Por
Batallas culturales del tarifazo
La frase del Presidente de la Nación referida a que “el tema
de las tarifas es el centro de la batalla cultural” supone no solo la
aceptación de la puja, de un enfrentamiento entre sectores e intereses en
disputa, sino la existencia de una lucha simbólica, eminentemente política, por
“ganar consciencias” y voluntades. Es lógico que para Macri esta tirantez, que
se expresa en el Congreso, las calles y en el humor social, suponga una pelea
de fondo dispuesta a quebrar los diques de contención de lo aceptable
socialmente. De esa lucha –y de las jubilaciones o de la reforma laboral—
provendrá, conjetura el PRO, la base de una legitimidad apta para arrasar con
el resto de las fortalezas sociales que se encargaron de edificar los
trabajadores durante un siglo.
Admitir que se trata de una batalla supone reconocer
contendientes, actores sociales que se encuentran en situación de antagonismo.
Por supuesto que siempre existió este pleito, pero su asunción pública por
parte del Presidente (subrayado con un latiguillo caro a la década
ganada, —batalla cultural—), funda un escenario menos dependiente del
maquillaje marketinero y, por lo tanto, más abierto a la confrontación
política. El gobierno vio en los últimos meses deshilacharse su maquillaje a un
ritmo paralelo al de su incapacidad de dar soluciones a los problemas que
prometió superar.
La política incluye consentir la existencia de modelos
contrapuestos, asumir que hay algo que los aparta: una fisura, una mínima
hendija o una profunda grieta. La nitidez creciente de la acción gubernamental
–ostensible por sobre cualquier disimulo u ocultamiento mediático— convierte
los colores iniciales de su arco iris en un brutal contraste cromático fundido
en blanco y negro, sobreexpuesto por rumores de impaciencia y cansancio
irritado. Algunos han denominado esa discrepancia visceral que cíclicamente se
pone sobre la mesa, a la vista de tod@s, como proyectos de país
opuestos, como lucha de clases, o simplemente como el
resultado de antagonismos epocales.
Lo cierto es que la contienda –siempre— termina por superar
cualquier fraseología acostumbrada al ninismo (ni esto ni
lo otro, es todo lo mismo) y se posiciona como una confrontación en el
territorio de la política. Ese es el predio donde los latiguillos como “la
unidad de los argentinos” y “los argentinos somos derechos y humanos” empiezan
a ser insípidos. Donde las convocatorias a superar la grieta se
transfiguran en antiguallas protoelectorales que dejan lugar a la irrupción de
un conflicto dispuesto únicamente para reducir el valor de la fuerza de trabajo
(eufemismo sustituido mediante el sambenito de costo laboral)
y la capacidad de pelea de quienes no pueden valorizarse en el mercado
financiero.
A grandes rasgos (estilizados), el conflicto se expresa en
términos de quienes buscan que el capital (lo denominan inversiones)
sea más rentable contra quienes pretenden compartir las mieles del desarrollo
social en términos un poco más equitativos. Ese conflicto tiene superficies
económicas, pero se entabla sobre bases y zonas culturales y simbólicas: se
trata de convencer a grandes mayorías acerca de la indefectibilidad de unos
aumentos de tarifas (cuyos beneficiarios son los más privilegiados). El
macrismo intenta reinstaurar la creencia –un upgrade de Rodrigo,
Martínez de Hoz, Menem y De la Rúa— sobre la inexistencia de alternativas por
fuera del esfuerzo abnegado de los trabajadores. En una rapiña cíclica, la
derecha argentina recurre desde los años ´70 a convocatorias sacrificiales que
auguran un paraíso de crecimiento que nunca llega. El mandato neoclásico exige
el costo ascético del sufrimiento como única garantía de acceso al reino de los
cielos, donde no es posible diferenciar claramente —en su letra chica—,
el inequitativo reparto de dicho sacrificio.
La energía como
territorio en disputa
La tensión política se desplaza a todos los campos, sobre
todo porque plantea interrogantes sobre el devenir. ¿Cuán lejos nos encontramos
del precipicio del 2001? ¿Son el mejor equipo? ¿Gobiernan para enriquecerse aún
más? Estas preguntas invaden la cotidianeidad de colectivos sociales que no
entienden mucho de la suba del dólar o de las LEBACs, pero sí comprenden las
externalidades de la inflación y el incremento de las tarifas. Los empresarios
del Foro por la Convergencia Empresarial, reducto condensado de uno de los dos
lados del mostrador –aliados de la batalla cultural declarada por Macri—
emergieron recientemente como adalides de la responsabilidad fiscal, a través
de un documento justificador del tarifazo. [1] Entre las justificaciones manifestadas,
demandaron “dejar de lado las especulaciones electorales y el afán de
confrontar con el Gobierno”, como si la batalla planteada desde el Ejecutivo
requiriese una rendición incondicional de quienes figuran del otro lado del
mostrador. “Te declaran la guerra y te acusan de irresponsable cuando intentas
defenderte”, murmuró un asistente a las reuniones de Comisión de la Cámara de
Diputados, donde se trató la última semana el pedido para retrotraer los
aumentos.
Algunos de los
integrantes empresariales de la infantería cultural macrista exigieron, a
través de un comunicado, “no apelar a recursos demagógicos que hagan retroceder
en el camino iniciado”. El trayecto iniciado al que hacían referencia se
traduce, en términos cuantitativos y sintéticos, a los siguientes guarismos
ejemplificadores: [2]
- La factura mensual de gas –de consumo
moderado— creció desde $158 a $1.234, entre 2015 y abril de 2018. Eso
supone un aumento del 681%. [3]
- Desde comienzos de 2016 los servicios
públicos, en el ámbito de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, se
incrementaron en un 920% en energía eléctrica y 683% en agua. [4]
- Un quinto (21%) del Salario Mínimo Vital y
Móvil actual de $9.500 por mes se destina a pago del consumo de servicios
públicos, monto que implicaba un 3 % en 2015. [5]
Su contraparte, en la
llamativa repartija de los panes y los peces, puede plasmarse en el siguiente
caso:
Pampa Energía, cuyo
accionista mayoritario y CEO es Marcelo Mindlin, controla al grupo EDENOR, la
Transportadora de Gas del Sur y otras empresas que intervienen en todas las
etapas del proceso energético. Edenor es la distribuidora y comercializadora de
electricidad más importante del país. Cuenta con el 20% de los usuarios de la
Argentina y el 18% de la demanda total de electricidad. Registró en 2017
ganancias por 5.576 millones de pesos. [6]
La batalla cultural es un
duelo por la legitimidad, la influencia y la imposición sobre la conciencia
social. Tiende a impactar en forma diferencial –con mayor o menor eficiencia—
sobre la base preexistente de creencias y la credibilidad que tienen los
variados voceros (en estos casos políticos, economistas, CEOs, dirigentes
sociales y periodistas) para con-vencer. El caso de Edenor/ Mindlin/Pampa
Energía es paradigmático para develar los intersticios de una beligerancia
simbólica que aún se expresa en territorios de la más absoluta credulidad,
desconocimiento e impunidad: Mindlin es el presunto comprador de la empresa
constructora de Mauricio Macri, adquirida por un monto de 770 millones de
pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, suma homóloga a la que blanqueó
gracias a una ley promovida por su vendedor, el Presidente de la Nación. [7]
Uno de los apotegmas de
los CEÓcratas es la eficiencia. En pos de ella se impulsan los incrementos de
tarifas y los discursos sacrificiales. Pues bien, EDENOR, que concentra la
demanda de un quinto de los usuarios argentinos, no se ha encargado de validar
empíricamente las razones esgrimidas por Macri para justificar los tarifazos.
El año que acumuló mayor cantidad de cortes eléctricos, según el informe de
OETEC, coincide con el récord de sus beneficios. Los baches de suministro superaron
largamente la etapa populista en la que había tarifas
reguladas y subsidios. Los cortes (en miles) de 2017 son el peor registro desde
2011. En 2015 cayó al 6,1% la cantidad de cortes respecto de 2014. En 2016, la
variación fue prácticamente nula. En 2017, (quizás) gracias a las ganancias
extraordinarias, los cortes aumentan un 8,5%. [8]
.
Del sacrificio a la legitimación confesional
La antropología política
describe desde hace 50 años los modelos de significación –elementos centrales
de la batalla cultural— que se utilizan para hacer política. [9] Uno de ellos es la apelación a lo
confesional, o a alguna forma de trascendencia que ubique la disputa en un
lugar ajeno a la brutalidad de la áspera y desnuda expoliación. Es habitual que
los poderosos fácticos apelen a un halo de legitimación sagrada a
la hora de imponer sus elementales intereses materiales. Este es el caso del
Foro por la Convergencia Empresarial que acudió presuroso en ayuda del
gobierno, avalado por instituciones confesionales que le dan soporte y densidad
religiosa a los insensibles tarifazos.
Entre los signatarios del documento del Foro figuran: la
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Alianza Cristiana de
Iglesias Evangélicas de la República Argentina, la AMIA y la DAIA. Consultado
para esta nota, el padre Marcelo Ciaramella, integrante del Grupo de Curas en
la Opción por los Pobres, señaló:
“De ninguna manera los que nos decimos cristianos podemos
estar a favor de un entramado de mentiras pergeñado con el único motivo de
enriquecer a una minoría, condenando a las mayorías a la angustia y la pobreza.
El proyecto de congelamiento de tarifas es urgente, pero es sólo un paliativo
para frenar los efectos devastadores de esta política despiadada, mentirosa y
agresiva. Es la misma lógica de la guerra, según el poeta Galeano: matar para
robar”. Ciaramella agregó: “El gobierno se ha propuesto una brutal
transferencia de riqueza hacia los sectores más concentrados de la economía que
—en muchos casos— coinciden con sus propias empresas o las de sus amigos. Para
tal fin han montado un relato falso y culpabilizador en el que la
responsabilidad de lo que pasa es de los consumidores o del gobierno anterior.
En nombre de la verdad nos hablan de una crisis energética
inventada (si hubiera realmente crisis, ¿por qué dejaron caer la producción de
petróleo?), estigmatizan los subsidios estatales —que en los países
desarrollados son una herramienta política válida y frecuente— y desatan aumentos
con una “urgencia” impostergable, en una especie de “vida o muerte”: o aumentan
las tarifas o se frena el desarrollo. Y lo más grave de todo
es que el “tarifazo” deriva en un deterioro inmediato del comercio o las Pymes,
y se convierte en una angustiante espada de Damocles sobre el pueblo más
humilde que tiene que elegir si compran alimentos o pagan tarifas”.
.
En referencia a los mismos avales confesionales, suscriptos
también por la AMIA y la DAIA, el Colectivo de Comunidades Religiosas e
Identidades Culturales por la Patria (integrado por cristianos católicos
romanos y evangélicos, musulmanes, judíos e integrantes de pueblos
originarios), manifestó su rechazo a quienes “se escudan en dichas identidades
para disponer una afrenta feroz contra toda forma de solidaridad, compasión y
fe en la comunión humana. Como integrantes de un colectivo en el que
privilegiamos los valores de solidaridad y amor a los humildes, nos vemos en la
responsabilidad moral de denunciar estas utilizaciones pseudo-religiosas que lo
único que buscan es justificar el beneficio de quienes detentan hoy el poder
económico y político”. Macri deberá asumir que la batalla cultural no tiene
límites. También se entabla en zonas sagradas.
La foto de apertura en blanco y negro fue tomada por Diego
Goldberg, en México, 1991. Imagen parte del proyecto “ La Cruz y la Espada”
sobre los 500 años del desembarco español en América.
[8] Observatorio de la Energía, Tecnología
e Infraestructura para el Desarrollo Soberanía y Seguridad Jurídica
Popular. http://www.oetec.org/nota.php?id=3202&area=1
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