La meteorología de
Cambiemos no augura calma
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A
última hora del viernes 17, el gobierno comenzó a comunicar a las empresas
involucradas en la investigación del fiscal Stornelli y el juez Glock sobre
obras públicas licitadas antes de diciembre de 2015, “la inmediata suspensión
de los trabajos, en el estado en que se encuentren, poniéndose la obra a
disposición del comitente”, que tomará posesión “hasta que se esclarezcan los
hechos investigados”. Es decir, todo lo contrario de lo anunciado a los bancos
comprometidos en el financiamiento de esas obras. Esto ratifica la confusión
permanente en que se mueve el gobierno, que no atina a sostener una decisión
por más de un par de días. La comunicación oficial otorga un plazo de tres
días, que vence el jueves 23. En ese momento, junto con la obra, las constructoras
deberán entregar toda la documentación técnica y “todo material, equipos,
vehículos y/o elementos que el comitente haya facilitado al contratista para
los fines de la contratación y ejecución de los trabajos”. No parece que se
esté pensando en una suspensión breve, ya que en el momento de la entrega se
realizará un inventario y detalle del estado de la obra, documentación,
materiales y equipos y se iniciará un procedimiento administrativo de revisión
de costos para determinar si se ajustan a los precios de mercado. Desde el
mismo viernes quedaron suspendidos todos los pagos por cualquier concepto
“hasta el esclarecimiento de los hechos investigados por la Justicia”. Así
puede observarse en el facsímil.
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IEASA
es la nueva denominación de la sociedad estatal ENARSA. Destinatario de la nota
es la Unión Transitoria de Empresas con la que contrató la construcción del
Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA): ESUCO, del arrepentido Carlos Wagner;
BTU, del detenido Carlos Mundín, y Víctor Contreras y Compañía. Esto no afecta
a los corredores viales licitados este año bajo el régimen de participación
público-privada, entre cuyos titulares hay varios encuadernados. Pero tampoco
les garantiza conseguir el financiamiento internacional indispensable, sino
todo lo contrario.
En el encuentro de AEA
(Asociación de Empresarios Argentinos, según su denominación oficial, o de
Empresarios Arrepentidos, según mi ingenioso colega Leandro Renou), el
presidente Maurizio Macrì insistió con las metáforas meteorológicas para
caracterizar la coyuntura, pero esta vez les agregó detalles dramáticos:
“Atravesamos una tormenta de frente”, dijo. No quedó claro si el tiempo verbal
escogido era pretérito perfecto o presente, pero ni falta que hacía. Pocas
horas antes había respondido a una pregunta sobre la nueva disparada del dólar:
“No pasa nada, tranquilos”. El viernes 15, en Jujuy cuando una periodista le
preguntó hasta cuándo seguiría subiendo el dólar, respondió: “Está más calmo
estas últimas semanas”. Si hay una tormenta, las preguntas que se imponen son
¿dónde está el piloto? y ¿en qué estado de conciencia?
Hoy
un juramento
A diferencia de otros
públicos, esta vez lo acompañaban sus pares, a quienes necesitaba convencer de
que aceptaran sin protestas la ruptura de todos los pactos preexistentes. No de
las promesas electorales formuladas en el remoto año 2015 (como el fácil
control de la inflación, la inminente lluvia de inversiones, la continuidad del
fútbol televisado accesible a todos sin pagar o el respeto a la integridad del
salario sin afectarlo con el impuesto a las ganancias) sino de los compromisos
asumidos en los últimos meses, semanas, días y horas, ya no con el cándido
electorado que quería cambiar sin saber cómo, por temor a la explosión de una
bomba que no alcanzaba a explicar en qué consistía, sino con las distintas
fracciones del gran capital que constituyen el sustento de su administración,
si así puede llamársele al caótico desgobierno vigente y con la dirigencia
política de la que requiere apoyo legislativo. Algunos ejemplos:
* Las palabras
tranquilizadoras de alguien tan ajeno a las cuestiones financieras y tan
desconocedoras del marco jurídico vigente como el ministro de Transporte
Guillermo Dietrich, fueron dirigidas a los principales bancos el viernes 10,
asegurándoles que ninguna obra se interrumpiría. Su desmentida en los hechos se
produjo el viernes 17. Apenas una semana.
* Durante una visita a la
Sociedad Rural antes de emprender viaje rumbo al encuentro del G20, Macrì
declaró, acompañado por su ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere,
que no se modificaría la baja gradual de retenciones para la soja. Lo reiteró
el 28 de julio la vicepresidente Gabriela Michetti en su discurso ante la
Sociedad Rural. Pero el 15 de agosto el decreto 757 la suspendió por seis meses
para la harina y el aceite de soja. Dos semanas.
* El 31 de julio el
Ministro de la Producción, Dante Sica, aseguró a la Unión Industrial que los
reintegros a las exportaciones de bienes con valor agregado no corrían peligro.
Esta semana, Macrì redujo en dos tercios esos reintegros y Sica se enteró por
los medios. En cada caso, se citan como fundamentos “las nuevas circunstancias
que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la
consolidación fiscal y evitar la generación de mayores desbalances”. Dos
semanas.
* El lunes 13 de agosto, el
gobierno nacional limitó de 100 a 50 millones de dólares la oferta diaria que
el BCRA subasta en el mercado de cambios. Pero el martes 14 el mesadinerista
Luis Caputo, provisoriamente a cargo de la autoridad monetaria, informó que
había conseguido autorización del FMI para utilizar las reservas en el rescate
de las LEBACs y ofreció 500 millones de dólares en subasta.
* Caputo ofreció a los
bancos tenedores de LEBACs mudarse a Lelics o Nobacs, pero como la demanda fue
nula, les impuso un encaje adicional del 3%. Sólo 24 horas.
* El decreto 756 anuló el
Fondo Federal Solidario creado en 2008 con el 30% de las retenciones a la soja
y ratificado por el Pacto Fiscal de noviembre de 2017, para “mejorar la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial” de las
provincias y municipios. El pacto, refrendado por la ley 27.429 el 21 de
diciembre de 2017, incluyó los compromisos de provincias y municipios de
ajustar sus cuentas y constituyó la última victoria del gobierno nacional antes
de montar al tobogán en el que no cesa de caer desde entonces. El decreto del
15 de agosto, que no fue consultado con gobernadores ni intendentes antes de su
firma, terminó con el Fondo Sojero. Si en pleno periodo de sesiones ordinarias
del Congreso una ley es modificada por un decreto de necesidad y urgencia,
habrá que creer que el gobierno realmente está necesitado y urgido, por los
efectos de su propia imprevisión.
Es cierto, como reitera
Macrì, que las condiciones de la economía global son atroces, tal como lo
cuentan en esta edición Mónica Peralta Ramos, Pedro Biscay, Enrique Aschieri y
Jorge Elbaum. Pero precisamente por eso, fue insensato que el gobierno
desmantelara todas las medidas regulatorias y protectoras del mercado interno y
expusiera el país desnudo a la famosa tempestad, endeudándolo de modo
exponencial no para invertir en infraestructura sino para pagar gastos
corrientes en pesos.
Nadie puede decir que a
Macrì le tiemble el pulso antes de tomar decisiones. Pero tampoco que medite en
sus consecuencias, que siempre lo toman de sorpresa, como a un niño que vive de
descubrimiento en descubrimiento. En este caso, el repudio general de
municipios y estados provinciales afectados preanuncia dificultades a la hora
de incluir las cláusulas de ajuste pactadas con el FMI en el presupuesto 2019 y
refuerzan la tentación de repetir el de 2018, lo cual sería muy cómodo para el
Ejecutivo con una inflación del 35%. Pero debería obtener el visto bueno del
Fondo, que concentra un poder de decisión sin precedentes. Derogar una ley por
un decreto y prorrogar el presupuesto por otro no entra en ninguna definición
de calidad institucional ni seguridad jurídica.
Una
dinámica incontrolable
Este endurecimiento de
relaciones con su propia constituency se produce al mismo
tiempo que el radar de la justicia federal apunta por primera vez hacia el
sistema financiero dentro del expediente iniciado por los Quaderni del
Chauffeur (Horacio González dixit), en un tiempo que ya parece remoto
porque la ristra de delaciones obtenidas por los fiscales Carlos Stornelli y
Carlos Rívolo y por el juez Claudio Bonadío han desatado una dinámica
incontrolable para todos. Stornelli y el Doctor Glock actúan por fuera de sus
respectivas competencias y, así como se apropiaron del expediente en forma
ilegal, están aplicando métodos extorsivos para forzar confesiones
autoincriminatorias, de lo cual incluso se jactan, con humoradas soeces sobre
los empresarios que no resisten el olor a tumba de los calabozos hediondos a
los que los enviaron adrede. Ni esto, ni los nexos serviciales de los sargentos
del Ejército y la policía que dieron origen al expediente judicial y a su
cobertura periodística, significa que todos los datos así obtenidos sean
falsos. Sólo agrega otra capa de barro al lodazal en que todos chapotean, con
el agravante de que los fiscales y el juez deberían representar la legalidad
garantizada por el Estado. El caso se parece (en eso y sólo en eso) a la lógica
por la cual el Estado Terrorista recuperó hace cuatro décadas el monopolio de
la violencia a costa de acabar con el imperio de la ley y cometer crímenes más
graves de los que utilizó para justificar sus actos.
El secreto del sumario y un
lote de periodistas obsecuentes permite dirigir la información del modo que les
apetece, es decir en contra de la ex Presidente CFK. Aun así, el mero cotejo de
informaciones públicas permite poner en duda buena parte de las versiones que
van de Comodoro Py a los televisores que, pese al auge de las redes sociales
siguen siendo la vía más confiable para las crédulas clases medias objeto del
operativo, del que Macrì se declaró “contento” en Jujuy. Por ejemplo, en junio de 2016, cuando fue detenido José
López con 9 millones de dólares, el diario La Nación calculó que pesaban 90
kilos. “Se estima que 1 millón de dólares, representados en 100 fajos de 100
billetes de US$100, tiene un peso de 10 kilos; es decir, cada papel pesa
1 gramo aproximadamente, de acuerdo a información de la Reserva Federal de
Estados Unidos y el Banco Central Europeo”, escribió el matutino. Añadió que
esto es nueve veces más que el peso atribuido a cada millón de dólares en los
programas de chimentos sobre la corrupción. Son diferencias menudas, comparadas
con la hipérbole de Leonardo Fariña de que “se robaron un Producto Bruto”, es
decir cinco veces más que toda la obra pública nacional realizada entre 2003 y
2015.
La línea de defensa de los
empresarios involucrados va retrocediendo. Los primeros en declararse
arrepentidos fueron parientes, amigos y socios del presidente: Javier Sánchez
Caballero, Ángelo Calcaterra y Juan Carlos de Goycoechea, todos asesorados por
el mismo estudio, que también atendió asuntos de las Sociedades Macrì y uno de
cuyos socios es primo hermano de la diputada libertadora Elisa Carrió. Despedido
de Isolux-Corsan por escándalos similares ocurridos en Chile, De Goycoechea es
socio apenas disimulado de los Macrì en distintos emprendimientos.
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Alejandro Carrió, abogado
de Macri, de Herrera de Noble, de Calcaterra, de Sánchez Caballero y de
Goycoechea
Todos dijeron que fueron
extorsionados para hacer aportes de campaña al Frente para la Victoria y la
negociación previa permitió que el primo presidencial no pasara más de una hora
en los tribunales. No en Tribunales, sino en el foro patronal, Paolo Rocca sostuvo
que la transnacional italiana Techint no formó parte del esquema corrupto que
investiga la justicia, sino que pagó un rescate para conseguir que el gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela permitiera la repatriación de los
técnicos argentinos de la expropiada Siderúrgica del Orinoco (SIDOR). La misma versión había ofrecido en los
tribunales el principal operador de Techint, Luis María Cayetano Betnaza, CUIT
20115063163, según los datos que suministró al presentarse al blanqueo de
capitales que cerró en 2017. ¿Podría perder ese beneficio al implicarse su
participación en un ilícito o se aceptará su versión de que fue víctima de un
chantaje y estaba en juego la vida de los trabajadores?
El propio Macrì validó esa
coartada al afirmar ante la cumbre patronal del Hotel Sheraton que cualquier
empresario que recibiera un pedido indebido podía acudir a él para denunciarlo.
La idea de los hombres de negocios como víctimas de los gobernantes no se
sostiene, como lo explica con ejemplos impactantes en esta edición de El
Cohete a la Luna el creador y primer titular de la Oficina
Anticorrupción, José Massoni, a quien los adjudicatarios de la hidrovía
trataron de implicar en sus acuerdos subterráneos para mejor esquilmar al
Estado. La versión de Macrì como garante de la transparencia es sólo un mal
chiste. En 1993 publiqué el primer documento que se haya conocido acerca de las
relaciones entre los mayores grupos económicos que operaban en el país y las
fuerzas principales del sistema político, a propósito del gasoducto Loma de la
Lata, construido por Techint, Pérez Companc y Macrì. La financiera cautiva de
Techint, Santa María, recaudaba los aportes, proporcionales a la participación
de cada grupo en el consorcio, y pagaba las “Prestaciones de sede” a funcionarios
y políticos, tanto radicales como peronistas, y a competidores excluidos del
negocio, para que no protestaran. Sólo en el año 1987 se pagaron en tangenti por
esa obra 11.527.000 dólares, o expresado con la técnica financiera de las
planillas de Santa María: 11.527 U$S x10 a la tercera. El actual presidente ya
era vice del grupo familiar. En la década siguiente, la carrera política de
Juan Carlos Rousselot llegó a un abrupto fin, por el contrato con Maurizio
Macrì (no con Franco) para construir cloacas en Morón, a alto precio y sin
licitación. También los jueces de la Corte Suprema Antonio Boggiano y Eduardo
Moliné O’Connor fueron destituidos en juicio político por obstruir la
investigación contra Macrì (y en este caso también su padre), por contrabando
de automóviles, que eran vendidos en partes, como exportación definitiva al
Uruguay, por la que percibían reintegros, pero luego reingresaban al país como
vehículos completos sin pagar tributos. Pérez Companc salió del negocio de la
construcción, Macrì saltó del obrador al gobierno y Techint constituyó la única
multinacional con cabeza en Buenos Aires que juega en la economía global, como
primer productor mundial de tubos sin costura y, desde Tecpetrol, primer
productor de gas no convencional en el área Fortín de Piedra, de Vaca Muerta.
Desde que los cuadernos ganaron la agenda pública la capitalización de Techint
en el mercado mundial cayó 20%, también podría abrirse una investigación en la
SEC estadounidense y habría interesados globales en la compra de sus activos a
precio muy reducido. Un dato curioso: para ilustrar la nota sobre el foro
empresarial del Sheraton, Clarín escogió una foto de un encuentro anterior en
el que se ve a Paolo Rocca junto a Betnaza y a alguien que, con la cara tapada
por la mano, podría confundirse con el presidente Macrì. Rocca estuvo en el
Seminario, pero Betnaza no.
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La curiosa foto que eligió
Clarin.
Algunos columnistas
subsidiados por la pauta oficial pretenden que al provenir de esas estructuras
putrefactas, Macrì estaría en mejores condiciones que nadie para sanear la
ciénaga. Ese relato, que parece inspirado en la conversión de los santos que
dejan una vida disipada para consagrarse al estudio y la oración, sólo sería
creíble si el Presidente y su gobierno hubieran mostrado una conducta nueva
desde que pasaron al otro lado del mostrador. Lejos de eso, se han servido del
Estado para sus negocios particulares.
Sobre
llovido, mojado
La frase atribuida por
Carlos Pagni a un ministro del gabinete nacional, “si no hay pan, que haya
circo”, revela que desde el gobierno alguien pensó que el desfile de los
arrepentidos desviaría la atención de los problemas económicos.
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Pagni, Dujovne y Fariña: si
no hay pan, que haya circo.
Esto no pasó de ser una
expresión de deseos, porque aun en el segmento “Indignados” de las encuestas de
opinión, el tema genéricamente denominado de la corrupción es precedido por las
cuestiones económicas, como inflación y tarifas. Los problemas del gobierno
siguen siendo la insuficiente generación de dólares genuinos, el cierre del
financiamiento para el Estado y para las empresas argentinas por la
desconfianza sobre el repago de una deuda que creció de modo vertiginoso, la
fuga incesante de capitales y la resistencia social a sus políticas
destructivas de la producción y el empleo.
A la incapacidad del
gobierno para dominar la corrida cambiaria, porque obedece a razones
estructurales que no se corrigen con voluntarismo, y a las consecuencias
económicas y sociales del ajuste pactado con el FMI, se suman desde hace tres
semanas los efectos colaterales del cuadernazo, como la interrupción de las
obras comunicada el viernes 17.
Contra lo que el gobierno
esperaba, la prensa internacional no prestó mayor atención a las denuncias
contra Cristina, pero los reguladores bancarios y bursátiles están muy atentos
a las confesiones de empresarios que demandan financiamiento para nuevas obras
en la Argentina, ya sea mediante crédito o colocación de obligaciones negociables.
La
Guardia Nacional
Mientras el ministro de
Defensa de Estados Unidos, general John Mattis, comenzaba en Buenos Aires su
primera gira por lo que el Comando Sur llama Hemisferio Occidental, y el
gobierno argentino daba comienzo al despliegue de Fuerzas Armadas en la
frontera norte, los dos principales diarios de su país minimizaban la amenaza
terrorista no sólo en la Argentina y las Américas sino también en el resto del
mundo, y desaconsejaban el empleo de los militares en tareas vinculadas tanto
con su represión como con el comercio ilícito de sustancias estupefacientes de
consumo prohibido por las autoridades sanitarias. Ni el gobierno del presidente
estadounidense Donald Trump, ni el de Macrì exponen con claridad cuál es el
sentido del regreso de los militares al primer plano. El 27 de abril dimos en El
Cohete a la Luna una primicia que tuvo mayor repercusión dentro que
fuera de las Fuerzas Armadas. Con el título Militares En Guardia
[Nacional] contaba que “el gobierno nacional contempla el reemplazo de
las Fuerzas Armadas por una Guardia Nacional, al estilo de Panamá y Costa Rica.
El planteo fue formulado por el Secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio
Pompeo, quien bajo la dependencia de Gustavo Lopetegui dirige en la jefatura de
gabinete la Secretaría de Asuntos Estratégicos” creada por decreto sobre el
modelo de la asesoría de seguridad nacional de Estados Unidos. Pompeo es uno de
los funcionarios más próximos a Macrì y proviene del justicialismo, como Ramón
Puerta, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Miguel Pichetto. Hoy es más
fácil de entender lo que allí se afirmaba y sus consecuencias. Al mismo tiempo
que desaparecen del papel moneda las Islas Malvinas, reemplazadas en el billete
de 50 pesos por un pájaro, se replantean las competencias, estructura y
organización de las Fuerzas Armadas. La conducción de los militares destinados
al operativo Frontera Norte, inaugurado el viernes 17 por el Poder Ejecutivo,
queda en manos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. De este modo, y
con un perverso recorte y pegatina de partes de distintas de leyes y decretos,
los militares son sustraídos de su misión primaria de Defensa Nacional y
degradados a fuerza auxiliar de las policías, pero no en forma excepcional y
con intervención del Congreso y el Comité de Crisis, como prevé la en teoría
vigente ley de seguridad interior, sino de modo permanente y sin control. La
histórica meta de actuación conjunta de las Fuerzas Armadas se invoca como
coartada para una nueva reducción de personal y para la desocupación de grandes
predios de alto valor inmobiliario en la periferia de las grandes capitales.
Horas antes de que Macrì
encomiara el despacho de un primer contingente militar a la frontera, la
Asamblea Popular de la Puna repudió la instalación de una Base Militar en La
Quiaca “con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la trata de
personas y el terrorismo” y señala que es consecuencia del “Acuerdo que firmó
el Gobierno Nacional en noviembre de 2016 con la Guardia Nacional de Georgia,
perteneciente al Ejército de los Estados Unidos”, que “incluye la subordinación
del Gobierno y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas argentinas a los
objetivos y al mando del Ejército de los Estados Unidos”.
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En 2017, cuando se firmó el
convenio, consignamos que el Programa de Asociación Estadual (The State
Partnership Program) iniciado en 1991 para asistir a las naciones surgidas del
extinto bloque soviético sin suscitar la suspicacia que hubiera producido la presencia
directa de los marines o el US Army cerca de la frontera de Rusia, se convirtió
en una herramienta clave para los intereses de seguridad de Estados Unidos y
los Comandos de Combate de sus Fuerzas Armadas, que así supervisan el proceso
político y obtienen mano de obra militar barata. Luego se expandió a
Latinoamérica y el Caribe.
“Además”, dice la Asamblea
Popular de La Puna, “establece la instalación de Bases Militares encubiertas en
áreas de recursos naturales estratégicos como Neuquén, Misiones y Jujuy, que
bajo la subordinación mencionada favorece a la diplomacia estadounidense para
coercionar sobre el actual y los sucesivos gobiernos nacionales con el fin de
obtener ventajas en la adjudicación de explotaciones de esos recursos. Por
último, habilita en territorio nacional, escenarios de intimidación militar y
abre la posibilidad de incursiones del Ejército Argentino bajo mando extranjero
en agresiones a países sudamericanos”.
El acto oficial se realizó
a metros de la frontera con Bolivia, nada menos que en el aniversario de la
muerte de San Martín.
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