sábado, 1 de julio de 2017

Quién es aquel soldado que lloró a su General y se transformó en ícono de llanto de todo un país


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Durante 32 años, pocos supieron el nombre del protagonista de la fotografía que recorrió el mundo en 1974. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner pidió encontrarlo.
   
Cada aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, y a veces en otras fechas, la imagen vuelve a a circular, a publicarse, a difundirse, a recordarse: es la histórica foto aparecida en la revista Gente hace 43 años, donde se ve a un soldado que rompe en llanto ante el paso del féretro.
Ni Ki Chul Bae, el autor de la foto, ni el propio Roberto Andrés Vassie, por entonces conscripto del ejército, sabían que pasarían a formar parte de la Historia. Pero así fue: la imagen recorrió el mundo y quedó a través del paso de los años plasmada como un símbolo del amor del pueblo por su líder y la tristeza por su partida.
Pero durante más de tres décadas, casi nadie supo el nombre de este soldado. Fue recién en 2006 que el entonces presidente Néstor Kirchner pidió al ejército buscarlo para conocerlo e invitarlo a participar del traslado de los restos de Perón hasta el mausoleo de San Vicente, donde fueron llevados ese año desde el cementerio de la Chararita.
Hace tres años, cuando se cumplieron los 40 de aquellos acontecimientos que inmortalizaron su figura, el diario Tiempo Argentino consiguió entrevistarlo, pese a que Vassie es muy reacio a las apariciones públicas. Ahí el hombre recordó: "Te digo lo que yo sentí ese día: que perdíamos al líder, y que el país iba a perder muchas cosas. Y que se había perdido una buena oportunidad que teníamos de reconciliación, de crecimiento. No había tanta deuda, había mucha unión".
Y, más precisamente, contó cómo fue el momento de la foto: "Estuvimos hasta el momento que venía el cortejo fúnebre. Se sentían los cascos de los caballos. Y el grito Perón Perón. Era una cosa que te conmovía todo. Todos estábamos conmovidos. Con tristeza, con alguna lágrima. Después, cuando se acercó, ahí estallé. Justo fue cuando sacó la foto este muchacho".

Fuente: infonews

miércoles, 28 de junio de 2017

Armas químicas sirias de Trump afirma: Un castillo de naipes (House of Cards)


28 de junio de 2017
En la última temporada del drama de Netflix castillo de naipes, la administración del presidente ficticio Francis Underwood y el vicepresidente Claire Underwood, frente a una crisis política interna, utiliza un ataque con armas químicas fabricadas en Siria para declarar la guerra en el país.
En un caso de la política tras el arte, la administración Trump ha acusado al gobierno sirio de “preparación” para el uso de armas químicas contra la población civil. No se han presentado pruebas para respaldar la amenaza inventada.
El lunes, el secretario de prensa Sean Spicer declaró que los EE.UU. había “identificado las preparaciones posibles para otro ataque con armas químicas por el régimen de Assad que probablemente resultaría en el asesinato en masa de civiles, incluidos niños inocentes.” Si el presidente sirio, Bashar al-Assad “conductas otro ataque asesinato en masa usando armas químicas “, continuó el comunicado,‘él y su ejército va a pagar un precio muy alto’.
El embajador de Washington ante la ONU, Nikki Haley, agregó martes “El objetivo es en este punto no sólo para enviar Assad un mensaje, pero para enviar Rusia e Irán un mensaje ... que si esto sucede otra vez, le estamos poniendo sobre aviso.” en otras palabras, cualquier presunto ataque con armas químicas en Siria podría ser utilizada para justificar la guerra contra Irán y Rusia.
Presionado para fundamentar la alegación de la Casa Blanca, el portavoz del Pentágono Jeff Davis se negó a presentar pruebas. Dijo que la supuesta inteligencia era de “el pasado día o dos” y considerado “aeronave específica en un hangar específica, ambos de los cuales se sabe que se asocia con el uso de armas químicas.” Esto fue una referencia al campo de aviación Shayrat, que los EE.UU. apuntado con un ataque con misiles de crucero, el 6 de abril.
Algunos funcionarios militares dijeron que no tenían “ni idea” lo que la Casa Blanca se refería. funcionarios de defensa británicos dijeron que no habían visto la evidencia, pero apoyarían la escalada militar estadounidense independientemente intencionados que no les importa si las acusaciones son verdaderas o falsas.
La declaración de la Casa Blanca, seguido de un solo día de la publicación de un artículo detallado en Die Welt por el periodista ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh, el periodista que expuso la matanza de My Lai durante la guerra de Vietnam, lo que demuestra que las acusaciones utilizados por la administración Trump para justificar el ataque con misiles de abril de 6 en la Siria estaban totalmente de fundamento.
A partir de entrevistas de fondo con el personal militar y de inteligencia, Hersh escribió que la administración poseía ninguna evidencia para respaldar sus afirmaciones de que el gobierno sirio había lanzado un ataque con gas sarín el 4 de abril.
Las falsas acusaciones de un ataque químico y posterior bombardeo de la base aérea de Siria eran tan descarada que provocaron la oposición de dentro de las secciones del aparato militar / inteligencia. “Nada de esto tiene sentido”, Hersh citó a un oficial por el diario. “Sabemos que no hubo ningún ataque químico ...”
En ese momento, Trump estaba bajo una inmensa presión del Partido Demócrata y las agencias de inteligencia para cambiar a una postura más agresiva contra el gobierno sirio. Apenas unos días antes, el Comité de Inteligencia del Senado celebró una audiencia en la que se alegó que Trump había colaborado eficazmente con los esfuerzos de Rusia para socavar las elecciones de Estados Unidos 2016. Columnistas y expertos pintaron el presidente como poco más que un agente del Kremlin.
Pero todo eso cambió, al menos por unos días-después del ataque. Como Hersh dijo, “Los días siguientes fueron su mayor éxito como presidente. América se reunieron en torno a su comandante en jefe, como siempre lo hace en tiempos de guerra ... Un destacado presentador de televisión, Brian Williams de MSNBC, usó la palabra 'bello' para describir las imágenes de los Tomahawks lanzados están en el mar. En declaraciones a la CNN, Fareed Zakaria dijo: 'Creo que Donald Trump se convirtió en presidente de los Estados Unidos.' Una revisión de los 100 periódicos estadounidenses mostró que 39 de ellos editoriales que apoyan el bombardeo de sus secuelas, incluyendo la publicó The New York Times , Washington Post y el Wall Street Journal “.
En el momento, no hay noticias más importantes de Estados Unidos, incluso planteó la cuestión de si las alegaciones de la Casa Blanca eran creíbles. Simplemente fueron aceptados como buena moneda, lo que demuestra que el papel de los medios de comunicación como un órgano de propaganda para la guerra no había disminuido.
De hecho, Hersh fue incapaz de encontrar una fuente de noticias para publicar su artículo más reciente en los Estados Unidos. La historia también fue rechazada por la británica London revisión de libros , que publicó informes de investigación anteriores de Hersh, obligándolo a girar al periódico alemán.
Como demuestra la última “atrocidad” fabricado sirio -esta vez, supuestamente en “preparación” -nada ha cambiado en lo que se refiere a la disposición de los medios para servir como una caja de resonancia de la propaganda gubernamental.
Pero la aceptación de los medios de reclamaciones inventadas de la administración sobre las armas de destrucción masiva en Siria no puede ocultar el hecho de que son, de hecho, inventaron. En lo que se ha convertido en un procedimiento operativo estándar, la administración no ha intentado presentar una sola prueba, por lo que solamente las acusaciones más generales, que se espera que la población estadounidense de tragar entero.
Hace catorce años, el gobierno de Bush utilizó mentiras sobre las armas de destrucción masiva para iniciar una guerra en Irak que condujo a la muerte de millones. Ahora el gobierno de Trump, con el pleno apoyo de los medios de comunicación y toda la clase política, es el uso de las reclamaciones por igual fundamento para escalar una guerra que podría dar lugar a un intercambio nuclear entre los Estados Unidos y Rusia, el segundo mayor potencia nuclear del mundo.
Lejos de oponerse a la escalada de la guerra, el Partido Demócrata ha hecho de este su demanda central desde la elección de Trump y el foco de su oposición a su gobierno. En un artículo publicado este mes en Exteriores A suntos , Tim Kaine, compañero de fórmula de Hillary Clinton, se enunciaron los objetivos de la política exterior agresiva en que se basaba la candidatura de Clinton y se encuentran en el centro de la actual campaña histérica sobre la presunta “complicidad” de Trump con el presidente ruso Putin .
Kaine puesto en la picota la política exterior de la administración Obama, declarando que de Obama “falta de voluntad para intervenir por la fuerza a principios de la guerra civil de Siria vendrá a rondar los Estados Unidos en el futuro.” Él excoriated “respuesta displicente de Obama a los ataques cibernéticos de Rusia y su interferencia sin precedentes en el 2016 elecciones “, de concluir,‘Estados Unidos siempre debe enviar un mensaje claro a aquellos que significa estadounidenses daño: no se metan con nosotros’.
Como un artículo reciente en el Washington Post deja claro, había esperado que el gobierno de Obama para transferir el poder a un gobierno de Clinton que comenzaría inmediatamente la preparación de una gran escalada en Siria, lo que implica un posible enfrentamiento con Rusia. Sorpresiva victoria electoral de Trump interrumpida estos planes, que fueron muy avanzada. De ahí la ferocidad de los esfuerzos de los demócratas y los servicios de inteligencia para presionar Trump para llevar a cabo un cambio a una más agresivos y más anti-ruso-esfuerzos de política exterior que parecen estar teniendo éxito.
Las tensiones más profunda entre los EE.UU. y Rusia sobre Siria suponen un peligro existencial para la humanidad. La única manera de evitar la catástrofe a la que se precipita el sistema político de Estados Unidos es que la clase obrera para intervenir de forma independiente, sobre la base de su propio programa socialista, internacionalista y revolucionario.
Andre Damon

martes, 27 de junio de 2017

El ciberataque para el que nadie está protegido



Por NICOLE PERLROTH 26 de junio de 2017

Golan Ben-Oni es el responsable de sistemas informáticos en IDT, empresa que fue víctima de un avanzado ciberataque en abril. CreditJustin T. Gellerson para The New York Times

NEWARK, Nueva Jersey — En los últimos meses, Golan Ben-Oni ha sentido que grita hacia el vacío. El 29 de abril alguien atacó a su empleador, IDT Corporation, con dos ciberarmas que le fueron robadas a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés).
Ben-Oni, el director de información global del IDT, pudo repelerlas pero el ataque lo dejó consternado. En 22 años de lidiar con hackers de todo tipo, nunca había visto nada parecido. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Cómo pudieron evadir todas sus defensas? ¿Cuántos más habían sido atacados pero no estaban conscientes de eso?
Desde entonces, Ben-Oni ha expresado su preocupación llamando a cualquiera que lo escuche en la Casa Blanca, el Buró Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) y las compañías más importantes de ciberseguridad para advertirles sobre un ataque que aún podría estar dañando invisiblemente a víctimas por todo el mundo.
Dos semanas después de lo sucedido en IDT, el ciberataque conocido como WannaCry causó estragos en hospitales de Inglaterra, universidades de China, sistemas ferroviarios de Alemania e incluso plantas automotrices de Japón. Sin duda fue muy destructivo.

Sin embargo, lo que Ben-Oni atestiguó fue mucho peor y, con todas las miradas puestas en la destrucción causada por WannaCry, pocas personas se han fijado en el ataque contra los sistemas de IDT… y otros similares que seguramente se han producido en otros lugares.
El ataque a IDT, un conglomerado cuyas oficinas centrales tienen una gran vista del horizonte de Manhattan, fue similar a WannaCry en un sentido: los hackers encriptaron los datos de IDT y exigieron un rescate para desbloquearlos. No obstante, la exigencia del rescate solo fue una cortina de humo para ocultar un ataque mucho más invasivo que se robó las credenciales de los empleados.
Con esas credenciales, los hackers podrían haber circulado libremente por la red informática de la empresa, llevándose información confidencial o destruyendo los equipos.
Lo peor es que el ataque, que nunca antes se había reportado, no fue detectado por algunos de los productos de ciberseguridad líderes en Estados Unidos ni por los principales ingenieros de seguridad de las compañías tecnológicas más grandes ni por los analistas gubernamentales de inteligencia.
Si no hubiera sido por una caja negra digital que grabó todo lo que sucedió en la red de IDT, y por la tenacidad de Ben-Oni, el ataque pudo haber pasado inadvertido. Los escaneos realizados a las dos herramientas usadas en contra de IDT indican que la empresa no está sola. De hecho, las mismas armas de la NSA tuvieron acceso ilegal a decenas de miles de sistemas de cómputo en todo el mundo.
Ben-Obi y otros investigadores de seguridad temen que muchas de esas computadoras infectadas estén conectadas a redes de transporte, hospitales, plantas de tratamiento de agua y otros servicios. Un ataque a esas redes, advierte el experto en informática, podría poner en riesgo muchas vidas.
“El mundo está escandalizado con WannaCry, pero esto es una bomba nuclear en comparación con WannaCry”, dijo Ben-Oni. “Esto es distinto. Es mucho peor. Se roba las credenciales. No puedes atraparlo y está sucediendo frente a nuestros ojos”. Y añadió: “El mundo no está preparado para esto”.
Ataque al centro neural
En IDT, Ben-Oni se ha topado con cientos de miles de hackers de todo tipo de causas y niveles de habilidad. Según calcula, los negocios que trabajan con IDT experimentan cientos de ataques al día, pero quizá solo cuatro incidentes le preocupan cada año.
Sin embargo, ninguno se compara con el ataque sufrido en abril. Al igual que el ataque WannaCry de mayo, el realizado contra IDT fue hecho con ciberarmas desarrolladas por la NSA que fueron filtradas en línea por un misterioso grupo que se hace llamar Shadow Brokers, que se piensa que está integrado por ciberdelincuentes respaldados por Rusia, un infiltrado en la NSA o por ambos.
El ataque con WannaCry —que tanto la NSA como los investigadores de seguridad han vinculado a Corea del Norte— usó una ciberarma de la NSA; el ataque a IDT usó dos.

Las oficinas de la NSA en Fort Meade, Maryland. Decenas de miles de sistemas computaciones han sido "hackeados" con herramientas desarrolladas por esta agencia que fueron robadas en abril.CreditPatrick Semansky/Associated Press
Tanto en WannaCry, como en el incidente de IDT utilizaron una herramienta de hackeo que la agencia llamó EternalBlue. Esa aplicación se aprovechó de los servidores de Microsoft que no tenían las actualizaciones de seguridad para propagar automáticamente el programa malicioso de un servidor a otro, de tal manera que en 24 horas los hackers ya habían contagiado su ransomware a más de 200.000 servidores en todo el planeta.
El ataque a IDT fue un paso más allá: usó otra ciberarma robada a la NSA llamada DoublePulsar. La NSA la desarrolló para infiltrarse en sistemas informáticos sin activar las alarmas de seguridad. Eso permitió que los espías de la NSA pudieran inyectar sus herramientas al centro neural del sistema informático de un objetivo, llamado kernel o núcleo, que gestiona la comunicación entre el hardware y el software de una computadora.
En el orden jerárquico de un sistema de cómputo, el núcleo está en la cima, por lo que permite que cualquiera que tenga acceso secreto a él pueda tomar el control total de un equipo. También es un peligroso punto ciego para la mayor parte del software de seguridad, pues permite a los atacantes hacer lo que quieran sin ser detectados.
Luego los hackers activaron el programa de secuestro (ransomware) como una pantalla para cubrir su motivo real: un acceso más amplio a los negocios de IDT. Ben-Oni se enteró del ataque cuando una contratista, que trabajaba desde casa, prendió su computadora y se dio cuenta de que todos sus datos estaban encriptados y los atacantes exigían un rescate para desbloquearlos. Ben-Oni pudo haber supuesto que se trataba de un simple caso de programa de secuestro.
Sin embargo, le pareció peculiar. Para empezar, estaba perfectamente sincronizado con el sabbat. Los atacantes entraron a la red de IDT a las 18:00 en punto de un sábado, dos horas y media antes de que terminara el sabbat y por lo tanto un momento en que la mayoría de los empleados de IDT —el 40 por ciento de los cuales se identifican como judíos ortodoxos— estaban descansando. Además, los atacantes se infiltraron en la computadora de la contratista a través del módem de su casa, lo cual se le hizo muy extraño.
“Hay que entender que esto es, en realidad, una guerra: con la ofensiva de un lado e instituciones, organizaciones y escuelas del otro, defendiéndose de un adversario desconocido”.
GOLAN BEN-ONI, RESPONSABLE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN IDT
La especie de caja negra, un dispositivo de grabación de la red fabricado por la empresa israelí de seguridad Secdo, muestra que primero los atacantes se robaron las credenciales de la contratista. Se las arreglaron para evitar todos los mecanismos de detección de seguridad con los que se encontraron. Finalmente, antes de salir, encriptaron su computadora con un programa de secuestro y le exigieron 130 dólares para desbloquearla. Así encubrieron el ataque, mucho más invasivo, que habían realizado en su computadora.
Ben-Oni calcula que ha hablado con 107 expertos e investigadores de seguridad sobre este ataque, incluyendo a los directores de casi todas las principales compañías de ciberseguridad y los jefes de inteligencia contra amenazas de Google, Microsoft y Amazon.
Con excepción de Amazon, que encontró que algunas de las computadoras de sus clientes habían sido escaneadas por la misma computadora que atacó IDT, nadie había visto ningún rastro del ataque antes de que Ben-Oni les avisara. “Comencé a sentir que éramos el conejillo de indias”, dijo. “Pero lo grabamos”.
Desde el ataque a IDT, Ben-Oni se ha puesto en contacto con muchos de sus contactos para advertirles de un ataque que aún podría estar sucediendo, sin ser detectado, a través de los sistemas de las víctimas. “Se está acabando el tiempo”, dijo Ben-Oni. “Hay que entender que esto es, en realidad, una guerra: con la ofensiva de un lado e instituciones, organizaciones y escuelas del otro, defendiéndose de un adversario desconocido”.
‘Nadie se está haciendo cargo’
Desde que los Shadow Brokers filtraron las codiciadas herramientas de ataque en abril, los hospitales, escuelas, ciudades, departamentos de policía y compañías alrededor del mundo han tenido que arreglárselas por sí mismos para defenderse o protegerse ante las armas desarrolladas por el atacante más sofisticado del mundo: la NSA.
En marzo, Microsoft lanzó un parche para software con el fin de que los equipos pudieran defenderse de las herramientas de ataque informático de la NSA, lo que sugiere que la agencia le había avisado a la compañía. No todas las empresas lo instalaron a tiempo y fueron afectadas por WannaCry. Ben-Oni dijo que instaló los parches de Microsoft en cuanto estuvieron disponibles pero los atacantes lograron tener acceso al módem de la casa de la contratista de IDT.
Hace seis años, Ben-Oni se encontró con un empleado de la NSA en una conferencia y le preguntó cómo defenderse ante las amenazas cibernéticas actuales. El hombre le aconsejó “ejecutar tres de todo”: tres cortafuegos, tres antivirus, tres sistemas de detección de intrusión. Y así lo implementó.
Pero en este caso, los sistemas de detección y las actualizaciones no detuvieron el ataque a IDT. Tampoco lo hicieron con ninguno de los 128 proveedores de inteligencia contra amenazas públicamente disponibles a los que IDT está suscrito. Ni siquiera lo notaron los diez proveedores de inteligencia contra amenazas en las que su empresa gasta medio millón de dólares anuales por información urgente. Desde entonces ha dicho que podrían regresarles sus productos.
“A nuestra industria le gusta trabajar con problemas conocidos”, dijo Ben-Oni. “Este es un problema desconocido. No estamos preparados para él”.
No ha hablado con nadie que sepa si ha sufrido un ataque, pero ahora hay videos en YouTube que les enseñan a los criminales cómo atacar sistemas usando las mismas herramientas de la NSA empleadas en contra de IDT, y Metasploit, una herramienta de ataques informáticos automatizada, permite que cualquiera realice estos ataques con solo un clic.
Lo que es peor, dijo Ben-Oni, es que “nadie se está haciendo cargo”.
En mayo, él mismo le presentó un resumen al analista del FBI encargado de investigar el ataque con WannaCry. Le dijo que la agencia se había centrado en WannaCry y que, a pesar de que el ataque a su empresa era más invasivo y sofisticado, técnicamente era algo distinto, y por lo tanto el FBI no podía atender su caso. (El FBI no respondió a nuestras solicitudes de comentarios).
Así que Ben-Oni le ha dado seguimiento, en gran medida, por sus propios medios. Su equipo en IDT pudo rastrear parte del ataque a un teléfono Android personal en Rusia, y ha estado proporcionando sus hallazgos a Europol, la agencia europea con sede en La Haya.
“A nuestra industria le gusta trabajar con problemas conocidos. Este es un problema desconocido. No estamos preparados”.
GOLAN BEN-ONI, EXPERTO EN INFORMÁTICA
Las probabilidades de que IDT haya sido la única víctima de este ataque son pocas. Sean Dillon, un analista sénior en RiskSense, una compañía de seguridad de Nuevo México, fue de los primeros analistas de seguridad en escanear el internet en busca de la herramienta DoublePulsar de la NSA. Encontró decenas de miles de computadoras huéspedes infectadas, que los atacantes pueden usar a su antojo.
“Una vez que DoublePulsar está en el equipo, nada puede evitar que otro llegue y entre por la puerta trasera”, dijo Dillon. Es aún más preocupante que Dillon probó los principales productos antivirus contra la infección de DoublePulsar, pero 99 por ciento de ellos no pudieron detectarlo.
“Hemos revisado las mismas computadoras infectadas con DoublePulsar durante dos meses y no sabemos cuántos programas maliciosos hay en esos sistemas”, dijo Dillon. “En este momento no tenemos idea de qué ha sido infiltrado en estas organizaciones”.
En el peor de los casos, dijo Dillon, los atacantes podrían usar esas puertas secretas para desatar el programa maligno destructivo en infraestructura crucial, inmovilizar sistemas ferroviarios, causar apagones en hospitales o incluso paralizar los servicios de electricidad.
¿Podría avecinarse un ataque así? Los Shadow Brokers volvieron a salir a la luz en mayo, cuando prometieron un cargamento fresco de herramientas de ataque de la NSA e incluso se las ofrecieron a los suscriptores que pagaran mensualmente.
Ben-Oni está convencido de que IDT no es la única víctima y de que estas herramientas pueden usarse —y se usarán— para hacer mucho más daño. “Creo que esta situación es de vida o muerte”, dijo. “Hoy somos nosotros, pero mañana puede ser alguien más”.


viernes, 19 de mayo de 2017

El negociador de la política comercial de Estados Unidos tiene una nueva cara, Robert Lighthizer


El nuevo representante comercial de Estados Unidos juega con sus propias reglas
18 de de mayo de 2017
Como es bien conocido, Donald Trump quiere que la prensa no centrarse en lo que llama noticias “falsas” sobre sí mismo, sino en los logros de su administración. El 12 de mayo que amablemente twitteó un ejemplo: “China acaba de acuerdo en que los EE.UU. se nos permitirá vender carne de res y otros productos principales, a China una vez más. Esto es REAL noticias!”
Su primer acuerdo comercial era real, si se corta del “logro de Hércules” promocionado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross. Prometía agencias de calificación de crédito, compañías de pago y exportadores de carne nueva de acceso al mercado estadounidense de origen chino, y fijó un plazo para el progreso, del 16 de julio.
Partes del acuerdo carecen de detalles, por lo que todavía puede decepcionar. China ha estado ofreciendo desde 2006 para abrir su mercado a la carne estadounidense, pero con restricciones fuertes. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ya había dictaminado que las restricciones de China sobre las compañías de tarjetas de pago extranjera rompieron sus reglas. Y el titular chino está tan arraigada que las tarjetas de estadounidenses aún pueden luchar para competir.
Tal vez el Sr. Trump tomó la equivocada noticia “real”. Más importante para su agenda comercial fue la confirmación por el Senado el 11 de mayo de Robert Lighthizer como el nuevo representante comercial de Estados Unidos (USTR). Él va a importar mucho más por las relaciones económicas con China que un mini-acuerdo precipitada. Y ahora que está en su lugar, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) puede comenzar.
Incluso aquellos que no están de acuerdo con el Sr. Lighthizer admitir que él es inteligente y encantador. Tiene experiencia de las negociaciones comerciales bilaterales a partir de su tiempo como USTR adjunto de Ronald Reagan. Y, excepcionalmente dentro de esta administración, que sabe cómo trabajar con otros departamentos y el Congreso. “Todo el mundo en la barra de comercio Washington quería que confirmó porque querían la competencia”, dice Alan Wolff, del Consejo Nacional de Comercio Exterior, un grupo de presión empresarial.
Para aquellos alarmado por doblada proteccionista de Trump, la competencia del Sr. Lighthizer es escaso consuelo. La suya es la versión forense del nacionalismo económico del señor Trump, que considera a China como una amenaza militar mercantilista, permitido por las políticas de libre comercio de Estados Unidos. Su profundo conocimiento de la OMC, que codifica la relación comercial de Estados Unidos con China, significa que conoce las debilidades de la organización. Se puede ver, por ejemplo, que está mal equipada para hacer frente a la economía infundido por el estado de China, que se reproduce el exceso de capacidad industrial.
Sr. Lighthizer combina un conocimiento enciclopédico de las normas comerciales globales con una disposición a burlarse de ellos si no sirven a los intereses de Estados Unidos. En 2010 escribió que “una dedicación irreflexiva, simplista y servil al mantra de 'compatibilidad con la OMC' ... tiene muy poco sentido.”
Por lo menos, parece más interesado en romper las reglas existentes para adaptarse Latina que en soplar todo el sistema para arriba. Su éxito dependerá de cómo responden los demás. Es posible que necesite para tranquilizar a los muchos miembros de la OMC a sospechar de él, recordando por ejemplo, un discurso que dio en 2001, en la que, admitiendo que no tenía pruebas, sugirió que los miembros del jurado en los paneles de la OMC podrían ser “torcida”. Pero al igual que su jefe, el Sr. Lighthizer puede ser menos  interesados ​​en la reparación de las cercas que en las paredes del edificio.
Este artículo fue publicado en el Finanzas y economía sección de la edición impresa bajo el título "El negociador"


miércoles, 17 de mayo de 2017

Democracia y opresión en América Latina

                                                                                                                            May 15, 2017
  Por Carlos Ciappina
El sentido común asocia democracia a un conjunto de instituciones virtuosas per se, en las que el funcionamiento mínimo de las instituciones clave de una república (Parlamento, Poder Judicial y Poder Ejecutivo electo) garantizan legalidad y legitimidad a las acciones de los Gobiernos.
Esta caracterización mínima de la vida democrática es, en gran medida, resultado de la tradicional labilidad de las democracias latinoamericanas: una larga serie de golpes de Estado, dictaduras civiles, dictaduras militares, Gobiernos de excepción con instituciones clausuradas. Las formas del autoritarismo y las dictaduras han sido (y son) de una enorme variedad en América Latina. Frente a esta fuerte tradición antidemocrática, la tendencia ha sido considerar a los Gobiernos surgidos del voto popular como democracias, sin reparar ni profundizar sobre los alcances de esta caracterización.
¿Es incompatible el funcionamiento de las instituciones democráticas con una sociedad de inequidad y desigualdad creciente y aún de una opresión creciente? No necesariamente.
La experiencia histórica nos muestra que muchas de las sociedades y países de nuestro continente que se consideran democracias han convivido y aún profundizado procesos de inequiedad, desigualdad y opresión.
Un ejemplo paradigmático son los Estados Unidos de Norteamérica. Considerada por la mayoría de la literatura académica y también por los medios de comunicación masivos como “la primera democracia contemporánea”, su historia demuestra que opresión y democracia no son incompatibles: desde 1776 hasta 1865, la democracia norteamericana convivió con la institución social más opresiva de la historia, la esclavitud capitalista. ¿Funcionaban las instituciones “de la democracia”? ¿Había un Congreso, un Poder Judicial y un Ejecutivo que se turnaba en el poder? Claramente sí. Pero la democracia como tal no existía: ni las mujeres ni los esclavos eran parte de esa democracia. Todavía en 1965 (cien años después de la Guerra de Secesión y luego del triunfo de las “democracias” contra el fascismo en Europa), la población negra norteamericana no votaba y, en términos educativos, laborales y económicos, formaba parte de los actores sociales que vivían en la pobreza, la exclusión y el destrato punitivo. Hoy, en el año 2017, la situación es la misma.
La  Argentina, por ejemplo, desde 1862 hasta 1930 se vanagloriaba de tener, en América Latina, la estabilidad democrática de una república con división de poderes y alternancia política, aun entre partidos oligárquicos y partidos populares (UCR). Sin embargo, en ese orden “democrático” se desarrollaron por parte del Estado las campañas de exterminio indígena en la Patagonia y en el Chaco, las represiones de miles de obreros en Buenos Aires (Semana Trágica) y la Patagonia. En todos los casos, estas acciones y políticas del Estado fueron consideradas por el sentido común de la élite legales y legítimas.
Si nos acercamos en el tiempo, un caso paradigmático es el de Colombia. Entre 1958 y la actualidad, los Gobiernos civiles se han alternado en el poder cada cuatro años con una periodicidad perfecta. Mientras países como la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia  sufrían, de la mano de la Doctrina de la Seguridad Nacional, las dictaduras más terribles de su historia, Colombia se presentaba como una democracia con la alternancia de partidos conservadores y liberales. Sin embrago, las cifras de asesinados y desaparecidos no son, por desgracia, menores a las de las dictaduras pretorianas: 300.000 muertos y más de 60.000 desaparecidos dan cuenta de los alcances a los que llega la represión ilegal aun en marcos institucionales democráticos y republicanos.
La Venezuela del Pacto de Punto Fijo (1958-1998) fue señalada recurrentemente como un modelo de democracia para la América Latina de ese período. A diferencia del caso colombiano o de las dictaduras pretorianas, el Estado venezolano desplegó escasos niveles de represión legal y/o ilegal. Sin embargo, esa “democracia modelo” (con dos partidos que se alternaban en el poder, el socialcristiano y el socialdemócrata) se asentaba en un proceso creciente de profundización de la situación de pobreza y exclusión, que se volvía mucho más paradigmático si se toma en cuenta que en ese período la renta petrolera de Venezuela la transformaba en uno de los emporios del capitalismo mundial. Las cifras de esta democracia.
El México del Partido Revolucionario Institucional desarrolló un orden político que se autodenominaba democracia, con estabilidad institucional entre 1917 y el año 2000. No fue óbice para que, paulatinamente, se profundizara un sistema represivo que hasta se permitió el asesinato a plena luz del día de cientos de estudiantes universitarios (Tlateloco, 1968) sin que haya habido juicio ni condena; sin contar con el lento y sostenido proceso de pauperización campesina y obrera.
En la actualidad, la democracia mexicana es una institucionalidad que está totalmente permeada por el poder de los cárteles del narcotráfico, en donde las condiciones laborales y sociales se han desplomado de la mano de reformas económicas neoliberales. Decenas de miles de muertos y desaparecidos señalan la convivencia del sistema democrático con los modos de la represión ilegal, la articulación mafiosa y la genuflexión frente al capital transnacional.
 ¿Y la democracia argentina actual?    
Señalamos esta caracterización de la convivencia de las formas democráticas con procesos de represión masiva, de pauperización profunda y, al fin, de opresión política-social, porque este es precisamente el camino que viene recorriendo la Argentina en este período de su historia.
Conscientes de que recurrir a las Fuerzas Armadas y a los golpes brutales típicos de la tradición del siglo XX no tenía margen en la sociedad en general, la derecha argentina se aprestó a dar la batalla para triunfar, por primera vez, en un proceso eleccionario. A diferencia de las derechas latinoamericanas en el caso de Paraguay, Honduras y Brasil (y los intentos actuales de la derecha golpista venezolana), en nuestro país el cambio de signo político y la derechización se hicieron de la mano de una elección limpia y transparente. El Gobierno surgido de las urnas, sin embargo, considera esa legitimidad de origen y esa legalidad institucional como una muestra clara de su apego “democrático”. El problema es que el Gobierno de derechas confunde (y cada vez más) legitimidad de origen con legitimidad de toda acción de gobierno o sus instituciones afines.
De este modo, cada acción de gobierno o de las instituciones de la república es considerada democrática per se, sin analizar o dar lugar al debate sobre su contenido y sentido. El resultado de esta concepción de una democracia “congelada” en su legitimidad de origen (en el día del triunfo electoral y nada más) es precisamente la concepción que justifica medidas y acciones de gobierno que son, cada vez más, incompatibles con la vigencia de la democracia. Nos acercamos, aceleradamente, a las situaciones descriptas para el caso colombiano o mexicano.
Veamos algunos ejemplos:
  • El Gobierno argentino tiene una definida política de desconocimiento y negación de los derechos laborales. La muestra explícita de esa negación es su decisión de no respetar la ley y dejar de convocar paritarias nacionales en gremios claves (docentes).
  • En los primeros días de su mandato, el Gobierno tomó la decisión de “disciplinar” la protesta social y eligió como caso testigo a las/os líderes de la organización social Tupac Amaru. La detención de Milagro Sala es a todas luces arbitraria e ilegal, aunque haya sido hecha por instituciones de la república.
  • Este disciplinamiento del derecho a la protesta y el reclamo a las autoridades se profundiza con las represiones en situaciones como las de Cresta Roja y la brutal represión a docentes en plena Plaza de Mayo.
  • Tampoco debe dejarse de lado la toma inconsulta e indiscriminada de deuda externa (cifras que auguran crisis y privaciones para las generaciones futuras) y el pago al contado a los especuladores que apostaron contra el propio país (los llamados fondos buitre) en detrimento del uso de esos recursos para áreas como educación, salud o desarrollo productivo.
  • Finalmente, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que es un Poder de la democracia) que acepta la utilización del 2×1 en los casos de represores condenados por crímenes de lesa humanidad (lo que podría liberar anticipadamente a genocidas mundialmente repudiados) abona y es resultado a la vez de este “clima de época” de retroceso democrático en el país; retroceso que los dichos y acciones xenófobas, machistas y racistas de varios miembros del actual Gobierno no dejan de profundizar.
La democracia en América Latina está en riesgo. La expresión que asimila cualquier medida de las instituciones republicanas con la idea de que se hacen en democracia es, por lo menos, un error conceptual grave, y por lo más, una estrategia de las derechas para volver legales y legítimas medidas que vulneran los principios más elementales del juego democrático.
No alcanza con votar cada dos o cuatro años, no es suficiente con que funcionen más o menos bien los Parlamentos y el Poder Judicial. Una verdadera democracia no existe sólo en las formas, sino en los hechos. La pauperización, la explotación laboral y la exclusión social, la represión sistemática y la liberación de genocidas con artilugios legales son, en todos los casos, señales profundas de retroceso democrático y la única forma de modificar esa situación es profundizar los grados de participación popular y no resignar ninguno de los derechos que el pueblo posee como soberano absoluto en un orden democrático.  



La miseria del mejor oficio del mundo


 En toda Iberoamérica las planillas de los principales medios se achican y los despidos están a la orden del día. CreditGetty Images
SANTIAGO DE CHILE — A comienzos de este siglo tres periodistas realizaron, sin saberlo, el mismo proyecto: vivir entre seis meses y un año con el sueldo mínimo, “disfrazándose” de obreros manuales, camareros, lavaplatos, limpiadores.
El colombiano Andrés Felipe Solano publicó Salario mínimo; la estadounidense Barbara Ehrenreich, Por cuatro duros y la francesa Florence Aubenas, El muelle de Ouistreham. En los tres se detalla en primera persona cómo afecta al cuerpo, al ánimo y a la calidad del trabajo el vivir con tan poco, el no tener margen económico para decir ‘no’, el estar permanentemente sujeto a los caprichos del jefe, el comer mal y matarse corriendo detrás de una liebre que siempre corre más rápido.
Hoy los periodistas no necesitamos disfrazarnos de nada para tener la experiencia de vivir con el sueldo mínimo. Y el aprendizaje de las dificultades psicológicas, mentales y físicas de vivir con muy poco que plantean esos libros ahora llega a nuestro gremio y afecta el periodismo que hacemos.
En Hispanoamérica, los sueldos de los periodistas nunca fueron para tirar cohetes, pero con la crisis económica y la crisis de los modelos de negocios de los medios provocada por el auge de internet, la situación se ha deteriorado de manera alarmante.
Hace algunas semanas, el sindicato español CNT publicó un informe alertando sobre la caída de los pagos de medios de España a sus colaboradores. La agencia oficial EFE paga en promedio un poco menos de 20 dólares por crónica o reportaje. El diario El Mundo paga 76 dólares por un artículo para la web; El Economista, casi cien dólares por el contenido que llena una página. Y así en casi todos.
Es menos que lo que se paga por jornada de trabajo en la construcción o la limpieza de edificios. Si se calcula lo que un periodista cuidadoso debe emplear en la confección de un reportaje bien investigado, escrito, editado y chequeado, debería pagarse al menos 200 dólares para que sea compatible con el sueldo mínimo, que en España es de 825 euros (900 dólares) mensuales por 172 horas de trabajo.
En América Latina la situación no está mejor. Los autores famosos ganan más, pero para un periodista que se está abriendo camino, se paga entre 50 y 100 dólares por reportajes o crónicas de unas mil palabras (el tamaño de esta columna).
Cada vez se viaja menos y los hechos que suceden fuera de los centros del poder quedan sin cubrir, bajo un manto de silencio, no debido a la represión y las amenazas de los lobos autoritarios (que también padecemos) sino a la falta de dinero para contar las noticias.
Según un reciente estudio, los periodistas novatos de Colombia cobran un promedio de 400.000 pesos colombianos (136 dólares). Un sueldo medio para los que comienzan raya los 682 dólares. En países con alta inflación como Argentina o en economías deprimidas como las de Centroamérica es un sueño conseguir que paguen 100 dólares por un artículo.
Helena Calle, una joven periodista de Bogotá, calculó su ganancia mensual en “900.000 pesos (307 dólares) por ser periodista, ghost writer, transcriptora, traductora, community manager, contadora, vendedora y asistente editorial. Los jóvenes somos muy baratos”, concluye Calle, “y la mayoría de las empresas tienen filas y filas de practicantes, chicos y chicas recién desempacados de las facultades de comunicación”. Consulté a una decena de periodistas veinteañeros en seis países y las respuestas fueron muy parecidas.
Ante la inestabilidad y angustia del freelance, muchos ven la obtención de un empleo fijo como un sueño realizado. Pero también ha desmejorado la situación de los periodistas “de planta”: según la Asociación de la Prensa de Madrid los sueldos han caído un 17 por ciento en el último lustro y más de la mitad de los empleados de un medio ganan menos de 27.000 dólares al año.
En toda Iberoamérica las plantillas de los principales medios se achican y los despidos están a la orden del día. En Argentina, un conglomerado tan potente como Editorial Atlántida acaba de despedir a 25 trabajadores. En el último año, el poderoso diario Clarín despidió a 180 trabajadores de la redacción y 270 de su planta de impresión. Y otros medios se han sumado a esta tendencia.
Así expresaba el clima general el periodista argentino Juan Pablo Csipka: “Yo me siento un sobreviviente. El llegar y que te digan: ‘No, a partir de mañana no vengas más’ como espada de Damocles. En estas condiciones es que se reclama mayor excelencia y calidad, recargando labores de treinta personas sobre las espaldas de diez”.
La periodista mexicana Cecilia González, corresponsal de la agencia Notimex en Buenos Aires, lleva la cuenta del desastre en su país de adopción: “El año pasado, según el Foro de Periodismo Argentino, perdieron su trabajo 1499 periodistas o trabajadores de medios de comunicación. Otras organizaciones gremiales elevan la cifra de despidos a entre 2500 y 4000”.
Sin embargo, en este panorama preocupante sigue existiendo un vivero de jóvenes entusiastas que quiere entrar en “el mejor oficio del mundo”, como decía Gabriel García Márquez. Ellos buscan referentes y modelos fuera de los medios tradicionales.
Un ejemplo son los periodistas jóvenes que fundan nuevos medios digitales, donde tratan de implementar un nuevo modelo de negocio con independencia, creatividad y vigor narrativo. En los últimos premios de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) fueron estos medios, como El Faro de El Salvador o La Silla Vacía de Colombia, los que se llevaron los principales galardones. Medios nuevos como estos atraen a un público cansado del periodismo tradicional y contratan a jóvenes ansiosos de vivir de lo que aman y contar sin cortapisas.
Recientemente, Ignacio Escolar (41 años), el director de uno de estos medios —eldiario.es de Madrid—, inauguró el año académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. “La gran amenaza del periodismo ya no es cómo se investiga, se escribe o se publica, sino cómo se paga”, les dijo Escolar a un centenar de chicos de entre 18 y 20 años.
Escolar comenzó eldiario.es con 12 periodistas y el presupuesto de su primer año era menos que lo que costó la fiesta de lanzamiento del anterior medio que dirigió, un diario en papel. Hoy tiene más de 60 y cuatro cabeceras en las principales ciudades españolas.
¿Qué futuro le espera a los estudiantes que lo escuchaban? En sus preguntas se notaba el entusiasmo pero también la inquietud. Al presentarlo, Mónica Rincón, la periodista chilena de CNN comenzó citando a Eduardo Galeano: “Sueñan las pulgas con comprarse un perro…”.
En la sala abarrotada, los alumnos de periodismo sabían perfectamente a qué se refería.

Roberto Herrscher es profesor de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y director adjunto de la maestría en Periodismo de la Universidad de Barcelona y Columbia University. Su libro más reciente es "Periodismo narrativo".
 Por ROBERTO HERRSCHER                               13 de mayo de 2017

viernes, 12 de mayo de 2017

DEJARON UNA BOMBA Y SE ACABÓ LA FIESTA:


Rosa va al supermercado y comenta -"No se pueden creer los precios, los k dejaron una bomba". El tachero te mira fijo por el retrovisor -"La calle está vacía, es que dejaron una bomba". Tu amiga, limpiándose las manos con el repasador te dice: -"y qué querés nena, el problema es que se acabó la fiesta".
¿QUÉ ES LA CREACIÓN DE SENTIDO COMÚN?:
Son afirmaciones vacías de datos, dadas como verdades absolutas emitidas por los medios de comunicación que no resisten el menor desgrane. -¿A qué te referís con bomba, si los k no tomaron deuda? Es más, el país se desendeudó como nunca en la historia. ¿"Fiesta"? ¿comer era una fiesta? irte de vacaciones?, o sea que votaste a alguien que no te dé esos beneficios porque los crees una fiesta?
"CHORRA, DEVOLVE LA PLATA"
¿Cuál plata? ¿En qué cuenta de qué paraíso fiscal la tiene?¿Tiene plata no declarada?
"SI EN TU CASA GASTAS Y GASTAS, EN ALGÚN MOMENTO PAGÁS":
Querés decir que emitíamos dinero en falso? ¿Cómo puede ser que hoy emitamos más dinero que antes y no haya ninguna fiesta?, ¿que hoy en 10 meses nos endeudamos más que en 4 años de dictadura y no hay fiesta?, ¿Cómo puede ser que esta "bomba" explote solo para una mitad pero alcance para que haya la fuga de divisas más grande de los últimos 6 años?.
Pero hay una, la madre de las preguntas, la que los monopolios y medios NO quieren que te hagas:
¿DE DONDE SALÍA EL DINERO QUE HOY FALTA?:
Salía de impuestos a los monopolios rurales, bancos, a los bienes personales de millonarios (dueños de los medios de comunicación) y mineras, y que ahora, se fugan a cuentas en el exterior. Impuestos. Que vos seguís pagando y ellos no.
Estas palabras o frases vacías de datos no son al azar: Son escenarios simbólicos y tienen una doble función: Se viralizan rápidamente porque son conocidas por todos, son cotidianos, simples, domésticos, cortos, imágenes fuertemente visuales; y brindan una seguridad: el interlocutor no preguntará a qué se refiere con "bomba" o "fiesta" porque claro; TODOS SABEMOS QUE ES UNA FIESTA O UNA BOMBA, así logran esconder la pregunta fundamental ¿De dónde salía el dinero que hoy falta?
Esas palabras "bomba, fiesta" son el éxito del NO debate, de la no charla, del no conocimiento. Es el éxito de la "verdad" envasada, y enlatada por las propias manos de Magnetto y los grupos concentrados, que entregan a los televidentes como si fueran coche bomba, directo a tu mesa. Hoy militar es repreguntar, recuperar el debate que la palabra "bomba" "fiesta" "chorra" pretende quitarnos.

(Fx Florencia, Lic en psicología. UBA)

Excelente, felicitaciones FLorencia!

lunes, 8 de mayo de 2017

Los complotados - Ego me absolvo


El fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica. Las movidas previas de Bergoglio y de la Corte que prepararon el terreno. Las negociaciones con Elena Highton para que siga en su cargo luego del límite constitucional de 75 años. El voto de la nueva mayoría oficialista y el operativo de autoabsolución del episcopado, dos monumentos a la hipocresía.

















.La nueva mayoría, Rosenkrantz, Highton y Rosatti: el nivel de una Cámara de Casación. 

Los esfuerzos del gobierno por simular que está molesto con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reducir la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad porque perturba su política de Derechos Humanos chocan con los datos duros que rodean el fallo del miércoles pasado. 
El 20 de marzo el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por esos delitos, en una gestión impulsada una vez más por la infatigable Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy presidida por un argentino. El gestor de la presentación a favor de los represores fue Siro de Martini, asesor jurídico del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. Los nexos habituales de Avruj con Bergoglio fueron el sacerdote Guillermo Marcó; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, y el tesorero de la DAIA cuando Avruj era su director ejecutivo, Alberto Zimerman. A través de Marcó, que era el vocero de Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires se reunía con Avruj. 
La decisión fue firmada por los tres jueces que deben su cargo al presidente Maurizio Macrì: los dos que designó por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y aquella que permanecerá en su cargo más allá del límite de 75 años que marca la Constitución Nacional, por voluntad tácita del Poder Ejecutivo. El gobierno nacional estaba en negociaciones con Elena Highton de Nolasco para solicitar el nuevo acuerdo que establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, pero el senador transgénero Miguel Pichetto hizo saber que su bancada no la votaría. Highton consiguió entonces la medida cautelar de uno de los jueces más políticos del fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico. Mientras Avruj volaba a Washington para realizar la gestión ante la CIDH, el diario La Nación en su editorial del 16 de marzo consideró “incomprensible” que el Estado nacional no haya apelado esa decisión. Esto sólo fue una sorpresa para quienes desconocían la negociación previa. Highton es desde entonces tan deudora de Macrì como Rosenkrantz y Rosatti, y a menor costo porque no hubo escrutinio público, como hubiera ocurrido de seguirse el procedimiento del decreto 222/03.
Este fallo debe considerarse en conjunto con otros tres que en los últimos meses marcaron el perfil de la nueva Corte:
Villamil: los reclamos civiles por daños y perjuicios no son imprescriptibles como sí lo es la persecución penal.
Fontevecchia: las decisiones de la Corte Suprema tienen preminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Alespeiti: para negar una prisión domiciliaria a un geronte hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.
En los cuatro casos Rosenkrantz formó parte de la mayoría, con socios cambiantes: tres veces Highton, dos Rosatti y Lorenzetti, una Maqueda.
Esto sugiere un nuevo eje de poder, desplazado de Lorenzetti a Rosenkrantz. El abogado del Grupo Clarín es el hombre fuerte del tribunal.
Los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos muestran que tanto el nuncio apostólico de aquellos años, Pío Laghi, como la dirigencia de la DAIA pedían al gobierno de Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el gobierno no era antisemita y que Jacobo Timerman estaba detenido por manejar dinero del terrorismo, cosa que ni la llamada justicia militar pudo establecer. 
En sincronía con el fallo de la Corte Suprema, el episcopado católico puso en marcha su enésima tentativa por la denominada reconciliación y una vez más dijo y se desdijo ante la reacción que provocó el obsceno show montado en La Montonera, que es la quinta de Pilar donde se reúnen. Uno de los objetivos de la desclasificación de documentos del Vaticano es mejorar la imagen de Laghi, como dieron a entender el monseñor de la secretaría de Estado, Giuseppe Laterza, y los obispos argentinos Mario Poli y José María Arancedo. El acuerdo del gobierno con la Iglesia incluyó la designación de un nuevo obispo castrense, luego de una vacancia de doce años. El nuevo titular de esa diócesis personal, Santiago Olivera, dijo que “los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia”, argumento especioso que retomó en su voto el juez Horacio Rosatti, de buena relación con el Opus Dei.
Hipocresía permanente
En el voto de la nueva mayoría de la Corte Suprema es sorprendente la primacía de su intención política por encima de la calidad del razonamiento jurídico. Los tres sostienen que la ley penal más benigna no puede excluir a los autores de ningún delito, aunque fueran crímenes de lesa humanidad, como si alguna vez las víctimas o el Estado hubieran pretendido excepciones. Por el contrario, todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se realizó siguiendo los procedimientos y leyes ordinarios y con las mayores garantías para los imputados. Por ejemplo, ni querellantes ni fiscalías pidieron nunca que se aplicara el agravamiento de las penas contenido en el Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional, que fue incorporado aquí por la ley 26.200/06. Y cuando se aumentaron las penas para casos de privación ilegal de la libertad y alteración de estado civil de los chicos robados, tanto las querellas como el ministerio público fiscal solicitaron la aplicación de la ley vigente en el momento del hecho, cuyas penas eran menores. Esto se puede verificar incluso en la condena a Muiña, que ya se benefició durante el proceso con la ley penal más benigna. La extensión indebida de los procesos se debe a las demoras causadas por las leyes de impunidad y por la desidia judicial para avanzar con los procesos, reproche que le cabe en primer lugar a la propia Corte Suprema de Justicia, que ha sido el tapón que permitió que muchos represores murieran impunes, porque no llegó a confirmar las condenas impuestas por los tribunales de juicio. Como la Corte demora el tratamiento de estas causas terminadas, la prisión preventiva se extiende y luego el mismo tribunal alega su desidia como justificación para devolver a las calles antes de tiempo a los autores de gravísimos delitos. Si el criterio de la nueva mayoría se aplicara a los casos de apropiación de chicos reduciría la escala penal a su formulación originaria (de 3 a 10 años y no de 5 a 15 según se modificó después) con lo cual todos los condenados o procesados futuros por ese delito recuperarían la libertad. Esto angustia a sus víctimas, jóvenes de entre 34 y 41 años que hace poco dejaron de sufrir esa opresión y recuperaron su identidad y que ahora viven con terror la posibilidad de cruzarse en la calle con sus apropiadores.
Lo que las víctimas sí han exigido siempre es celeridad del Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes y de los jueces para realizar los juicios en plazos razonables. Un aspecto asombroso del fallo es que buena parte de su razonamiento se refiere a los delitos permanentes, pero en ninguna parte del texto se explica qué tiene que ver con el caso del represor Luis Muiña, que pidió la aplicación del 2x1. La mayoría afirma que la desaparición forzada de personas es un delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Pero Muiña no fue condenado por desaparición forzada (en cuyo caso la pena no hubiera sido de 13 años) sino por privación ilegal de la libertad de cinco personas cuyo destino o paradero sí fue establecido, cosa que los jueces pasan alegremente por alto. Las cinco víctimas estuvieron privadas de su libertad entre noviembre de 1976 y enero de 1977.
Con independencia del delito de que se trate, del robo de gallinas al homicidio, sea o no de lesa humanidad, carece de razonabilidad aplicar a un detenido una ley sancionada después de que cometió el crimen y derogada antes de que fuera privado de su libertad, salvo que por la naturaleza de esa ley, implique un cambio de la valoración social sobre la gravedad de ese delito. Por ejemplo, el avenimiento, que hasta 2012 liberaba de pena a un violador si la víctima lo aceptaba como esposo. Con la nueva sensibilidad hacia los derechos de la mujer, eso es inimaginable. Ésa era una ley penal más benigna que la sancionada hace cinco años. En cambio la ley que entre 1994 y 2001 dispuso el cómputo doble por cualquier delito del tiempo transcurrido en prisión preventiva más allá de los tres años, fue un dispositivo de excepción dirigido a descomprimir una situación explosiva en los penales de todo el país por la morosidad de los procedimientos judiciales. Por su naturaleza era una ley transitoria, que no implicaba ninguna evolución o involución social respecto de la gravedad de un delito determinado. 
Superada la excepción (al menos así lo entendió el legislador al derogarla) es disparatado aplicarla como ley penal más benigna a delitos cometidos antes de su vigencia y juzgados después de su caducidad. Por otra parte, las reiteradas alusiones a la igualdad jurídica y a la moral constituyen la forma más perversa de ocultar la desigualdad real y de falsear los hechos. Esto es típico de las clases dominantes argentas, que en la Constitución de 1957 codificaron todos los derechos sociales que los golpistas de 1955 suprimieron. La cumbre se alcanza en el voto de Rosatti, quien no se metió como sus colegas en el berenjenal del delito permanente, cuando expone un supuesto dilema moral. Los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana y el régimen durante el cual se perpetraron descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos, dice. Pero un Estado de Derecho “no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes” ya que “de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado”, agrega, creando una falsa dicotomía.
No es cierto que este beneficio deba concederse a los autores de crímenes de lesa humanidad porque también beneficia a los de delitos comunes, sino todo lo contrario. Debido a las leyes de impunidad y a la reticencia judicial para avanzar contra agentes civiles o militares de la dictadura, la ley del 2x1 ya no es aplicable a ningún autor de delitos comunes. No quedan ni siquiera homicidas sin condena firme, que hayan estado privados de la libertad más de tres años en aquella época, ni hablar de procesados. De modo que en realidad este fallo crea una categoría especial de detenidos, a los que se beneficia por encima del resto. Esa es la intención política, una vez despejada la hojarasca leguleya de segunda marca. Ojalá esta decisión no desate una nueva ola de motines carcelarios en demanda de iguales beneficios.
También es llamativo que la Corte Suprema se reduzca a un análisis de leyes penales y procesales, sin la menor referencia a la dimensión constitucional del caso, que es el terreno en el que se esperaría su aporte. En ese sentido parece más un fallo de Casación que de Corte Suprema. Por falta de análisis constitucional omiten la armonización de la ley penal más benigna con el principio de proporcionalidad  “de manera que  no se haga ilusoria la justicia penal”, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de la Rochela cometida en Colombia. Ese fallo fue mencionado en una declaración del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, quien antes fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cantón se declaró de acuerdo con el voto minoritario de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad “se debe cumplir con los estándares específicos definidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La sanción y su cumplimiento también deben responder a esa obligación. La gravedad de los delitos de lesa humanidad requiere de una sanción proporcional, e igualar la sanción en estas violaciones con los delitos comunes, como decidió la mayoría de la Corte Suprema, ignora el carácter de lesa humanidad del delito y puede llevar a que no se cumpla con el principio de proporcionalidad”, dijo. El mismo fallo de la Corte IDH fue invocado por la fiscal Angeles Ramos para pedir que el 2x1 no se aplique al militar Víctor Alejandro Gallo, condenado a 15 años por la apropiación de Francisco Madariaga, hijo del dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Abel Madariaga. Y el fiscal general Pablo Parenti solicitó que tampoco se aplique al apropiador Salvador Norberto Girbone, porque a diferencia de Muiña continuó cometiendo el delito después de derogada la ley del 2x1. Pero además porque la ley del 2x1 es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad, según varias convenciones internacionales sobre Derechos Humanos y contra las Desapariciones Forzadas. Para la Corte interamericana, las penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. La fiscal Ramos cita otros fallos sobre casos de Guatemala, Venezuela y El Salvador, donde la Corte Interamericana dice que las penas para las más graves violaciones a los derechos humanos deben ser “adecuadas” y no constituir “una forma de impunidad de facto”. Al solicitar la inconstitucionalidad de la aplicación ultraactiva del 2x1, Ramos propicia que la Corte Suprema vuelva a pronunciarse sobre el punto, esta vez con mayor seriedad. La Corte Interamericana también dijo en el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, que “la respuesta de un Estado a la conducta ilícita de un agente debe guardar proporcionalidad con los bienes jurídicos afectados” y que “los Estados tienen una obligación general, a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, de garantizar el respeto de los derechos humanos protegidos por la Convención” y de perseguir conductas ilícitas que contravengan esos derechos. En dicha persecución “es necesario evitar medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. En este sentido, la regla de proporcionalidad requiere que los Estados impongan penas que verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad”. El Tribunal Oral Federal 5 se tomó pocas horas para rechazar el pedido de Girbone.
Dada la indiferencia de la nueva mayoría por el derecho constitucional y las convenciones internacionales, tal vez se podría invitar a los firmantes del fallo a un viaje en el mismo ascensor que trasladó a Carlos Mahiques hasta la Cámara Federal de Casación Penal. En este caso hasta un piso más abajo.

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El mate del olvido. El papa Bergoglio con la operadora eclesiástica en Télam, Silvina Oranges. 

El anuncio de la nueva ofensiva de los obispos para rescatar a sus feligreses castrenses, provino de su operadora habitual en la agencia de noticias del Estado, Télam, Silvina Oranges. En 2014 Oranges agradeció el premio Santa Clara de Asís como una caricia de Dios y “una palmada en el hombro” de sus delegados terrestres. En la misma ceremonia fueron premiados otros habituales operadores del episcopado, Ceferino Reato y Claudia Peiró. El artículo de Oranges del 1º de mayo se tituló “El episcopado recibirá a familiares de desaparecidos y de militares para encarar una reconciliación”. Al día siguiente, la oficina de prensa de la conferencia episcopal emitió un comunicado de “precisiones”. Decía que iniciaban un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar “con la escucha de algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad” pero que en la primera etapa “se limitará exclusivamente a la escucha de algunos testimonios y no al intercambio entre los participantes”. También decía que se trataba de un “proceso de largo aliento”, que continuará “durante las asambleas de los próximos años” y que recién “más adelante” se intentará realizar “un camino de diálogo entre los obispos en el marco de la cultura del encuentro y la amistad social”. Es el mismo tipo de globo de ensayo que lanza el gobierno nacional, con anuncios que instalan un tema y si la recepción no es la mejor, lo relativizan y de ser necesario hasta lo retractan en manifestaciones posteriores. Una de las invitadas, Graciela Fernández Meijide, dijo que lo que debía preocuparnos era la grieta social que dejó a un tercio de la población en la pobreza. No aclaró si debía interpretarse como una autocrítica por la catástrofe que provocó el gobierno de Fernando de la Rúa, del que fue ministra de Desarrollo Social, que dejó a más de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Luego de difundir fotos en La Montonera de la ex ministra, de la hermana de tres desaparecidos que sin embargo visita a los presos castrenses y de un general del Ejército, el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, aceleró la marcha atrás: “Ha habido un profundo malentendido”. Los obispos sólo querían “escuchar y hacer un examen de conciencia”. Agregó que para la Iglesia la reconciliación implica “memoria, verdad y justicia” y no impunidad. Es poco creíble que para escuchar testimonios sobre aquellos años, el episcopado necesite convocar a una sesión especial, cuando desde hace años ese material sobreabunda, tanto en las salas de audiencias de los tribunales como en libros y medios de prensa.

Ojea Quintana, asumió como obispo auxiliar de Alcides Jorge Pedro Casaretto en 2009 y lo sucedió en 2012. Sus primos hermanos Esteban e Ignacio Ojea Quintana fueron secuestrados en abril de 1976 y marzo de 1977, a sus 21 y 23 años y nunca reaparecieron. La madre de ambos hizo una donación al obispado de San Isidro, con parte del dinero recibido como indemnización, y preparó dos placas para colocar en la catedral. Casaretto admitió el dinero y las placas con los nombres de ambos detenidos desaparecidos pero no que se informara qué había ocurrido con ellos. La familia se negó a colocarlas. Casaretto y Bergoglio han sido los principales impulsores de la denominada reconciliación. A fines del siglo pasado, Beroglio acuñó el concepto de memoria o verdad completa, según reveló su interlocutor de entonces, el general Ricardo Brinzoni, y Casaretto promueve encuentros como el que ahora realizó la asamblea episcopal, con la idea falaz de que “cuánta más justicia aplicamos, menos verdad recuperamos”. A su juicio hay que privilegiar la verdad, porque es lo que calma el corazón de las madres. Este es un mito que no se sostiene en los hechos: nunca se obtuvo más información sobre los crímenes cometidos que por medio de los juicios. Claro que obligan a escuchar cosas desagradables, como la declaración del jefe del área militar de San Luis, coronel Miguel Angel Fernández Gez, quien contó que el entonces arzobispo Juan Rodolfo Laise le pidió que secuestrara a un sacerdote que se había casado. Laise fue citado por la justicia pero el Vaticano lo refugió en una diócesis italiana y nunca se presentó. 
Ya hace cinco siglos, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica fijó las condiciones para el sacramento de la reconciliación, la penitencia o el perdón: el reconocimiento de los errores, los pecados o los crímenes cometidos; su detestación o arrepentimiento y la búsqueda de posibles caminos de reparación. Hasta ahora sólo siguió ese rumbo el marino Adolfo Scilingo, quien purga en España una condena a diez siglos de cárcel. El episcopado sabe que nadie más ha cumplido con las condiciones que fija el catecismo, por lo que su insistencia es pura hipocresía.
La misma nota de Silvina Oranges informó que la asamblea episcopal establecería un protocolo para que víctimas y familiares directos puedan consultar los archivos del episcopado, de la nunciatura apostólica y del Vaticano. Pese a la bambolla que Bergoglio ha hecho sobre el tema, la desclasificación sólo cubre los pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos durante la última dictadura-cívico militar, pero nada sobre la promiscua relación de los obispos con el gobierno de entonces ni sobre la información que Pio Laghi dijo que miles de sacerdotes recibían en los confesionarios y capellanías. 
Las sucesivas audiencias que Bergoglio concedió a todos los dirigentes de organismos defensores de los derechos humanos que aceptaron su invitación para recibirlos en Roma, cuando en Buenos Aires ni les contestaba una carta, obraron como una cortina de humo mientras avanzaba con las gestiones a favor de la impunidad. Se aprovechó de la ingenuidad de esos compañeros que no están acostumbradas a los dobleces y las simulaciones. 
En mayo de 2010, como presidente de la conferencia episcopal, Bergoglio autorizó al obispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani a entregarle al gobierno nacional un pedido de amnistía firmado por los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, el general Santiago Omar Riveros, el comisario Miguel Etchecolatz, el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián, El Nabo Barreiro y más de un centenar de represores. El texto no incluía ni el reconocimiento de los crímenes, ni el arrepentimiento ni la promesa de enmienda.