jueves, 9 de febrero de 2012

Las verdaderas razones detrás del juicio contra Baltasar Garzón




El avance de políticas neoliberales y la marcada involución de derechos sociales y económicos coronada por el triunfo electoral de la derecha confluyen en castigar al juez de los Derechos Humanos que quiso investigar la dictadura de Franco.

El juicio al juez Baltasar Garzón y la búsqueda de justicia por los delitos contra la humanidad cometidos durante el franquismo llegan en un momento muy particular de España y de Europa en general. El avance de políticas neoliberales, la marcada involución de derechos sociales y económicos, se corona con un gobierno de derecha que a finales de 2011 ganó las elecciones españolas y llevó a Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno. El abogado argentino Carlos Slepoy, exiliado en Madrid desde 1975, integra el equipo jurídico que ha interpuesto una querella por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el franquismo. Tiempo Argentino dialogó con el letrado sobre cómo interpretar las verdaderas razones del juzgamiento a Garzón por prevaricato.

–¿Vinculá esta arremetida contra la figura paradigmática del juez Baltasar Garzón como parte de una ofensiva política en un contexto de crisis que apela a soluciones conservadoras y de mayor ajuste?

–Desde luego que tienen gran incidencia. El evidente y constante retroceso respecto de derechos y conquistas sociales, conseguidas con mucho esfuerzo y sacrificio por miles de personas, constituye un caldo de cultivo propicio para que los distintos poderes fácticos e institucionales, entre ellos las más altas instancias judiciales, compuestas en general por sectores conservadores, se sientan respaldados para aplicar políticas regresivas y adoptar resoluciones contrarias a derechos fundamentales, como son, en este caso, las relativas a los Derechos Humanos violados masivamente por la dictadura franquista.

–Política y socialmente existen sectores que han asumido un compromiso claro de movilización a favor de ponerle fin a la impunidad de los crímenes del régimen franquista. ¿Está expresiones tienen un potencial político estratégico?

–El peso fundamental en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo recae sobre las asociaciones de familiares, víctimas y represaliados, del mismo modo que sucedió en nuestro país y, en general, en todos aquellos en los que se cometieron crímenes similares. Al combatir la impunidad del franquismo ponen en evidencia y cuestionan las gravísimas falencias de la democracia española. Con ello efectivamente, en mi opinión, son expresión de un enorme potencial político...

–¿La estructura de la justicia en España sigue vinculada a un pasado fascista?

–La mayoría de los jueces que integran las cúpulas de la administración de justicia española juraron lealtad a los principios del movimiento nacional franquista y pertenecen, en muchos casos, a familias biológicas de altos dirigentes de la dictadura. Además han hecho su trayectoria profesional en el marco de una cultura de privilegios, desmemoria e impunidad. Sin duda que lograr una auténtica justicia democrática requerirá la remoción de estos jueces y su relevo por otros incontaminados de franquismo, como ocurrió en la Argentina con la sustitución de los miembros de la Corte Suprema. Será el primer paso. A partir de ahí, la tarea deberá alcanzar a las distintas instancias judiciales, tarea que, por cierto, aún nosotros tenemos pendiente en gran medida.

–¿Por qué considera que se ha tardado tanto tiempo en España en recuperar la memoria histórica de lo ocurrido durante el franquismo?

–Por una parte la dictadura duró 40 años y produjo el exterminio de múltiples grupos humanos: políticos, sociales, culturales, etcétera. Por otra, y como suele ocurrir en estos casos, las complicidades de un lado y los temores a una reinstauración dictatorial de otro, determinaron que se sellaran acuerdos de impunidad, cuya expresión legislativa fue la Ley de Amnistía. Esta ley fue suscrita y promovida lamentablemente por partidos políticos, como el Socialista y el Comunista, que tenían entre sus filas, en especial este último, decenas de miles de víctimas. Se creó de este modo un clima social propicio al olvido y la impunidad que, sin embargo, comenzó a revertirse hace unos diez años aproximadamente, cuando los nietos empezaron a buscar a sus abuelos en fosas comunes (más de 1000 detectadas hasta el momento) y cunetas y dieron origen a las asociaciones de la memoria histórica que han tenido una importancia trascendental en este proceso, ya indetenible a mi entender, de lucha por la justicia. No tengo dudas de que la impunidad del franquismo tiene los días contados.

–Está a cargo, junto a otros letrados, de varias presentaciones de familiares de víctimas del franquismo. ¿Cuántos desaparecidos o asesinados se han contabilizado hasta ahora?

–En las actuaciones llevadas a cabo por Garzón se calculan en 113 mil los desaparecidos y en 30 mil los niños secuestrados y privados de su identidad, sólo en el período 17 de julio de 1936 –fecha del comienzo del alzamiento militar contra la República– hasta finales del año 1951. No hay cifras definitivas de los asesinados y torturados que sin duda quintuplican, al menos, esas espeluznantes cifras en dicho período. A ellas hay que sumar las producidos a partir de 1952 y hasta el final de la dictadura, el 15 de junio de 1977, en que se producen las primeras elecciones libres, que son igualmente un altísimo número.

–Desde la Argentina, familiares de las víctimas han presentado demandas. ¿Cuál es la figura o el fundamento utilizado para cumplir con los objetivos de justicia?

–Nosotros hemos interpuesto la querella por el crimen internacional de genocidio o, subsidiariamente, por crímenes de lesa humanidad. No hay espacio en esta entrevista para que me explaye sobre la diferencia sustancial entre estos dos delitos (espero que tengamos otra oportunidad), pero en todo caso ambos constituyen crímenes contra la humanidad, imprescriptibles, inamnistiables, inindultables y perseguibles judicialmente por distintos tribunales del mundo en todo tiempo y lugar.

–¿Cuándo concluye el juicio por prevaricato al juez Baltasar Garzón?

–El juicio por investigar los crímenes del franquismo tiene prevista una duración de unas tres semanas desde que comenzó este 24 de enero. Sin embargo, son tan burdas las irregularidades procesales que se han cometido en la instrucción –incluido el descarado asesoramiento del juez instructor del Tribunal Supremo a los querellantes– que existe la posibilidad de que este martes próximo, 31 de enero, sean anuladas las actuaciones y se archive la causa. Si así no fuera se desarrollaría el juicio hasta su conclusión con la declaración de, Garzón en primer lugar y, en los subsiguientes, con la de distintos testigos. Por otra parte Garzón tiene abiertos otros dos juicios, uno de ellos también por prevaricato, se celebró hace dos semanas y está pendiente de sentencia, y en el otro, por cohecho impropio, se acaba de formular acta de acusación. Son tan disparatados estos procesos que acreditan la manifiesta intención de erradicarlo de la carrera judicial. <

La extrema derecha y la prensa española

–¿Puede clarificar qué son “Manos Limpias” y “Libertad e Identidad” y por qué la defensa de Garzón piensa aplicar la denominada Ley Botín?

–En cuanto a lo primero, se trata de dos ínfimos grupos de marcado carácter fascista, que son los que han promovido la querella contra el juez Garzón. La denominada doctrina Botín surge de una resolución del propio Tribunal Supremo que estableció que –no existiendo ni acusación fiscal ni acusación particular– como en este caso en que el Mº Público se opone firmemente a la prosecución de la causa y no hay particular querellante alguno, la llamada acusación popular que ejercen los dos grupos antes mencionados, no puede por si misma impulsar un procedimiento penal. Esta puede ser una de las causas por la cual se sobresea y archive la causa.

–¿Qué rol ha desempeñado la prensa española en el juicio a Garzón?

Desde luego la prensa de derecha –que es mucha en España– se frota las manos con el juicio a Garzón y quisiera ver enterrada toda posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo. A cambio, el también amplio espectro de la prensa que podríamos denominar genéricamente de centroizquierda se opone firmemente a los juicios contra Garzón.

Por Lidia Fagale