No existen recetas
mágicas ni medidas salvadoras en economía. Los acuerdos-congelamientos de
precios son una herramienta más de la política económica. Es una iniciativa que
necesariamente debe ser complementada con otras, al tiempo de ir ajustándola
según los obstáculos que se vayan presentando. Para ello tiene que haber una
intensa y efectiva intervención del Estado en diferentes frentes tras el
objetivo de lograr la desaceleración de los aumentos de precios de alimentos y
bebidas. Este es el rubro principal para atender el problema de la inflación,
porque esos bienes integran la canasta básica que los hogares de ingresos
medios y bajos destinan gran parte de su presupuesto para adquirirla. El
impacto inicial de un control de precios es indudablemente una mejora del poder
adquisitivo de la población con ingresos fijos. Así lo demuestran las
experiencias de congelamientos en Argentina como también muchas otras en la
historia económica mundial, entre las que se destaca la de Estados Unidos,
liderada por John Kenneth Galbraith, uno de los más grandes economistas del
siglo pasado, encargado del control de precios en Estados Unidos durante los
años cuarenta del siglo pasado.
Conociendo el resultado del congelamiento en la
preservación e incluso aumento del poder de compra ha sido extraño el
descreimiento, la crítica o la indiferencia de dirigentes sindicales debido a
que son las mismas observaciones que expresan analistas y economistas del
establishment. Mencionan las dudas sobre lo que puede pasar el “día 61”; afirman
confundidos que los controles nunca funcionaron; que al final pierden los
trabajadores; o que es una medida compleja porque el Estado quedó disminuido en
su capacidad de intervenir en la vida económica del país.
La explicación de la ortodoxia a esta reacción apunta
a que los sindicalistas saben que los controles no funcionan y, por ese motivo,
actúan como si no existieran para presentar sus demandas de ajustes salariales.
Reclaman entonces por la inflación pasada y estimada, que eso ya es todo un juego
sombrío por la inconsistencia del índice de precios al consumidor del Indec y
de las consultoras privadas. Así los dirigentes sindicales quedan atrapados,
algunos involuntariamente y otros en forma entusiasta, por la lógica de grupos
conservadores que protegen intereses del poder económico. De acuerdo con la
evolución del salario de los trabajadores formalizados y de los aumentos
acordados en las paritarias en los últimos años, los ingresos reales fueron
positivos en relación con cualquier índice de precios, oficial o privado.
El factor que ha alterado la dinámica de la puja
distributiva –a favor de los trabajadores– fue el anuncio del congelamiento de
precios debido a que ha colocado a la defensiva a la ortodoxia, que rápidamente
planteó problemas de desabastecimiento e instaló interrogantes sobre lo que
puede pasar el día 61. Si el sindicalismo duda sobre la efectividad del
control, la estrategia esperable en defensa de los intereses de los
trabajadores es exigir mejoras en su implementación en lugar de debilitarlo con
los tradicionales cuestionamientos del mundo empresario. El dato distintivo es
que las empresas involucradas prefirieron el silencio como resistencia,
comportamiento comprensible porque son las afectadas. En esta oportunidad
tienen como aliados, además de sus voceros tradicionales, el escaso entusiasmo
de dirigentes sindicales en la defensa del congelamiento.
Organizaciones sociales y políticas vinculadas con
sectores vulnerables tampoco han mostrado mucho activismo en apoyar una medida
que han reclamado en más de una oportunidad. Este vacío político a una
herramienta de mejora de los ingresos por parte de quienes son los principales
beneficiarios es un misterio del actual escenario político-mediático.
El Gobierno tiene su cuota de responsabilidad porque
no ha convocado a agentes sociales y sindicales como socios en esta puja, que
es política y también de poder con los formadores de precios. De ese modo corre
riesgos, porque se trata de una medida que no puede ser reiterada
inmediatamente si no tiene efecto positivo. Tampoco ha diseñado ni publicitado
listas de precios orientativos, y no ha formalizado el congelamiento ni
definido políticas coordinadas con otras áreas de la gestión económica para
articular una estrategia de intervención sobre las expectativas sociales,
ámbito donde se desarrolla con intensidad la actual disputa política-mediática.
Varios son los determinantes de los precios de la economía como para pensar que
la inflación puede ser atendida por una sola persona o enfrentada exclusivamente
con un esquema de congelamiento de precios.
Son muchos los antecedentes de programas de control
de precios. Algunos fueron exitosos (por ejemplo, el israelí en la década del
’80) y otras comenzaron con resultado favorable para culminar con saldo negativo
(el Plan Austral de Alfonsín). Otros controles aplicados por gobiernos
peronistas tuvieron un inicio positivo y luego por factores políticos tuvieron
un recorrido sinuoso no atribuible a los acuerdos de precios, como explica el
sociólogo Artemio López, detallando las experiencias de 1952, 1973 y 2006.
Varios países y diferentes proyectos económico-sociales decidieron en algún
momento aplicar una fuerte intervención del Estado en el mercado con el
objetivo de frenar la inercia inflacionaria. El congelamiento no es un fin en
sí mismo ni una medida de carácter permanente, sino que es una herramienta de
política de ingresos para ser aplicada en determinadas circunstancias. Es un
ingrediente esencial de una estrategia económica destinada a combinar creación
de empleos con estabilidad.
La confluencia de intereses del poder político y los
trabajadores para cuidar el poder adquisitivo de la población hace necesaria la
generación de señales contundentes de que los precios dejarán de subir. El
objetivo del congelamiento es evitar la receta recesiva de la ortodoxia para
atacar los aumentos de precios, que consiste en limitar la demanda. Por eso ha
resultado llamativa la coincidencia argumentativa de dirigentes sindicales con
representantes de la ortodoxia económica. La intervención del Estado en el
control y administración de precios es uno de los instrumentos para evitar el
abuso de empresas con posición dominante en cadenas de producción y
comercialización que perjudican a los eslabones más débiles, siendo el último
el consumidor-trabajador.
Después de tantos ensayos estudiados de congelamiento
de precios, aquí y en otros países, la conclusión es que resulta una ilusión
suponer que pueda extenderse indefinidamente. O que sea una medida mágica.
Factores internos y externos impactan en forma permanente en la economía, lo
que demanda flexibilidad en la utilización de las herramientas que brinda la
política económica. Por eso mismo el congelamiento es necesario en una primera
etapa para detener la inercia inflacionaria, para luego pasar a una estrategia
sofisticada de administración de precios y de coordinación de la política
monetaria y fiscal. El actual cuadro de la situación económica, con una deuda
pública manejable y contratos que no están indexados formalmente, está más
despejado que en períodos pasados, cuando la inflación era más alta y el grado
de inercia más alto. Se despliegan de ese modo condiciones para que el
congelamiento y la posterior administración de precios no sea sólo una medida
de voluntarismo político para consolidarse como una efectiva herramienta de la
política de ingresos.
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