliberal, que todavía arroja sus resultados sobre el presente.
Ese mismo vendaval que privatizó las empresas públicas, entre ellas YPF, iniciando un duro camino entre las apetencias de los rendimientos privados y las necesidades energéticas del Estado Nacional y que derivó, como en muchas otras empresas concesionarias, en una gran falta de inversión. La misma generó un estancamiento de la producción hidrocarburífera, en un país que ha venido creciendo fuertemente, lo cual derivó en un déficit energético significativo. Y también en déficit de divisas, ya que de 2003 a 2011, el sector de petróleo fue el que mayor proporción de utilidades y dividendos envió al exterior, U$S 5750 millones, un 26% de lo remitido por la totalidad de empresas de capitales extranjeros que operan en la Argentina; le sigue el sector de metales comunes y su elaboración, con el 12% del total.
También hay una recuperación de soberanía cuando las provincias de Chubut y Santa Cruz deciden rescindir las concesiones en cuatro áreas de producción de petróleo y gas que tenía a su cargo Repsol y le otorgan 90 días de plazo para que entregue los yacimientos, se estima que estos pozos contribuían con cerca del 5% de la producción total de la empresa. Las provincias tomaron estas medidas convencidas de que los yacimientos cuya concesión se rescinde pueden rendir mucho más.
También se puede mencionar la decisión de Neuquén y La Pampa de intimar a varias petroleras que están a cargo de áreas que actualmente no tienen producción, para que inviertan más allí y de esa forma aumentar la oferta.
Mas allá de estas medidas, debe recordarse que el tema de los recursos naturales ha sido, es y será un tema estratégico para el país, y su manejo no puede estar en manos del sector privado, ya sean capitales locales o transnacionales.
Rápidamente apareció el lobby español, recordando que Argentina tiene un tratado de protección recíproca de inversiones con España, y que a través de este la empresa podría acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial que recepta los litigios de empresas privadas contra los gobiernos.
La presión no termina allí, llamadas del rey, declaraciones del ministro de Industria español, quien reconoció que la administración de Mariano Rajoy está siguiendo el caso muy de cerca con los representantes de la petrolera. También hicieron trascender una eventual solicitud del primer ministro español a su par británico, David Cameron, de expulsar a la Argentina del G-20 si avanzaba con alguna medida contra Repsol. Son las presiones del capital multinacional, y de gobiernos que ponen como prioridad el respeto de las inversiones privadas, postura que se evidencia en las medidas de ajuste que están tomando en sus respectivos países.
Otro tema de soberanía que está en el candelero es el tema Malvinas, y la importante jugada del gobierno, que, manteniéndose siempre dentro de la vía diplomática, por un lado ha tensado las relaciones con el gobierno del Reino Unido para que respete la Resolución de la ONU y comience las conversaciones por la soberanía en Malvinas, y por otro lado, ha gestionado y recibido un amplio apoyo de los países latinoamericanos. Recientemente, se anunció la adopción de una serie de medidas legales y normativas para impedir o dificultar a un centenar de empresas británicas y de capital internacional, la extracción ilegítima de los recursos energéticos argentinos en el Atlántico Sur por parte de empresas y compañías ligadas a Gran Bretaña. La novedad y originalidad de estas medidas consiste en que el Estado argentino accionará legalmente no sólo contra las empresas en sí mismas, sino también con aquellas firmas que le prestan servicios, tanto logísticos como financieros, constituyendo una política homogénea e integral.
Las medidas exponen los vastos intereses materiales y de grandes empresas que determinan la intransigencia británica; estamos hablando de recursos hidrocarburíferos potenciales cercanos a los U$S 167 mil millones. Para la Argentina, la soberanía aquí se vuelve “operativa”, y deja de ser una cuestión abstracta o simbólica. Pero, además, estas medidas colocan una cuña a la reiterada postura de las grandes potencias de no cumplir con los compromisos internacionales que no les convienen, que podríamos definir como la prepotencia del poder.
Esta prepotencia del poder transita los tres temas abordados en esta columna: el capital financiero internacional que desea un Banco Central a su disposición y desligado del gobierno de turno; los intereses privados que privilegian la ganancia por sobre los compromisos de inversión de los contratos de explotación de recursos naturales, y luego se amparan en entidades como el CIADI; y principalmente las cuestiones relacionadas con Malvinas, donde una potencia colonialista desoye las decisiones de la ONU, y no sólo el costo material que tiene para la Argentina, un tema que generalmente es escasamente discutido, sino los costos globales para la región sudamericana, en términos de disponibilidad de preciosos recursos naturales, eventual presencia de material nuclear en el Atlántico Sur y pérdida de control sobre las especies marinas de la zona, muchas de ellas al borde de la extinción por la sobreexplotación apañada por los kelpers
Artículo publicado por: Carlos Heller
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