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Teología política
Al día siguiente de la represión a los docentes Macrì
anunció en su página oficial la adquisición de un blindado antipiquetes que
hace cinco años ya le habían ofrecido a Scioli. Además lanzó como globo de
ensayo un proyecto de ley sin firma que pena los piquetes con hasta diez años
de cárcel. Crece la represión en Jujuy. Ley y orden como argumento proselitista
que compense el letargo profundo de la economía donde pocas cosas crecen más
que los precios.
A las dos de la tarde del martes 11 el sitio web
gubernamental “Gestión Maurizio Macrì presidente-Pro” incluyó la foto que
acompaña esta nota, del blindado sudafricano Maverick. Según el contexto, esa
palabra inglesa puede traducirse como disidente, rebelde, inconformista,
librepensador, heterodoxo, pero la página presidencial lo llama “blindado
antipiquetes”. El post de Macrì remite a una publinota del portal Infobae del
22 de noviembre de 2012, cuando gobernaba CFK, y Macrì comenzaba su segundo
mandato como intendente de la Capital. Esa página auspiciada por el fabricante
y su socio argentino, brinda los detalles técnicos del ingenio, generosamente
acompañados por nada menos que 18 fotografías y un video, que lo muestran por
dentro y por fuera, de frente y de perfil, estacionado y en acción. La
presentación corrió a cargo del CEO del Paramount Group de Sudáfrica, John
Craig, y del presidente de la Corporación para la Defensa del Sur (Codesur),
Mario Montoto, acompañados por José Scioli, hermano del entonces gobernador de
la provincia de Buenos Aires quien, según informaron había analizado con los
vendedores la posibilidad de adquirir algunas unidades y luego fabricarlas en
el país para exportar a la región. “Desarrollamos nuestros productos donde se
encuentren nuestros clientes. Vemos un gran potencial en la región y hemos
demostrado nuestra intención de estar en este lugar del mundo”, explicó sin
asomo de humor John Craig. Agregó que se trata de un vehículo de seguridad
interior, desarrollado para tareas de control de multitudes y piquetes, orden
público y operaciones especiales; tiene capacidad para un conductor, comandante
y un escuadrón de 10 a 12 policías antimotines; cuenta con vidrios blindados,
cámara de circuito cerrado y es apto para la instalación de sistemas de
armamento, dependiendo del tipo de misión. También hay una versión hidrante con
un cañón de agua y otros sistemas no letales. Para su comercialización en la
Argentina, el nombre original fue suplantado por otro más afín al ser
nacional-policial: Halcón. Aquel desembarco no tuvo consecuencias. Scioli
apenas podía llegar a fin de mes con ayuda del gobierno nacional, de modo que
no estaba para la incorporación de juguetes tan costosos como inaplicables
dentro de aquel contexto político.
Esta vez no se trata de un reclame de la empresa interesada
en el negocio sino de una publicación en el sitio web del jefe supremo de la
Nación. Como dato complementario, el día anterior la Policía Federal había
golpeado en la Plaza de los Dos Congresos a los docentes que querían instalar
la Escuela Itinerante, para exponer su posición respecto de la paritaria
nacional. Según el gobierno el salario mínimo ya había sido garantizado por
decreto, de modo que no era necesario convocar a la paritaria nacional dispuesta
por el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075/06 y su Decreto
Reglamentario 457/07. No es así: el artículo 4 del acta firmada en el
ministerio de Trabajo el 25 de febrero, luego de una reunión en la que los
sindicalistas docentes discutieron con los ministros Esteban Bullrich y Jorge
Triacca, dice que el salario docente deberá estar al menos un 20 por ciento por
encima del salario mínimo, vital y móvil. Pero agrega: “Sin perjuicio de lo que
se acuerde en la paritaria salarial docente; si esto ocurriere, automáticamente
deberá actualizarse”. Esto desmiente que no sea necesario convocar a la
paritaria nacional que ordena la ley.
En los días siguientes la página presidencial se ocupó de
denigrar a los maestros y su posición. Con la misma solemnidad que John Craig,
“Gestión Maurizio Macrì presidente-Pro” recrimina a los docentes por una remera
que se ofrece en venta en la Escuela Itinerante y en la que se lee: “En el país
de los globos, el forro es rey”. El domingo pasado, La Nación informó que Macrì
“evalúa comprar nueva tecnología contra los piquetes. Resolvió profundizar su
batalla para enfrentar los cortes de rutas y calles; se analizan inversiones en
grúas, equipos para dispersión y reducción de activistas”. Está claro que el
contexto ha cambiado.
Orden presidencial
Antes de que se desatara la represión frente al Congreso,
los docentes que intentaron montar la Escuela Itinerante dialogaron largamente
con los jefes del operativo policial dispuesto para impedirlo. Uno de ellos les
confesó su conflicto personal, porque tenía una hija maestra que compartía la
reivindicación colectiva, por la convocatoria de la paritaria nacional. “Nosotros
no deberíamos estar aquí”, les dijo. Uno de los responsables se apartaba para
efectuar consultas telefónicas, un estilo de negociación que se viene
practicando en forma regular desde la crisis de fin de siglo con resultados
moderadores. Luego de uno de esos contactos, los efectivos de la Policía
Federal bajaron la visera de sus cascos de Robocop y con escudos y garrotes en
ristre embistieron contra los trabajadores de la educación. “La orden viene
directamente de presidencia”, se disculpó uno de los oficiales que mantenía el
contacto con los maestros. Con rostros cubiertos, sin placa de identificación y
a palos, la fuerza policial lastimó y tomó detenidos. La posterior
fundamentación oficial fue que no se habían cumplido los requisitos
burocráticos para la solicitud del permiso que, según ellos, debe tener
precedencia sobre instrumentos superiores, como la Constitución Nacional y los
tratados internacionales de Derechos Humanos, que garantizan la protesta social
y ponen límites a su represión, según las necesidades de una sociedad
democrática.
Ya el jueves 6, día del imponente paro general, el
presidente Maurizio Macrì había felicitado a sus dos ministros Bullrich por la
violencia ejercida contra quienes piqueteaban los accesos a la Capital. Aunque
hubo una coincidencia política en desviar la atención de la unanimidad en el
repudio al modelo económico-social y restar protagonismo a las centrales
sindicales, la izquierda trotskista ejercía un derecho mientras el gobierno
nacional lo reprimía, una diferencia no menor, sin equivalencia moral ni
jurídica posible. Una digresión, marginal pero significativa. Los roles que hoy
asumen Patricia Bullrich y Mario Montoto en el negocio de la parafernalia
represiva, muestran la heterogeneidad de quienes participaron en las
organizaciones revolucionarias del último tercio del siglo pasado. Hubo quienes
se comprometieron en la defensa de los derechos y el bienestar del pueblo, pese
a que ello implicara entonces ciertos niveles de violencia, pero también
aquellos que sólo cedieron a su fascinación por las armas. Hoy no es difícil
distinguir a unos de otros.
Marche preso
Además de las vías del hecho, el gobierno intenta modificar
la legislación para convertir derechos constitucionales en delitos penados por
la ley, con un titulado Proyecto de ley de reforma al Código Penal contra
agresiones en piquetes e intimidación pública. Sus considerandos repasan los
artículos de la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, los fallos
de la Corte Suprema de Justicia argentina y estadounidense, de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y del correspondiente Tribunal Europeo que
consagran el derecho de reunión, a manifestarse pacíficamente y a peticionar a
las autoridades, que constituyen “la columna vertebral del estado de derecho y
la vida democrática”. Pero luego de esta enumeración, aduce que esos derechos
requieren de una revisión profunda “a la luz de los hechos violentos que a
diario se cometen y que poco a poco internalizamos como normales o inevitables,
cuando no son más que la negación del ejercicio de otros derechos
constitucionales de la mayoría del cuerpo social o lisa y llanamente delitos
(intimidaciones, amenazas y privación de libertad a ciudadanos que no
participan en manifestaciones, extorsiones a las autoridades de la Constitución
y ataques a las fuerzas de seguridad). Cabe entonces definir y reglamentar,
desde la legislación, el alcance del derecho a manifestarse públicamente, no
como una norma legislativa original, sino procurando interpretar y aplicar las
normas de la CN, las leyes vigentes, los tratados internacionales, la
jurisprudencia y el sentido común”. Luego de recordar el Protocolo de Actuación
de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, difundido
por el Ministerio de Seguridad a poco del cambio de gobierno, los considerandos
afirman que las decisiones finales no pueden dejarse “en manos de autoridades
inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Elementos contundentes
diseñados y empuñados para causar lesiones y capuchas y máscaras para ocultar
la identidad y permanecer impunes no deben ser materia de interpretación,
objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral
o a la hipocresía descarada. Frente al debate de legos y de expertos, que
parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras
cubiertas en los piquetes como armas de intimidación, amenaza, extorsión, vemos
necesario introducir la tipificación específica y el agravamiento de las penas
en los delitos así perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los
jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir,
detener, reprimir y arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en
tales ilícitos”. El articulado modifica cinco artículos del Código Penal (104,
149 bis y ter, 184 y 194) y agrava penas o establece nuevas, de hasta diez años
de prisión. De mayor a menor:
- De
5 a 10 años de prisión o reclusión por amenazas tendientes a obtener
“alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes
públicos” (149 ter);
- De
2 a 6 años para quien impida, estorbe o entorpezca el normal
funcionamiento de cualquier transporte o servicio público en ocasión de
una manifestación pública con el uso o exhibición de elementos
contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de
dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo
de impedir su identificación (194).
- De
3 meses a 2 años si el mismo entorpecimiento no incluye los indefinidos
elementos contundentes (194).
- De
3 meses a 4 años de prisión por destruir, inutilizar, hacer desaparecer o
dañar una cosa mueble, o inmueble o un animal ajeno, si fuere para impedir
el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones o
durante “una manifestación pública mediante el uso o exhibición de
elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos
capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara
cubierta de modo de impedir la identificación del agresor” (184).
- De
1 a 3 años a quien en una manifestación pública utilice en contra de una
persona elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y
objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara
cubierta de modo de impedir su identificación (104).
Acaso con conciencia de la dificultad política de conseguir
mayoría para un acto de prestidigitación jurídica tan aberrante y advertido de
su segura declaración de inconstitucionalidad en distintos lugares del país por
jueces de todos los niveles, el proyecto de ley con los propósitos oficiales no
tiene firma ni fue presentado con las formalidades del caso, pero circuló
ampliamente en la Cámara de Diputados, distribuido por personal de la Alianza
Cambiemos. En cualquier caso, contribuye al clima de intimidación con que el
gobierno fantasea en superar la prueba electoral.
De ayer a hoy
Con ayuda de encuestas y focus groups, el gobierno entendió
que la movilización del 1º de abril fue tan importante que constituyó no sólo
un respaldo sino también un mandato y que una porción significativa de la
sociedad estaba ahíta de paros, manifestaciones y piquetes, que Macrì dice no
entender justo ahora que la economía empieza a encarrilarse. La desmentida a
estas dos pretensiones no provino de los opositores sino del núcleo más próximo
al propio Macrì. Fue la Policía de la Ciudad la que estimó que quienes el 1º de
abril no llegaron a la Plaza de Mayo en colectivo ni impregnados por el humo y
la grasa del choripán no pasaron de 25.000, cantidad respetable pero mínima en
contraste con la que salió a la calle en las seis movilizaciones de marzo
adversas al gobierno. Y la Dirección General de Estadística y Censos de la CABA
informó que la inflación en el mes de marzo fue del 2,9 por ciento, medio punto
más que el dibujo que el INDEC realiza con impunidad, dado que la gestión de
Cantinflas agotó toda capacidad de asombro (ver “Costos”). Esto implica un
aumento de los precios del 7,1 por ciento en el primer trimestre del año, y del
35 por ciento interanual de marzo a marzo. Esto ratifica que la pauta
inflacionaria fijada por el Banco Central quedará tan lejos de la realidad como
el año pasado. No hay forma de impedir que esto se refleje en el clima social.
“Es cierto que mucha gente de las clases medias clama por
orden. Pero lo mismo ocurría en 2002. [El senador a cargo del Poder Ejecutivo
Eduardo] Duhalde era un obsesivo de las encuestas y todas le decían eso. Pero
cuando la policía bonaerense asesinó en la estación Avellaneda a [Maximiliano]
Kosteki y [Darío] Santillán, ese clima de opinión se revirtió en forma
instantánea y los mismos que pedían represión repudiaron sus consecuencias, con
tanta intensidad que Duhalde debió acortar el mandato que le había conferido el
Congreso”, recuerda Oscar Laborde, quien en aquel momento era intendente de
Avellaneda.
Desde entonces la mecánica de contacto entre organizaciones
políticas, movimientos sociales y fuerzas de seguridad ha permitido sortear ese
riesgo, con pocas pero trágicas excepciones, como el asesinato de Mariano
Ferreyra en 2010, por acción de una patota sindical que desequilibró aquel
diálogo nunca fácil entre manifestantes y policías, o las refriegas en la
Panamericana cuando un médico que se creía militar y un militar que se
disfrazaba de civil sublimaron sus conflictos de identidad en una lluvia de
balas de goma sobre manifestantes políticos y sindicales. La novedad es un
gobierno que privilegia el orden público sobre la seguridad ciudadana y que
tiende a ver la protesta en las calles como un acto criminal. Peor aún, que
considera que la represión es un buen argumento proselitista, con miras a la
decisiva elección legislativa de medio término. La idea de que una política de
ley y orden puede prevalecer en el cuarto oscuro sobre las consecuencias de una
estrategia económica que no consigue domar la inflación ni siquiera con tasas
de interés que inhiben la inversión productiva, hace prever un semestre
turbulento. Esto remite a los procesos electorales de fin de siglo, cuando
candidatos de distintos partidos hicieron campaña con sirenas de patrulleros y
ráfagas de metralla como sonido ambiental. Este curso de colisión fue revertido
entonces por una decisión del gobierno que asumió el 25 de mayo de 2003 y que
tres días después fue descripta así por el diario La Nación: “El presidente
Néstor Kirchner se puso ayer al frente de la solución del problema educativo y viajó
sorpresivamente a Entre Ríos para firmar un acuerdo con los gremios docentes
que permitirá reanudar y normalizar las clases desde hoy en todas las escuelas
de la provincia, muchas de las cuales no las habían comenzado desde el
principio del año lectivo”. Pudo hacerlo porque también decidió basar su
gestión en el crecimiento de la demanda agregada, con un estímulo incesante al
consumo. Ese es el motor principal, que Macrì apagó en forma deliberada,
desencadenando un círculo vicioso de achicamiento del que sólo se exceptúan los
precios y la tentación represiva.
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