Dirigida a A
la opinión pública:
Ante las
reiteradas muertes y episodios de violencia contra miembros del Pueblo qom, investigadores, docentes, graduados y estudiantes
universitarios de diferentes universidades nacionales e internacionales y del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que desarrollamos
nuestras actividades junto a los Pueblos indígenas; junto a intelectuales,
artistas, miembros de organizaciones sociales y profesionales queremos, una vez
más, manifestar nuestra más profunda preocupación por la situación que vive el
Pueblo qom, y particularmente la comunidad Potae Napocna Navogoh (conocida como La Primavera)
en la provincia de Formosa.
Esta comunidad
padece una situación de vulnerabilidad asociada al hostigamiento que reciben
desde que sostienen reclamos por la restitución de su territorio. El hecho
emblemático y más grave ocurrió con la represión policial del 23 de noviembre
de 2010, que terminó con la vida del qom Roberto
López, así como con graves heridos, entre los que se encontraron mujeres,
ancianos y niños. En dicha represión las viviendas de los manifestantes fueron
incendiadas por la policía provincial así como todas sus pertenencias. Este
hecho tuvo grandes repercusiones a nivel nacional cuando Félix Diaz, qarashe de la comunidad, se trasladó a Buenos
Aires para pedir justicia al gobierno nacional. A mediados del 2011 el gobierno
nacional acordó avanzar en la resolución del conflicto territorial y garantizar
la seguridad de la comunidad.
No obstante, en estos dos años
no se ha avanzado en la restitución del territorio usurpado a la comunidad. El
territorio tradicional de la comunidad continúa ocupado por una familia
no-indígena, por la provincia de Formosa y por el Estado Nacional, a través del
Parque Nacional Río Pilcomayo.
A su vez, en estos dos años
numerosos miembros de la comunidad han sufrido agresiones y amenazas de manera
constante y creciente. A ese cuadro de situación se suma el hecho de que los
miembros de esta comunidad siguen enfrentando múltiples investigaciones penales
en las que resultan criminalizados por las luchas y protestas que emprendieron.
Los permanentes actos de
violencia que padecen difícilmente pueden ser desvinculados de su reclamo por
la restitución de su territorio tradicional. La falta de implementación del
derecho a la propiedad comunitaria de su territorio ha generado las condiciones
para la reiteración de agresiones contra la comunidad. Desde entonces, la
persecución, las amenazas y las agresiones físicas contra miembros de la
comunidad se incrementaron de forma alarmante. Cabe señalar que esta situación
ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 21 de
abril de 2011 exhortó al Estado a proteger la vida de Félix Diaz, su familia y
los miembros de la comunidad “contra posibles amenazas, agresiones u
hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes
estatales”. No obstante, la violencia contra la comunidad continua.
Gran parte de los territorios
donde se asientan comunidades indígenas están siendo disputadas por intereses
ligados al modelo de desarrollo extractivista en su modalidad agroindustrial y
a los negocios inmobiliarios, incluso estando vigentes leyes nacionales que
protegen a los territorios indígenas.Los derechos territoriales
quedaronplasmados en el derecho argentino cuando en 1994 se incorporó el nuevo
art. 75 inc. 17 a la Constitución Nacional y con la ratificación o adopción de
un conjunto de instrumentos de derechos humanos entre los que se destacan el
Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, lo que prevalece es una brecha de
implementación entre la normativa indígena y la realidad que viven los Pueblos
indígenas en nuestro país.
Claro ejemplo de ello lo
constituye la falta de implementación en la provincia de Formosa de la ley
26.160/26.554 de Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas que
dispuso el inicio de un proceso de relevamiento dominial de las comunidades
indígenas y la suspensión del desalojo de sus tierras. Las comunidades indígenas
de la provincia continúan reclamando que se realice el relevamiento territorial
con participación indígena y bajo la modalidad centralizada, sólo a cargo del
INAI dada la desconfianza en las autoridades provinciales.
Finalmente,
queremos denunciar que la violencia que padecen los indígenas qom no se manifiesta sólo en la agresión física y
el hostigamiento. También es ejercicio de la violencia la discriminación y la
vulneración de sus derechos más básicos como el acceso al agua, a la
alimentación, a la salud, a la justicia, a la educación y a la libre
determinación de sus autoridades. Esta es una situación extendida y lejos de
vivirse con pasividad, es el foco de reclamos de las comunidades y sus líderes,
en distintos puntos de la región Chaqueña, quienes generan modos de auto
organización logrando resolver algunos de los problemas puntuales con escasos
recursos.
A raíz de la
ola de violencia contra el Pueblo qom queremos
manifestar nuestra preocupación por la situación de los integrantes de la
comunidad Potae Napocna Navogoh y de
todas aquellas comunidades indígenas que están defendiendo sus derechos humanos
básicos y sus derechos territoriales ante
las nuevas modalidades de ocupación.
las nuevas modalidades de ocupación.
Por todo ello reclamamos:
- La inmediata investigación de las muertes y accidentes ocurridos en los últimos días.
- La intervención de organismos públicos nacionales y de derechos humanos para garantizar la transparencia de las investigaciones sobre dichos casos.
- El cese de las persecuciones y amenazas a los integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh.
- Que las autoridades garanticen la seguridad de todos sus miembros.
- Se respete el derecho territorial de la comunidad Potae Napocna Navogoh.
- La implementación de la Ley 26.160/26.554 con efectiva participación indígena y bajo la modalidad centralizada que ellos reclaman.
- El respeto irrestricto a los derechos indígenas.
- La implementación de programas nacionales que promuevan el etno-desarrollo de la vida comunitaria indígena.
- La inmediata investigación de las muertes y accidentes ocurridos en los últimos días.
- La intervención de organismos públicos nacionales y de derechos humanos para garantizar la transparencia de las investigaciones sobre dichos casos.
- El cese de las persecuciones y amenazas a los integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh.
- Que las autoridades garanticen la seguridad de todos sus miembros.
- Se respete el derecho territorial de la comunidad Potae Napocna Navogoh.
- La implementación de la Ley 26.160/26.554 con efectiva participación indígena y bajo la modalidad centralizada que ellos reclaman.
- El respeto irrestricto a los derechos indígenas.
- La implementación de programas nacionales que promuevan el etno-desarrollo de la vida comunitaria indígena.
La violación y/o el no cumplimiento de los derechos de los Pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional Argentina, constituyen un grave retroceso en la vida democrática de la sociedad argentina. Como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, mediante la presente, ponemos a disposición nuestras experiencias de investigación a fin de efectuar los aportes que contribuyan a lograr una solución definitiva a la vulneración del estado de derecho que ha afectado no sólo a los qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, sino también a otras comunidades y Pueblos indígenas del país.
Para:
A la opinión pública:, Con copia al gobierno nacional.
Secretario Dr. Oscar Parrilli.
Dr. Daniel Fernández, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Alicia Kirchner, Ministerio de Desarrollo Social
Lic. María Cecilia Velázquez, Jefatura de Gabinete
Reclamamos:
- La inmediata investigación de las muertes y
accidentes ocurridos en los últimos días.
- La intervención de organismos públicos nacionales y
de derechos humanos para garantizar la transparencia de las investigaciones
sobre dichos casos.
- El cese de las persecuciones y amenazas a los
integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh.
- Que las autoridades garanticen la seguridad de
todos sus miembros.
- Se respete el derecho territorial de la comunidad
Potae Napocna Navogoh.
- La implementación de la Ley 26.160/26.554 con
efectiva participación indígena y bajo la modalidad centralizada que ellos
reclaman.
- El respeto irrestricto a los derechos indígenas.
- La implementación de programas nacionales que
promuevan el etno-desarrollo de la vida comunitaria indígena.
Buenos Aires, enero de 2013
Atentamente,
Andrés Peebles
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