viernes, 19 de mayo de 2017

El negociador de la política comercial de Estados Unidos tiene una nueva cara, Robert Lighthizer


El nuevo representante comercial de Estados Unidos juega con sus propias reglas
18 de de mayo de 2017
Como es bien conocido, Donald Trump quiere que la prensa no centrarse en lo que llama noticias “falsas” sobre sí mismo, sino en los logros de su administración. El 12 de mayo que amablemente twitteó un ejemplo: “China acaba de acuerdo en que los EE.UU. se nos permitirá vender carne de res y otros productos principales, a China una vez más. Esto es REAL noticias!”
Su primer acuerdo comercial era real, si se corta del “logro de Hércules” promocionado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross. Prometía agencias de calificación de crédito, compañías de pago y exportadores de carne nueva de acceso al mercado estadounidense de origen chino, y fijó un plazo para el progreso, del 16 de julio.
Partes del acuerdo carecen de detalles, por lo que todavía puede decepcionar. China ha estado ofreciendo desde 2006 para abrir su mercado a la carne estadounidense, pero con restricciones fuertes. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ya había dictaminado que las restricciones de China sobre las compañías de tarjetas de pago extranjera rompieron sus reglas. Y el titular chino está tan arraigada que las tarjetas de estadounidenses aún pueden luchar para competir.
Tal vez el Sr. Trump tomó la equivocada noticia “real”. Más importante para su agenda comercial fue la confirmación por el Senado el 11 de mayo de Robert Lighthizer como el nuevo representante comercial de Estados Unidos (USTR). Él va a importar mucho más por las relaciones económicas con China que un mini-acuerdo precipitada. Y ahora que está en su lugar, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) puede comenzar.
Incluso aquellos que no están de acuerdo con el Sr. Lighthizer admitir que él es inteligente y encantador. Tiene experiencia de las negociaciones comerciales bilaterales a partir de su tiempo como USTR adjunto de Ronald Reagan. Y, excepcionalmente dentro de esta administración, que sabe cómo trabajar con otros departamentos y el Congreso. “Todo el mundo en la barra de comercio Washington quería que confirmó porque querían la competencia”, dice Alan Wolff, del Consejo Nacional de Comercio Exterior, un grupo de presión empresarial.
Para aquellos alarmado por doblada proteccionista de Trump, la competencia del Sr. Lighthizer es escaso consuelo. La suya es la versión forense del nacionalismo económico del señor Trump, que considera a China como una amenaza militar mercantilista, permitido por las políticas de libre comercio de Estados Unidos. Su profundo conocimiento de la OMC, que codifica la relación comercial de Estados Unidos con China, significa que conoce las debilidades de la organización. Se puede ver, por ejemplo, que está mal equipada para hacer frente a la economía infundido por el estado de China, que se reproduce el exceso de capacidad industrial.
Sr. Lighthizer combina un conocimiento enciclopédico de las normas comerciales globales con una disposición a burlarse de ellos si no sirven a los intereses de Estados Unidos. En 2010 escribió que “una dedicación irreflexiva, simplista y servil al mantra de 'compatibilidad con la OMC' ... tiene muy poco sentido.”
Por lo menos, parece más interesado en romper las reglas existentes para adaptarse Latina que en soplar todo el sistema para arriba. Su éxito dependerá de cómo responden los demás. Es posible que necesite para tranquilizar a los muchos miembros de la OMC a sospechar de él, recordando por ejemplo, un discurso que dio en 2001, en la que, admitiendo que no tenía pruebas, sugirió que los miembros del jurado en los paneles de la OMC podrían ser “torcida”. Pero al igual que su jefe, el Sr. Lighthizer puede ser menos  interesados ​​en la reparación de las cercas que en las paredes del edificio.
Este artículo fue publicado en el Finanzas y economía sección de la edición impresa bajo el título "El negociador"


miércoles, 17 de mayo de 2017

Democracia y opresión en América Latina

                                                                                                                            May 15, 2017
  Por Carlos Ciappina
El sentido común asocia democracia a un conjunto de instituciones virtuosas per se, en las que el funcionamiento mínimo de las instituciones clave de una república (Parlamento, Poder Judicial y Poder Ejecutivo electo) garantizan legalidad y legitimidad a las acciones de los Gobiernos.
Esta caracterización mínima de la vida democrática es, en gran medida, resultado de la tradicional labilidad de las democracias latinoamericanas: una larga serie de golpes de Estado, dictaduras civiles, dictaduras militares, Gobiernos de excepción con instituciones clausuradas. Las formas del autoritarismo y las dictaduras han sido (y son) de una enorme variedad en América Latina. Frente a esta fuerte tradición antidemocrática, la tendencia ha sido considerar a los Gobiernos surgidos del voto popular como democracias, sin reparar ni profundizar sobre los alcances de esta caracterización.
¿Es incompatible el funcionamiento de las instituciones democráticas con una sociedad de inequidad y desigualdad creciente y aún de una opresión creciente? No necesariamente.
La experiencia histórica nos muestra que muchas de las sociedades y países de nuestro continente que se consideran democracias han convivido y aún profundizado procesos de inequiedad, desigualdad y opresión.
Un ejemplo paradigmático son los Estados Unidos de Norteamérica. Considerada por la mayoría de la literatura académica y también por los medios de comunicación masivos como “la primera democracia contemporánea”, su historia demuestra que opresión y democracia no son incompatibles: desde 1776 hasta 1865, la democracia norteamericana convivió con la institución social más opresiva de la historia, la esclavitud capitalista. ¿Funcionaban las instituciones “de la democracia”? ¿Había un Congreso, un Poder Judicial y un Ejecutivo que se turnaba en el poder? Claramente sí. Pero la democracia como tal no existía: ni las mujeres ni los esclavos eran parte de esa democracia. Todavía en 1965 (cien años después de la Guerra de Secesión y luego del triunfo de las “democracias” contra el fascismo en Europa), la población negra norteamericana no votaba y, en términos educativos, laborales y económicos, formaba parte de los actores sociales que vivían en la pobreza, la exclusión y el destrato punitivo. Hoy, en el año 2017, la situación es la misma.
La  Argentina, por ejemplo, desde 1862 hasta 1930 se vanagloriaba de tener, en América Latina, la estabilidad democrática de una república con división de poderes y alternancia política, aun entre partidos oligárquicos y partidos populares (UCR). Sin embargo, en ese orden “democrático” se desarrollaron por parte del Estado las campañas de exterminio indígena en la Patagonia y en el Chaco, las represiones de miles de obreros en Buenos Aires (Semana Trágica) y la Patagonia. En todos los casos, estas acciones y políticas del Estado fueron consideradas por el sentido común de la élite legales y legítimas.
Si nos acercamos en el tiempo, un caso paradigmático es el de Colombia. Entre 1958 y la actualidad, los Gobiernos civiles se han alternado en el poder cada cuatro años con una periodicidad perfecta. Mientras países como la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia  sufrían, de la mano de la Doctrina de la Seguridad Nacional, las dictaduras más terribles de su historia, Colombia se presentaba como una democracia con la alternancia de partidos conservadores y liberales. Sin embrago, las cifras de asesinados y desaparecidos no son, por desgracia, menores a las de las dictaduras pretorianas: 300.000 muertos y más de 60.000 desaparecidos dan cuenta de los alcances a los que llega la represión ilegal aun en marcos institucionales democráticos y republicanos.
La Venezuela del Pacto de Punto Fijo (1958-1998) fue señalada recurrentemente como un modelo de democracia para la América Latina de ese período. A diferencia del caso colombiano o de las dictaduras pretorianas, el Estado venezolano desplegó escasos niveles de represión legal y/o ilegal. Sin embargo, esa “democracia modelo” (con dos partidos que se alternaban en el poder, el socialcristiano y el socialdemócrata) se asentaba en un proceso creciente de profundización de la situación de pobreza y exclusión, que se volvía mucho más paradigmático si se toma en cuenta que en ese período la renta petrolera de Venezuela la transformaba en uno de los emporios del capitalismo mundial. Las cifras de esta democracia.
El México del Partido Revolucionario Institucional desarrolló un orden político que se autodenominaba democracia, con estabilidad institucional entre 1917 y el año 2000. No fue óbice para que, paulatinamente, se profundizara un sistema represivo que hasta se permitió el asesinato a plena luz del día de cientos de estudiantes universitarios (Tlateloco, 1968) sin que haya habido juicio ni condena; sin contar con el lento y sostenido proceso de pauperización campesina y obrera.
En la actualidad, la democracia mexicana es una institucionalidad que está totalmente permeada por el poder de los cárteles del narcotráfico, en donde las condiciones laborales y sociales se han desplomado de la mano de reformas económicas neoliberales. Decenas de miles de muertos y desaparecidos señalan la convivencia del sistema democrático con los modos de la represión ilegal, la articulación mafiosa y la genuflexión frente al capital transnacional.
 ¿Y la democracia argentina actual?    
Señalamos esta caracterización de la convivencia de las formas democráticas con procesos de represión masiva, de pauperización profunda y, al fin, de opresión política-social, porque este es precisamente el camino que viene recorriendo la Argentina en este período de su historia.
Conscientes de que recurrir a las Fuerzas Armadas y a los golpes brutales típicos de la tradición del siglo XX no tenía margen en la sociedad en general, la derecha argentina se aprestó a dar la batalla para triunfar, por primera vez, en un proceso eleccionario. A diferencia de las derechas latinoamericanas en el caso de Paraguay, Honduras y Brasil (y los intentos actuales de la derecha golpista venezolana), en nuestro país el cambio de signo político y la derechización se hicieron de la mano de una elección limpia y transparente. El Gobierno surgido de las urnas, sin embargo, considera esa legitimidad de origen y esa legalidad institucional como una muestra clara de su apego “democrático”. El problema es que el Gobierno de derechas confunde (y cada vez más) legitimidad de origen con legitimidad de toda acción de gobierno o sus instituciones afines.
De este modo, cada acción de gobierno o de las instituciones de la república es considerada democrática per se, sin analizar o dar lugar al debate sobre su contenido y sentido. El resultado de esta concepción de una democracia “congelada” en su legitimidad de origen (en el día del triunfo electoral y nada más) es precisamente la concepción que justifica medidas y acciones de gobierno que son, cada vez más, incompatibles con la vigencia de la democracia. Nos acercamos, aceleradamente, a las situaciones descriptas para el caso colombiano o mexicano.
Veamos algunos ejemplos:
  • El Gobierno argentino tiene una definida política de desconocimiento y negación de los derechos laborales. La muestra explícita de esa negación es su decisión de no respetar la ley y dejar de convocar paritarias nacionales en gremios claves (docentes).
  • En los primeros días de su mandato, el Gobierno tomó la decisión de “disciplinar” la protesta social y eligió como caso testigo a las/os líderes de la organización social Tupac Amaru. La detención de Milagro Sala es a todas luces arbitraria e ilegal, aunque haya sido hecha por instituciones de la república.
  • Este disciplinamiento del derecho a la protesta y el reclamo a las autoridades se profundiza con las represiones en situaciones como las de Cresta Roja y la brutal represión a docentes en plena Plaza de Mayo.
  • Tampoco debe dejarse de lado la toma inconsulta e indiscriminada de deuda externa (cifras que auguran crisis y privaciones para las generaciones futuras) y el pago al contado a los especuladores que apostaron contra el propio país (los llamados fondos buitre) en detrimento del uso de esos recursos para áreas como educación, salud o desarrollo productivo.
  • Finalmente, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que es un Poder de la democracia) que acepta la utilización del 2×1 en los casos de represores condenados por crímenes de lesa humanidad (lo que podría liberar anticipadamente a genocidas mundialmente repudiados) abona y es resultado a la vez de este “clima de época” de retroceso democrático en el país; retroceso que los dichos y acciones xenófobas, machistas y racistas de varios miembros del actual Gobierno no dejan de profundizar.
La democracia en América Latina está en riesgo. La expresión que asimila cualquier medida de las instituciones republicanas con la idea de que se hacen en democracia es, por lo menos, un error conceptual grave, y por lo más, una estrategia de las derechas para volver legales y legítimas medidas que vulneran los principios más elementales del juego democrático.
No alcanza con votar cada dos o cuatro años, no es suficiente con que funcionen más o menos bien los Parlamentos y el Poder Judicial. Una verdadera democracia no existe sólo en las formas, sino en los hechos. La pauperización, la explotación laboral y la exclusión social, la represión sistemática y la liberación de genocidas con artilugios legales son, en todos los casos, señales profundas de retroceso democrático y la única forma de modificar esa situación es profundizar los grados de participación popular y no resignar ninguno de los derechos que el pueblo posee como soberano absoluto en un orden democrático.  



La miseria del mejor oficio del mundo


 En toda Iberoamérica las planillas de los principales medios se achican y los despidos están a la orden del día. CreditGetty Images
SANTIAGO DE CHILE — A comienzos de este siglo tres periodistas realizaron, sin saberlo, el mismo proyecto: vivir entre seis meses y un año con el sueldo mínimo, “disfrazándose” de obreros manuales, camareros, lavaplatos, limpiadores.
El colombiano Andrés Felipe Solano publicó Salario mínimo; la estadounidense Barbara Ehrenreich, Por cuatro duros y la francesa Florence Aubenas, El muelle de Ouistreham. En los tres se detalla en primera persona cómo afecta al cuerpo, al ánimo y a la calidad del trabajo el vivir con tan poco, el no tener margen económico para decir ‘no’, el estar permanentemente sujeto a los caprichos del jefe, el comer mal y matarse corriendo detrás de una liebre que siempre corre más rápido.
Hoy los periodistas no necesitamos disfrazarnos de nada para tener la experiencia de vivir con el sueldo mínimo. Y el aprendizaje de las dificultades psicológicas, mentales y físicas de vivir con muy poco que plantean esos libros ahora llega a nuestro gremio y afecta el periodismo que hacemos.
En Hispanoamérica, los sueldos de los periodistas nunca fueron para tirar cohetes, pero con la crisis económica y la crisis de los modelos de negocios de los medios provocada por el auge de internet, la situación se ha deteriorado de manera alarmante.
Hace algunas semanas, el sindicato español CNT publicó un informe alertando sobre la caída de los pagos de medios de España a sus colaboradores. La agencia oficial EFE paga en promedio un poco menos de 20 dólares por crónica o reportaje. El diario El Mundo paga 76 dólares por un artículo para la web; El Economista, casi cien dólares por el contenido que llena una página. Y así en casi todos.
Es menos que lo que se paga por jornada de trabajo en la construcción o la limpieza de edificios. Si se calcula lo que un periodista cuidadoso debe emplear en la confección de un reportaje bien investigado, escrito, editado y chequeado, debería pagarse al menos 200 dólares para que sea compatible con el sueldo mínimo, que en España es de 825 euros (900 dólares) mensuales por 172 horas de trabajo.
En América Latina la situación no está mejor. Los autores famosos ganan más, pero para un periodista que se está abriendo camino, se paga entre 50 y 100 dólares por reportajes o crónicas de unas mil palabras (el tamaño de esta columna).
Cada vez se viaja menos y los hechos que suceden fuera de los centros del poder quedan sin cubrir, bajo un manto de silencio, no debido a la represión y las amenazas de los lobos autoritarios (que también padecemos) sino a la falta de dinero para contar las noticias.
Según un reciente estudio, los periodistas novatos de Colombia cobran un promedio de 400.000 pesos colombianos (136 dólares). Un sueldo medio para los que comienzan raya los 682 dólares. En países con alta inflación como Argentina o en economías deprimidas como las de Centroamérica es un sueño conseguir que paguen 100 dólares por un artículo.
Helena Calle, una joven periodista de Bogotá, calculó su ganancia mensual en “900.000 pesos (307 dólares) por ser periodista, ghost writer, transcriptora, traductora, community manager, contadora, vendedora y asistente editorial. Los jóvenes somos muy baratos”, concluye Calle, “y la mayoría de las empresas tienen filas y filas de practicantes, chicos y chicas recién desempacados de las facultades de comunicación”. Consulté a una decena de periodistas veinteañeros en seis países y las respuestas fueron muy parecidas.
Ante la inestabilidad y angustia del freelance, muchos ven la obtención de un empleo fijo como un sueño realizado. Pero también ha desmejorado la situación de los periodistas “de planta”: según la Asociación de la Prensa de Madrid los sueldos han caído un 17 por ciento en el último lustro y más de la mitad de los empleados de un medio ganan menos de 27.000 dólares al año.
En toda Iberoamérica las plantillas de los principales medios se achican y los despidos están a la orden del día. En Argentina, un conglomerado tan potente como Editorial Atlántida acaba de despedir a 25 trabajadores. En el último año, el poderoso diario Clarín despidió a 180 trabajadores de la redacción y 270 de su planta de impresión. Y otros medios se han sumado a esta tendencia.
Así expresaba el clima general el periodista argentino Juan Pablo Csipka: “Yo me siento un sobreviviente. El llegar y que te digan: ‘No, a partir de mañana no vengas más’ como espada de Damocles. En estas condiciones es que se reclama mayor excelencia y calidad, recargando labores de treinta personas sobre las espaldas de diez”.
La periodista mexicana Cecilia González, corresponsal de la agencia Notimex en Buenos Aires, lleva la cuenta del desastre en su país de adopción: “El año pasado, según el Foro de Periodismo Argentino, perdieron su trabajo 1499 periodistas o trabajadores de medios de comunicación. Otras organizaciones gremiales elevan la cifra de despidos a entre 2500 y 4000”.
Sin embargo, en este panorama preocupante sigue existiendo un vivero de jóvenes entusiastas que quiere entrar en “el mejor oficio del mundo”, como decía Gabriel García Márquez. Ellos buscan referentes y modelos fuera de los medios tradicionales.
Un ejemplo son los periodistas jóvenes que fundan nuevos medios digitales, donde tratan de implementar un nuevo modelo de negocio con independencia, creatividad y vigor narrativo. En los últimos premios de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) fueron estos medios, como El Faro de El Salvador o La Silla Vacía de Colombia, los que se llevaron los principales galardones. Medios nuevos como estos atraen a un público cansado del periodismo tradicional y contratan a jóvenes ansiosos de vivir de lo que aman y contar sin cortapisas.
Recientemente, Ignacio Escolar (41 años), el director de uno de estos medios —eldiario.es de Madrid—, inauguró el año académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. “La gran amenaza del periodismo ya no es cómo se investiga, se escribe o se publica, sino cómo se paga”, les dijo Escolar a un centenar de chicos de entre 18 y 20 años.
Escolar comenzó eldiario.es con 12 periodistas y el presupuesto de su primer año era menos que lo que costó la fiesta de lanzamiento del anterior medio que dirigió, un diario en papel. Hoy tiene más de 60 y cuatro cabeceras en las principales ciudades españolas.
¿Qué futuro le espera a los estudiantes que lo escuchaban? En sus preguntas se notaba el entusiasmo pero también la inquietud. Al presentarlo, Mónica Rincón, la periodista chilena de CNN comenzó citando a Eduardo Galeano: “Sueñan las pulgas con comprarse un perro…”.
En la sala abarrotada, los alumnos de periodismo sabían perfectamente a qué se refería.

Roberto Herrscher es profesor de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y director adjunto de la maestría en Periodismo de la Universidad de Barcelona y Columbia University. Su libro más reciente es "Periodismo narrativo".
 Por ROBERTO HERRSCHER                               13 de mayo de 2017

viernes, 12 de mayo de 2017

DEJARON UNA BOMBA Y SE ACABÓ LA FIESTA:


Rosa va al supermercado y comenta -"No se pueden creer los precios, los k dejaron una bomba". El tachero te mira fijo por el retrovisor -"La calle está vacía, es que dejaron una bomba". Tu amiga, limpiándose las manos con el repasador te dice: -"y qué querés nena, el problema es que se acabó la fiesta".
¿QUÉ ES LA CREACIÓN DE SENTIDO COMÚN?:
Son afirmaciones vacías de datos, dadas como verdades absolutas emitidas por los medios de comunicación que no resisten el menor desgrane. -¿A qué te referís con bomba, si los k no tomaron deuda? Es más, el país se desendeudó como nunca en la historia. ¿"Fiesta"? ¿comer era una fiesta? irte de vacaciones?, o sea que votaste a alguien que no te dé esos beneficios porque los crees una fiesta?
"CHORRA, DEVOLVE LA PLATA"
¿Cuál plata? ¿En qué cuenta de qué paraíso fiscal la tiene?¿Tiene plata no declarada?
"SI EN TU CASA GASTAS Y GASTAS, EN ALGÚN MOMENTO PAGÁS":
Querés decir que emitíamos dinero en falso? ¿Cómo puede ser que hoy emitamos más dinero que antes y no haya ninguna fiesta?, ¿que hoy en 10 meses nos endeudamos más que en 4 años de dictadura y no hay fiesta?, ¿Cómo puede ser que esta "bomba" explote solo para una mitad pero alcance para que haya la fuga de divisas más grande de los últimos 6 años?.
Pero hay una, la madre de las preguntas, la que los monopolios y medios NO quieren que te hagas:
¿DE DONDE SALÍA EL DINERO QUE HOY FALTA?:
Salía de impuestos a los monopolios rurales, bancos, a los bienes personales de millonarios (dueños de los medios de comunicación) y mineras, y que ahora, se fugan a cuentas en el exterior. Impuestos. Que vos seguís pagando y ellos no.
Estas palabras o frases vacías de datos no son al azar: Son escenarios simbólicos y tienen una doble función: Se viralizan rápidamente porque son conocidas por todos, son cotidianos, simples, domésticos, cortos, imágenes fuertemente visuales; y brindan una seguridad: el interlocutor no preguntará a qué se refiere con "bomba" o "fiesta" porque claro; TODOS SABEMOS QUE ES UNA FIESTA O UNA BOMBA, así logran esconder la pregunta fundamental ¿De dónde salía el dinero que hoy falta?
Esas palabras "bomba, fiesta" son el éxito del NO debate, de la no charla, del no conocimiento. Es el éxito de la "verdad" envasada, y enlatada por las propias manos de Magnetto y los grupos concentrados, que entregan a los televidentes como si fueran coche bomba, directo a tu mesa. Hoy militar es repreguntar, recuperar el debate que la palabra "bomba" "fiesta" "chorra" pretende quitarnos.

(Fx Florencia, Lic en psicología. UBA)

Excelente, felicitaciones FLorencia!

lunes, 8 de mayo de 2017

Los complotados - Ego me absolvo


El fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica. Las movidas previas de Bergoglio y de la Corte que prepararon el terreno. Las negociaciones con Elena Highton para que siga en su cargo luego del límite constitucional de 75 años. El voto de la nueva mayoría oficialista y el operativo de autoabsolución del episcopado, dos monumentos a la hipocresía.

















.La nueva mayoría, Rosenkrantz, Highton y Rosatti: el nivel de una Cámara de Casación. 

Los esfuerzos del gobierno por simular que está molesto con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reducir la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad porque perturba su política de Derechos Humanos chocan con los datos duros que rodean el fallo del miércoles pasado. 
El 20 de marzo el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por esos delitos, en una gestión impulsada una vez más por la infatigable Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy presidida por un argentino. El gestor de la presentación a favor de los represores fue Siro de Martini, asesor jurídico del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. Los nexos habituales de Avruj con Bergoglio fueron el sacerdote Guillermo Marcó; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, y el tesorero de la DAIA cuando Avruj era su director ejecutivo, Alberto Zimerman. A través de Marcó, que era el vocero de Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires se reunía con Avruj. 
La decisión fue firmada por los tres jueces que deben su cargo al presidente Maurizio Macrì: los dos que designó por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y aquella que permanecerá en su cargo más allá del límite de 75 años que marca la Constitución Nacional, por voluntad tácita del Poder Ejecutivo. El gobierno nacional estaba en negociaciones con Elena Highton de Nolasco para solicitar el nuevo acuerdo que establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, pero el senador transgénero Miguel Pichetto hizo saber que su bancada no la votaría. Highton consiguió entonces la medida cautelar de uno de los jueces más políticos del fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico. Mientras Avruj volaba a Washington para realizar la gestión ante la CIDH, el diario La Nación en su editorial del 16 de marzo consideró “incomprensible” que el Estado nacional no haya apelado esa decisión. Esto sólo fue una sorpresa para quienes desconocían la negociación previa. Highton es desde entonces tan deudora de Macrì como Rosenkrantz y Rosatti, y a menor costo porque no hubo escrutinio público, como hubiera ocurrido de seguirse el procedimiento del decreto 222/03.
Este fallo debe considerarse en conjunto con otros tres que en los últimos meses marcaron el perfil de la nueva Corte:
Villamil: los reclamos civiles por daños y perjuicios no son imprescriptibles como sí lo es la persecución penal.
Fontevecchia: las decisiones de la Corte Suprema tienen preminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Alespeiti: para negar una prisión domiciliaria a un geronte hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.
En los cuatro casos Rosenkrantz formó parte de la mayoría, con socios cambiantes: tres veces Highton, dos Rosatti y Lorenzetti, una Maqueda.
Esto sugiere un nuevo eje de poder, desplazado de Lorenzetti a Rosenkrantz. El abogado del Grupo Clarín es el hombre fuerte del tribunal.
Los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos muestran que tanto el nuncio apostólico de aquellos años, Pío Laghi, como la dirigencia de la DAIA pedían al gobierno de Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el gobierno no era antisemita y que Jacobo Timerman estaba detenido por manejar dinero del terrorismo, cosa que ni la llamada justicia militar pudo establecer. 
En sincronía con el fallo de la Corte Suprema, el episcopado católico puso en marcha su enésima tentativa por la denominada reconciliación y una vez más dijo y se desdijo ante la reacción que provocó el obsceno show montado en La Montonera, que es la quinta de Pilar donde se reúnen. Uno de los objetivos de la desclasificación de documentos del Vaticano es mejorar la imagen de Laghi, como dieron a entender el monseñor de la secretaría de Estado, Giuseppe Laterza, y los obispos argentinos Mario Poli y José María Arancedo. El acuerdo del gobierno con la Iglesia incluyó la designación de un nuevo obispo castrense, luego de una vacancia de doce años. El nuevo titular de esa diócesis personal, Santiago Olivera, dijo que “los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia”, argumento especioso que retomó en su voto el juez Horacio Rosatti, de buena relación con el Opus Dei.
Hipocresía permanente
En el voto de la nueva mayoría de la Corte Suprema es sorprendente la primacía de su intención política por encima de la calidad del razonamiento jurídico. Los tres sostienen que la ley penal más benigna no puede excluir a los autores de ningún delito, aunque fueran crímenes de lesa humanidad, como si alguna vez las víctimas o el Estado hubieran pretendido excepciones. Por el contrario, todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se realizó siguiendo los procedimientos y leyes ordinarios y con las mayores garantías para los imputados. Por ejemplo, ni querellantes ni fiscalías pidieron nunca que se aplicara el agravamiento de las penas contenido en el Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional, que fue incorporado aquí por la ley 26.200/06. Y cuando se aumentaron las penas para casos de privación ilegal de la libertad y alteración de estado civil de los chicos robados, tanto las querellas como el ministerio público fiscal solicitaron la aplicación de la ley vigente en el momento del hecho, cuyas penas eran menores. Esto se puede verificar incluso en la condena a Muiña, que ya se benefició durante el proceso con la ley penal más benigna. La extensión indebida de los procesos se debe a las demoras causadas por las leyes de impunidad y por la desidia judicial para avanzar con los procesos, reproche que le cabe en primer lugar a la propia Corte Suprema de Justicia, que ha sido el tapón que permitió que muchos represores murieran impunes, porque no llegó a confirmar las condenas impuestas por los tribunales de juicio. Como la Corte demora el tratamiento de estas causas terminadas, la prisión preventiva se extiende y luego el mismo tribunal alega su desidia como justificación para devolver a las calles antes de tiempo a los autores de gravísimos delitos. Si el criterio de la nueva mayoría se aplicara a los casos de apropiación de chicos reduciría la escala penal a su formulación originaria (de 3 a 10 años y no de 5 a 15 según se modificó después) con lo cual todos los condenados o procesados futuros por ese delito recuperarían la libertad. Esto angustia a sus víctimas, jóvenes de entre 34 y 41 años que hace poco dejaron de sufrir esa opresión y recuperaron su identidad y que ahora viven con terror la posibilidad de cruzarse en la calle con sus apropiadores.
Lo que las víctimas sí han exigido siempre es celeridad del Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes y de los jueces para realizar los juicios en plazos razonables. Un aspecto asombroso del fallo es que buena parte de su razonamiento se refiere a los delitos permanentes, pero en ninguna parte del texto se explica qué tiene que ver con el caso del represor Luis Muiña, que pidió la aplicación del 2x1. La mayoría afirma que la desaparición forzada de personas es un delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Pero Muiña no fue condenado por desaparición forzada (en cuyo caso la pena no hubiera sido de 13 años) sino por privación ilegal de la libertad de cinco personas cuyo destino o paradero sí fue establecido, cosa que los jueces pasan alegremente por alto. Las cinco víctimas estuvieron privadas de su libertad entre noviembre de 1976 y enero de 1977.
Con independencia del delito de que se trate, del robo de gallinas al homicidio, sea o no de lesa humanidad, carece de razonabilidad aplicar a un detenido una ley sancionada después de que cometió el crimen y derogada antes de que fuera privado de su libertad, salvo que por la naturaleza de esa ley, implique un cambio de la valoración social sobre la gravedad de ese delito. Por ejemplo, el avenimiento, que hasta 2012 liberaba de pena a un violador si la víctima lo aceptaba como esposo. Con la nueva sensibilidad hacia los derechos de la mujer, eso es inimaginable. Ésa era una ley penal más benigna que la sancionada hace cinco años. En cambio la ley que entre 1994 y 2001 dispuso el cómputo doble por cualquier delito del tiempo transcurrido en prisión preventiva más allá de los tres años, fue un dispositivo de excepción dirigido a descomprimir una situación explosiva en los penales de todo el país por la morosidad de los procedimientos judiciales. Por su naturaleza era una ley transitoria, que no implicaba ninguna evolución o involución social respecto de la gravedad de un delito determinado. 
Superada la excepción (al menos así lo entendió el legislador al derogarla) es disparatado aplicarla como ley penal más benigna a delitos cometidos antes de su vigencia y juzgados después de su caducidad. Por otra parte, las reiteradas alusiones a la igualdad jurídica y a la moral constituyen la forma más perversa de ocultar la desigualdad real y de falsear los hechos. Esto es típico de las clases dominantes argentas, que en la Constitución de 1957 codificaron todos los derechos sociales que los golpistas de 1955 suprimieron. La cumbre se alcanza en el voto de Rosatti, quien no se metió como sus colegas en el berenjenal del delito permanente, cuando expone un supuesto dilema moral. Los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana y el régimen durante el cual se perpetraron descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos, dice. Pero un Estado de Derecho “no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes” ya que “de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado”, agrega, creando una falsa dicotomía.
No es cierto que este beneficio deba concederse a los autores de crímenes de lesa humanidad porque también beneficia a los de delitos comunes, sino todo lo contrario. Debido a las leyes de impunidad y a la reticencia judicial para avanzar contra agentes civiles o militares de la dictadura, la ley del 2x1 ya no es aplicable a ningún autor de delitos comunes. No quedan ni siquiera homicidas sin condena firme, que hayan estado privados de la libertad más de tres años en aquella época, ni hablar de procesados. De modo que en realidad este fallo crea una categoría especial de detenidos, a los que se beneficia por encima del resto. Esa es la intención política, una vez despejada la hojarasca leguleya de segunda marca. Ojalá esta decisión no desate una nueva ola de motines carcelarios en demanda de iguales beneficios.
También es llamativo que la Corte Suprema se reduzca a un análisis de leyes penales y procesales, sin la menor referencia a la dimensión constitucional del caso, que es el terreno en el que se esperaría su aporte. En ese sentido parece más un fallo de Casación que de Corte Suprema. Por falta de análisis constitucional omiten la armonización de la ley penal más benigna con el principio de proporcionalidad  “de manera que  no se haga ilusoria la justicia penal”, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de la Rochela cometida en Colombia. Ese fallo fue mencionado en una declaración del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, quien antes fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cantón se declaró de acuerdo con el voto minoritario de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad “se debe cumplir con los estándares específicos definidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La sanción y su cumplimiento también deben responder a esa obligación. La gravedad de los delitos de lesa humanidad requiere de una sanción proporcional, e igualar la sanción en estas violaciones con los delitos comunes, como decidió la mayoría de la Corte Suprema, ignora el carácter de lesa humanidad del delito y puede llevar a que no se cumpla con el principio de proporcionalidad”, dijo. El mismo fallo de la Corte IDH fue invocado por la fiscal Angeles Ramos para pedir que el 2x1 no se aplique al militar Víctor Alejandro Gallo, condenado a 15 años por la apropiación de Francisco Madariaga, hijo del dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Abel Madariaga. Y el fiscal general Pablo Parenti solicitó que tampoco se aplique al apropiador Salvador Norberto Girbone, porque a diferencia de Muiña continuó cometiendo el delito después de derogada la ley del 2x1. Pero además porque la ley del 2x1 es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad, según varias convenciones internacionales sobre Derechos Humanos y contra las Desapariciones Forzadas. Para la Corte interamericana, las penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. La fiscal Ramos cita otros fallos sobre casos de Guatemala, Venezuela y El Salvador, donde la Corte Interamericana dice que las penas para las más graves violaciones a los derechos humanos deben ser “adecuadas” y no constituir “una forma de impunidad de facto”. Al solicitar la inconstitucionalidad de la aplicación ultraactiva del 2x1, Ramos propicia que la Corte Suprema vuelva a pronunciarse sobre el punto, esta vez con mayor seriedad. La Corte Interamericana también dijo en el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, que “la respuesta de un Estado a la conducta ilícita de un agente debe guardar proporcionalidad con los bienes jurídicos afectados” y que “los Estados tienen una obligación general, a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, de garantizar el respeto de los derechos humanos protegidos por la Convención” y de perseguir conductas ilícitas que contravengan esos derechos. En dicha persecución “es necesario evitar medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. En este sentido, la regla de proporcionalidad requiere que los Estados impongan penas que verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad”. El Tribunal Oral Federal 5 se tomó pocas horas para rechazar el pedido de Girbone.
Dada la indiferencia de la nueva mayoría por el derecho constitucional y las convenciones internacionales, tal vez se podría invitar a los firmantes del fallo a un viaje en el mismo ascensor que trasladó a Carlos Mahiques hasta la Cámara Federal de Casación Penal. En este caso hasta un piso más abajo.

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El mate del olvido. El papa Bergoglio con la operadora eclesiástica en Télam, Silvina Oranges. 

El anuncio de la nueva ofensiva de los obispos para rescatar a sus feligreses castrenses, provino de su operadora habitual en la agencia de noticias del Estado, Télam, Silvina Oranges. En 2014 Oranges agradeció el premio Santa Clara de Asís como una caricia de Dios y “una palmada en el hombro” de sus delegados terrestres. En la misma ceremonia fueron premiados otros habituales operadores del episcopado, Ceferino Reato y Claudia Peiró. El artículo de Oranges del 1º de mayo se tituló “El episcopado recibirá a familiares de desaparecidos y de militares para encarar una reconciliación”. Al día siguiente, la oficina de prensa de la conferencia episcopal emitió un comunicado de “precisiones”. Decía que iniciaban un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar “con la escucha de algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad” pero que en la primera etapa “se limitará exclusivamente a la escucha de algunos testimonios y no al intercambio entre los participantes”. También decía que se trataba de un “proceso de largo aliento”, que continuará “durante las asambleas de los próximos años” y que recién “más adelante” se intentará realizar “un camino de diálogo entre los obispos en el marco de la cultura del encuentro y la amistad social”. Es el mismo tipo de globo de ensayo que lanza el gobierno nacional, con anuncios que instalan un tema y si la recepción no es la mejor, lo relativizan y de ser necesario hasta lo retractan en manifestaciones posteriores. Una de las invitadas, Graciela Fernández Meijide, dijo que lo que debía preocuparnos era la grieta social que dejó a un tercio de la población en la pobreza. No aclaró si debía interpretarse como una autocrítica por la catástrofe que provocó el gobierno de Fernando de la Rúa, del que fue ministra de Desarrollo Social, que dejó a más de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Luego de difundir fotos en La Montonera de la ex ministra, de la hermana de tres desaparecidos que sin embargo visita a los presos castrenses y de un general del Ejército, el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, aceleró la marcha atrás: “Ha habido un profundo malentendido”. Los obispos sólo querían “escuchar y hacer un examen de conciencia”. Agregó que para la Iglesia la reconciliación implica “memoria, verdad y justicia” y no impunidad. Es poco creíble que para escuchar testimonios sobre aquellos años, el episcopado necesite convocar a una sesión especial, cuando desde hace años ese material sobreabunda, tanto en las salas de audiencias de los tribunales como en libros y medios de prensa.

Ojea Quintana, asumió como obispo auxiliar de Alcides Jorge Pedro Casaretto en 2009 y lo sucedió en 2012. Sus primos hermanos Esteban e Ignacio Ojea Quintana fueron secuestrados en abril de 1976 y marzo de 1977, a sus 21 y 23 años y nunca reaparecieron. La madre de ambos hizo una donación al obispado de San Isidro, con parte del dinero recibido como indemnización, y preparó dos placas para colocar en la catedral. Casaretto admitió el dinero y las placas con los nombres de ambos detenidos desaparecidos pero no que se informara qué había ocurrido con ellos. La familia se negó a colocarlas. Casaretto y Bergoglio han sido los principales impulsores de la denominada reconciliación. A fines del siglo pasado, Beroglio acuñó el concepto de memoria o verdad completa, según reveló su interlocutor de entonces, el general Ricardo Brinzoni, y Casaretto promueve encuentros como el que ahora realizó la asamblea episcopal, con la idea falaz de que “cuánta más justicia aplicamos, menos verdad recuperamos”. A su juicio hay que privilegiar la verdad, porque es lo que calma el corazón de las madres. Este es un mito que no se sostiene en los hechos: nunca se obtuvo más información sobre los crímenes cometidos que por medio de los juicios. Claro que obligan a escuchar cosas desagradables, como la declaración del jefe del área militar de San Luis, coronel Miguel Angel Fernández Gez, quien contó que el entonces arzobispo Juan Rodolfo Laise le pidió que secuestrara a un sacerdote que se había casado. Laise fue citado por la justicia pero el Vaticano lo refugió en una diócesis italiana y nunca se presentó. 
Ya hace cinco siglos, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica fijó las condiciones para el sacramento de la reconciliación, la penitencia o el perdón: el reconocimiento de los errores, los pecados o los crímenes cometidos; su detestación o arrepentimiento y la búsqueda de posibles caminos de reparación. Hasta ahora sólo siguió ese rumbo el marino Adolfo Scilingo, quien purga en España una condena a diez siglos de cárcel. El episcopado sabe que nadie más ha cumplido con las condiciones que fija el catecismo, por lo que su insistencia es pura hipocresía.
La misma nota de Silvina Oranges informó que la asamblea episcopal establecería un protocolo para que víctimas y familiares directos puedan consultar los archivos del episcopado, de la nunciatura apostólica y del Vaticano. Pese a la bambolla que Bergoglio ha hecho sobre el tema, la desclasificación sólo cubre los pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos durante la última dictadura-cívico militar, pero nada sobre la promiscua relación de los obispos con el gobierno de entonces ni sobre la información que Pio Laghi dijo que miles de sacerdotes recibían en los confesionarios y capellanías. 
Las sucesivas audiencias que Bergoglio concedió a todos los dirigentes de organismos defensores de los derechos humanos que aceptaron su invitación para recibirlos en Roma, cuando en Buenos Aires ni les contestaba una carta, obraron como una cortina de humo mientras avanzaba con las gestiones a favor de la impunidad. Se aprovechó de la ingenuidad de esos compañeros que no están acostumbradas a los dobleces y las simulaciones. 
En mayo de 2010, como presidente de la conferencia episcopal, Bergoglio autorizó al obispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani a entregarle al gobierno nacional un pedido de amnistía firmado por los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, el general Santiago Omar Riveros, el comisario Miguel Etchecolatz, el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián, El Nabo Barreiro y más de un centenar de represores. El texto no incluía ni el reconocimiento de los crímenes, ni el arrepentimiento ni la promesa de enmienda.

viernes, 5 de mayo de 2017

Francés debate electoral: Macron, Le Pen promueven el militarismo, los ataques a los inmigrantes


Por Alex Lantier y Johannes Stern
4 de mayo de 2017
El debate de la noche del miércoles entre el ex banquero Emmanuel Macron y el Frente Nacional (FN), Marine Le Pen líder marcó un nuevo mínimo en las elecciones presidenciales francesas. Un ex ministro del gobierno de Francia desacreditado Partido Socialista (PS) y un neofascistas insultos a gritos y comercializados en un debate estridente que dejó a los moderadores, periodistas Nathalie Saint-Cricq y Christophe Jakubyszyn, mirando en silencio aturdido.
Durante los 150 minutos en los que se llamaban mentirosos y criminales sin revelar nada nuevo acerca de sus plataformas políticas, los candidatos dejaron claro que son impermeables y hostil a un creciente descontento social y política de la población.
Macron insistió que usaría legislación laboral de la PS, aprobada el año pasado en la cara de las protestas masivas, para trabajar con los sindicatos y gobernar por decreto, rompiendo contratos e imponer aceleraciones para impulsar la competitividad de las empresas. Macron, quién está llamando para el retorno del proyecto, se jactó de que hablaba en nombre de “un espíritu de conquista francesa: Francia siempre ha tenido éxito en el mundo, su lengua se habla en todos los continentes.”
Le Pen, después de haber denunciado brevemente Macron como representante del PS y la élite gobernante, se volvió a avivar la xenofobia y el odio nacionalista. Ella denunció en repetidas ocasiones los trabajadores extranjeros y expresó la esperanza de que al dejar la moneda euro y restablecer el franco francés, Francia podría dañar seriamente economía y los mercados de exportación europea de Alemania.
Este debate televisivo a fondo degradado es un síntoma de la profunda podredumbre del sistema político francés. Los candidatos de los dos partidos que han gobernado Francia durante el último medio siglo, el PS y el gaullista El republicanos (LR), fueron eliminados en la primera ronda, y ambas partes están profundamente divididos y desacreditadas por décadas de políticas de austeridad y de guerra .
A medida que el Parti de l'égalité Socialista (PSE) ha explicado en su llamado a un boicot activo de la segunda ronda, el hecho de que dos candidatos como reaccionaria como Macron y Le Pen avanzaron a la segunda ronda muestra que un amargo conflicto se está preparando entre el próximo presidente y la clase obrera. La tarea esencial es el desarrollo de la oposición entre los trabajadores y la juventud de ambos candidatos y movilizar en lucha contra el que gane las elecciones del domingo.
Macron y Le Pen son unánimes en el apoyo a la guerra y la dictadura. Ninguno de los candidatos mencionó que Francia está bajo un estado de emergencia impuesto por el PS que suspende los derechos democráticos básicos, o que las amenazas de guerra de la OTAN contra Siria o Corea del Norte podrían derivar en guerras con Rusia con armas nucleares o China. La élite gobernante francés apoya estas políticas, y ni Saint-Cricq ni Jakubyszyn tuvo a criarlos.
Los dos candidatos que acuden a un estado de acumulación masiva y criticaron mutuamente por no luchar “terrorismo” con suficiente agresividad. Cuando Le Pen atacó Macron por ser “cómplice con el fundamentalismo islámico” y “laxa” en cuestiones de la ley y el orden, Macron defendió de ella por jactancia: “Desde 2015 hemos restablecido el control de nuestras fronteras y se detuvo a 60.000 personas.”
Macron hizo hincapié en que es necesaria “una mayor cooperación entre los estados miembros de la UE” a “controlar a los terroristas que van de un país a otro y cruzar las fronteras” y acusó a Le Pen de no realizar copias de mayores poderes de la policía para la UE.
En política exterior, los dos se acusaron mutuamente de subordinar Francia a otras potencias, y llamó a una estrategia más independiente del imperialismo francés. Le Pen exigido que “Francia tiene que recuperar su independencia” y debe presentar ni a Alemania ni a los Estados Unidos. Macron por su parte acusó a Le Pen de aceptar “el dictado de Putin” y pidió “una Francia fuerte y creíble en Europa” capaz de luchar contra las guerras en el Sahel, Siria y en Irak.
El hecho de que este debate se llevó a cabo incluso en sí apunta a un amplio giro a la derecha en los círculos de poder en los últimos 15 años. En 2002, la primera vez que el candidato PS fue eliminado en la primera ronda, la creación de una segunda vuelta entre el presidente de derecha Jacques Chirac y luego-FN líder Jean-Marie Le Pen, que provocó no sólo a las protestas masivas por millones de personas, pero la preocupación en la clase dominante.
Basada en el miedo de la reacción popular y el deseo resultante de cultivar referencias gaullistas a la resistencia francesa a la ocupación nazi, Chirac se negó a participar en el debate de la televisión tradicional con Jean-Marie Le Pen, con el argumento de que se negó a debatir con una fascista.
El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) hizo un llamado a un boicot activo de las elecciones de 2002 para movilizar a la clase obrera y prepararlo para una lucha política contra el próximo gobierno. Esa llamada fue rechazada por organizaciones como la Liga pequeñoburgués Comunista Revolucionaria (LCR), la lucha de los trabajadores (LO), y el Partido de los Trabajadores (PT) -que se suman a la campaña del PS' para una votación Chirac para detener el alza del FN.
Su alineamiento con los partidos burgueses completó su integración en la periferia de la PS' y permitió que el FN para hacerse pasar por el único partido de la oposición en Francia, con consecuencias devastadoras.
Desde entonces, la clase política se ha desplazado hasta el momento a la derecha que ni siquiera era una cuestión de Macron negarse a debatir Marine Le Pen. La clase dominante francesa ha rechazado cualquier apariencia de un archivo adjunto a los derechos democráticos, como capas cada vez más amplias de la clase dominante en Francia y en toda Europa han tratado de volver a evaluar y rehabilitar el fascismo.
Significativamente, durante el debate, Macron fue tan lejos como para afirmar que él no estaba interesado en el tema de la historia de la FN de Le Pen, cuyas raíces se remontan directamente a las fuerzas colaboracionistas que gobernó Francia durante la ocupación nazi. Esto refleja la profunda crisis económica y política que se ha desarrollado en Europa durante la última década y media, y en particular desde el accidente de 2008 Wall Street y el colapso económico.
gobiernos franceses de todas las tendencias se hicieron cargo de la agenda política, tradicionalmente asociado con la extrema derecha en un período anterior: Regla de estado policial, la austeridad de libre mercado, y la guerra imperialista. Desde que llegó al poder en 2012, el presidente saliente PS François Hollande se basó en la retórica populista de extrema derecha del FN como un mecanismo para estabilizar su impopular gobierno PS. Invitó a Le Pen al palacio presidencial del Elíseo dos veces en 2015, teniendo en grandes porciones del programa de la FN para legitimar los neofascistas como parte de la corriente política francesa.
Las experiencias desde la crisis de 2002, incluyendo reaccionaria del debate de anoche, subrayan que la marcha hacia la dictadura y las formas neo-fascistas de gobierno no se puede detener, ofreciendo apoyo a ninguna de las facciones de la clase dominante.

martes, 2 de mayo de 2017

Agustín Edwards, el magnate chileno de las sombras


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Por JUAN CRISTÓBAL PEÑA 29 de abril de 2017

Esta imagen de archivo muestra a Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio de Chile, el pasado 12 de octubre. 
CreditLuis Hidalgo/European Pressphoto Agency
SANTIAGO DE CHILE – El lunes pasado, el mismo día en que se anunció la muerte del magnate de la prensa chilena Agustín Edwards, la tierra crujió como no lo hacía en años por estos lados. El temblor de magnitud 6,9 que sacudió la mitad del territorio chileno no pasó a mayores, pero de inmediato las redes sociales se poblaron de comentarios, en tono de broma, aunque tampoco tanto, que vincularon un hecho con otro.
Nada más acertado que un sismo de alta magnitud para representar a uno de los hombres más controvertidos y poderosos del país, heredero de un imperio de medios que ha gravitado por casi dos siglos en la historia chilena.
Agustín Edwards Eastman murió a los 89 años, dejando un pasado de claroscuros en el que las oscuridades pesan mucho más que los claros. El obituario que publicó El Mercurio, diario insignia del consorcio de medios de su propiedad, admitió que las circunstancias políticas de las décadas de los 60 y 70 “lo arrastraron a una figuración no buscada” que le granjeó “odiosidades” y “el mito que sus detractores se esforzaron en construir”.
Si se construyó un mito en torno a su figura, fue a costa de hechos ampliamente documentados.
El cuarto Agustín en la dinastía Edwards jamás hizo un mea culpa por el papel de sus diarios en la dictadura, que fueron incondicionales a un régimen de terror. Menos reconoció su papel en el golpe militar que terminó con el gobierno socialista de Salvador Allende, derrocado en 1973. Edwards fue un producto de la Guerra Fría que manejó el poder desde las sombras, sin necesidad de rendir cuentas a nadie. Más bien era él quien acostumbraba pedirlas desde sus diarios.
Deja un consorcio mediático mucho más influyente, macizo y moderno que el que heredó en 1958, cuando tenía 29 años, y el peso de una impronta familiar que había sido decisiva en la historia política y económica de Chile. No en vano la edición de El Mercurio de Valparaíso es la más antigua de habla hispana, con 189 años; la de Santiago tiene 116 años.
Como dice su obituario, era personalidad “de gran formato”. Es cierto: no fue un director de escritorio ni tampoco un magnate que se sintiera cómodo ostentando en público su poder y riqueza. Fiel representante de la vieja aristocracia chilena, endogámica, católica, acostumbrada a la sobriedad, tuvo en claro que la tradición familiar dictaba influir y marcar pautas en las altas esferas del poder, sin necesidad de gastarse en la primera línea.
En estos días, las páginas de El Mercurio se han llenado de elogios pero nada han dicho de sus vínculos con la CIA, de la ventaja que sacó de la dictadura ni de su habilidad para coronar su poder en democracia. En definitiva, no han dicho nada de su papel más relevante en la historia reciente del país.
Tras el derrocamiento de Allende, apeló a sus contactos en la Armada para ubicar en el gobierno militar a economistas de su confianza que terminaron desmantelando a un Estado fuerte. En ese sentido, fue padre y guardián de un modelo neoliberal a ultranza. Claro que en 1983, cuando estaba en la quiebra, no tuvo problemas en gestionar ante la banca estatal un préstamo por 50 millones de dólares de la época, que le fue otorgado (y luego renegociado) en condiciones muy favorables para él. Ese préstamo fue una vuelta de mano a los favores prestados.
A través de las páginas de El Mercurio y de su creciente cadena de diarios, Agustín Edwards se convirtió en uno de los soportes de la dictadura. Se habituó a reproducir las versiones oficiales del gobierno militar, lo que equivale a la renuncia del periodismo, y fue cómplice de las violaciones a los derechos humanos, si es que no las negó de plano o se hizo parte de montajes para encubrirlas.
El ejemplo más ignominioso de esto último data de julio de 1975, cuando el vespertino La Segunda anunció el hallazgo de los cuerpos de 59 militantes de izquierda con el siguiente titular: “Exterminados como ratones”. En rigor habían sido asesinados por agentes del Estado, pero ese como otros diarios de Edwards presentaron los hechos como un ajuste de cuentas entre extremistas.
El engrandecimiento de El Mercurio a costa de los derechos y la vida de muchos chilenos también significó el fin de una tradición periodística que hasta el golpe de Estado de 1973 se caracterizó por una alta diversidad.
Los dos grandes consorcios de medios escritos que hay hoy en Chile son de derecha. Ambos fueron leales a la dictadura y en recompensa tuvieron su apoyo económico.
Tras el fin de la dictadura, en 1990, la élite política de centro izquierda en el poder validó a El Mercurio y se validó a sí misma a través de sus páginas. Cuanto más, en 2005 el presidente socialista Ricardo Lagos, contrariado por una serie de publicaciones del mismo diario al que antes había elogiado en su centenario, le envió a Edwards una carta privada en la que se quejó de que El Mercurio era -además de “un resumidero de todos los infundios” con que se ataca al presidente- “la tribu de los que desean sembrar el odio”.
En respuesta, como prueba de su poder y estilo, Agustín Edwards publicó la misiva del presidente en la sección Cartas de su diario.
Desde entonces ningún presidente ha juzgado conveniente enfrentarse a los diarios de la cadena, aun cuando han desempeñado una oposición dura y casi sin contrapeso en la prensa escrita chilena.
Quizás en solo dos momentos vio amenazado su poder. El primero, en 1970, cuando asumió Salvador Allende y se autoexilió en Estados Unidos. El segundo fue en 1991, a poco del retorno de la democracia, cuando un comando subversivo secuestró a su hijo Cristián.
Ambos hechos están ligados por una secuencia política.
De acuerdo con documentos oficiales desclasificados en Estados Unidos, la CIA invirtió cerca de dos millones en El Mercurio. Primero, para evitar que Allende llegara al poder; luego para desestabilizarlo. Edwards fue un actor de primera línea en la caída de Allende, a través de sus contactos directos con la CIA y el gobierno de Nixon. En palabras de Peter Kornbluh, director de la sección chilena de la National Security Archive, su intervención en Washington “disparó la decisión de Richard Nixon de apoyar un golpe de Estado en Chile”.
Tres décadas después, una fracción del mismo grupo guerrillero que en 1986 había atentado sin éxito contra el general Pinochet secuestró a Cristián Edwards del Río, uno de los seis hijos del magnate y futuro presidente de la División de Servicios Noticiosos de The New York Times.
El padre no se sometió a las exigencias iniciales de los secuestradores, que pedían negociar directamente con él y cuatro millones de dólares a cambio de la libertad de su hijo. Después de una negociación que se extendió por cinco meses, realizada a través de ofertas publicadas en clave en las páginas de avisos económicos de El Mercurio, Edwards Eastman logró bajar la cifra a un millón de dólares y liberar a su hijo.
El despliegue de la figura de Agustín Edwards en El Mercurio, que se ha prolongado por toda la semana –lo mismo que los temblores – habla de un empresario, bibliófilo, criador de caballos, navegante y filantrópico distinto al hombre que fue en las sombras.
De ser únicamente así, debiéramos estar asistiendo a algo parecido a un funeral de Estado, con homenajes públicos y procesiones populares. Pero nada de eso ha habido en estos días. El Ciudadano Kane chileno, que acaparó un poder inusitado y murió sin pedir perdón, fue despedido del mismo modo que Pinochet: en silencio, en la privacidad de su familia y amigos, lo que ya es indicador del lugar que tendrá en la historia.
Juan Cristóbal Peña es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado en Chile.