UNA DEMOCRACIA EN CRISIS

Declaración del Grupo Caburé en solidaridad con Cristina

POR GRUPO CABURÉ

LUCIANO INGARAMO/COMUNICACIÓN SENADO

En la tarde del sábado 25 de agosto, un conjunto de intelectuales, docentes, militantes, investigadores y referentes de la cultura y la educación de distintas zonas del país –CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, Neuquén, entre otras–, se reunieron en la Librería Caburé de la Ciudad de Buenos Aires, para presentar una declaración sobre la coyuntura cuyo título es “Crisis democrática en Argentina”. Durante la presentación se discutieron los puntos más salientes del texto que se empezará a difundir esta misma semana y que pueden leer como anticipo en esta edición.

Uno de los objetivos centrales del encuentro que produjo su primera síntesis en esta declaración es el de promover un espacio de intercambio intelectual y articulación federal que haga lugar a las particularidades de los conflictos, luchas y problemáticas que se despliegan actualmente en todas las provincias del país, y a los diversos posicionamientos que se van configurando a la hora de denunciar y enfrentar “el recrudecimiento de la persecución política contra opositores que viene llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri”. En uno de los tramos, el documento denuncia “el intento manifiesto de proscribir y encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la oposición, que tiene la adhesión incluso militante de una parte muy importante de la sociedad, y que ha denunciado tanto el empeoramiento de las condiciones de vida de la población como la subordinación de importantes sectores de la política institucional al gobierno de los grupos concentrados”. El otro objetivo, tan fundamental como aquel, remite a encontrar las mejores formas de enunciar y trabajar para “profundizar la democracia como forma de elección libre e invención de condiciones de vida cada vez más justas para las mayorías”, tal como sostienen lxs firmantes del texto.

La economía está en crisis, la salud está en crisis, la educación está en crisis, el trabajo está en crisis, la democracia está en crisis. Como trabajadoras y trabajadores de la educación y la cultura observamos con preocupación y alarma esta situación y la utilización de resortes estatales para atacar conquistas y derechos democráticos elementales, así como el recrudecimiento de la persecución política contra opositores que viene llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri.

El ajuste dictado por el FMI y el capital financiero no ha hecho más que acentuar una tendencia generalizada (que ya se había preanunciado en medidas como la reducción de jubilaciones a través de la reforma previsional votada por el Congreso Nacional en el pasado diciembre, mientras se desplegaba un violento operativo represivo sobre quienes se manifestaban), arrastrando a vastas capas de la sociedad a una situación en la que el empobrecimiento general amenaza aún más la precaria paz social. Esa tendencia que condujo a la crisis, es preciso subrayar, no es obvia ni natural, sino que es producto de las decisiones políticas tomadas por el actual gobierno. Se extiende así la certeza de que el macrismo y todo lo que él expresa carece de Patria, o de alguna noción cierta de bien común que vaya más allá del enriquecimiento de una minoría favorecida. Sólo eso explica la liviandad con la que llevaron al país a una situación de altísima vulnerabilidad económica, cuando es más que sabido que las élites de las principales potencias del mundo –que ellos admiran– exigen estas políticas para los países periféricos, pero las evitan en sus propios Estados.

Es en estas condiciones que Macri ha decidido no tomar medidas contra la crisis, sino contra la oposición. Optando siempre por la fuerza y el chantaje contra la razón y la sensibilidad, haciendo de la provocación una política, y en alianza con las fuerzas más oscuras de los poderes mediáticos y judiciales, Cambiemos opera para encerrar dirigentes sociales y políticos e intervenir partidos opositores, al tiempo que multa sindicatos y persigue manifestaciones disidentes con una saña y una belicosidad que no se habían visto desde la recuperación democrática en 1983. Este uso de la sanción judicial puede generar un punto de no retorno en la democracia argentina. Si esta máquina punitiva triunfa, le dará forma a una herramienta política “legal” de supresión y domesticación de la oposición que disolverá los principios básicos de la independencia de poderes y la construcción plural de la sociedad. Una democracia no puede durar con este tipo de herramientas políticas. El gobierno que las crea se verá pronto obligado a defender su monopolio, inventando otros atajos y mecanismos institucionales que pondrán en serio riesgo la vida democrática. Ese es el peligro que abre la construcción mediático-judicial del linchamiento de toda práctica social, cultural y política que no responda a los mandatos gubernamentales. Peligro que se incrementa con el decreto que autoriza a las FF.AA. a volver a ocuparse de asuntos de seguridad interior y le da un carácter aún más siniestro a aquella belicosidad, en tanto lesiona acuerdos mínimos de la convivencia legal que tan trabajosamente se construyeron durante los primeros años de la posdictadura.

En este sentido, enumerar algunos de los hitos de la progresiva degradación del Estado de Derecho a la que asistimos en los últimos dos años y medio es inevitable: desde la prisión ilegal de Milagro Sala y todas las vejaciones que aún sufre, pasando por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, los casos de gatillo fácil que se repiten a la vez que se consagra la doctrina Chocobar, la represión a la protesta social que empieza a instalarse como paisaje “normal”, hasta el encarcelamiento injustificado y circense de referentes opositores, donde no sienta jurisprudencia el derecho sino la venganza. En esta larga y no exhaustiva serie, el último episodio es el intento manifiesto de proscribir y encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la oposición, que tiene la adhesión incluso militante de una parte muy importante de la sociedad, y que ha denunciado tanto el empeoramiento de las condiciones de vida de la población como la subordinación de importantes sectores de la política institucional al gobierno de los grupos concentrados. Tal como hicieron con Lula en Brasil y como quieren hacer con Correa en Ecuador, se agitan “causas de corrupción” que privilegian el impacto mediático sobre las pruebas y transgreden toda garantía procesal: así, la derecha y las clases dominantes se proponen dejar sin expresión electoral a millones de argentinos y argentinas, y a la vez disciplinar las disidencias más activas del colectivo social. Si Cristina Kirchner es impedida de participar en condiciones legítimas, democráticas y transparentes, Argentina se habrá convertido en lo que ya fue durante buena parte del siglo XX: una ex democracia con mayorías populares proscriptas.

Por eso no hay que engañarse: la persecución apunta a los líderes, pero también a las organizaciones y los ciudadanos. Las universidades e institutos de formación docente protestan por las condiciones de enseñanza y reciben recortes presupuestarios, avasallamiento institucional y amedrentamiento policial; un multitudinario movimiento feminista reclama por la legalización del aborto y su presentación amplia y transversal es denegada por los votos de un grupo de senadores y senadoras; los gremios piden paritarias y son multados con montos millonarios por el Ministerio de Trabajo; los sectores de la economía popular reclaman por los trabajadores desocupados y precarizados mientras no deja de subir la carestía de vida; los hospitales públicos carecen de insumos y de la cantidad de profesionales necesarios para la adecuada atención de la población; la ciencia argentina es rematada por falta del financiamiento prometido; las escuelas públicas son abandonadas y se derrumban, igual que los comercios y la producción industrial. Sólo crecen la inflación, los tarifazos, la desesperación del pueblo y la falsa moralina de las élites, que se sienten más allá de toda ley porque tienen decenas de jueces adictos y más allá de toda crisis porque acuñan sus ganancias en moneda extranjera, y que escriben el presente más oscuro porque aplican la mano dura de los medios concentrados.

Esto que describimos debería entenderse también como una advertencia. Desoír las protestas sociales, negarles incluso la mera existencia desde la alianza –estrecha como pocas veces– entre un gobierno y los grandes medios de comunicación; tratar como trasnochados o delincuentes a quienes nos oponemos a un modelo que condena a generaciones a un endeudamiento que ya es una nueva prisión; todo esto asegura más y más desgarramientos en nuestro país que, irremediablemente, se encamina a un proceso de encendidas luchas sociales y políticas. Lo que siembran hoy en su afán de venganza, tarde o temprano se volverá contra ellos.

Por eso llamamos a todos los actores con incidencia en la vida pública argentina a sostener la democracia en su más amplio sentido. La democracia es creación de libertades, de derechos y garantías individuales y colectivas –fundamentalmente– para la expresión del disenso y la manifestación de posicionamientos antagónicos, junto con el sostenimiento de condiciones equitativas de disputa electoral para todos y todas. Exigimos entonces el restablecimiento de las plenas funciones del Estado de Derecho y el fin de la persecución a opositores políticos y luchadores sociales. Es mucho lo que se pierde si gana el autoritarismo persecutorio, la estigmatización y el odio. Pero, además, responder a la crisis actual con ajuste, denegación del otro y violencias de todo tipo es ahondar las injusticias y ocultar las verdaderas causas de nuestros problemas. Entendemos que profundizar la democracia como forma de elección libre e invención de condiciones de vida cada vez más justas para las mayorías es el único camino ante la crisis: esta es la enseñanza más convincente que nos ha dado la historia argentina.

Firman: Ábalo, Facundo / Andermann, Jens / Bacci, Claudia / Barba, Julia / Bernini, Emilio / Biset, Emmanuel / Bruzzone, Pablo / Cámara, Mario / Cano, Virginia / Capelli, Darío / Caramés, Diego / Casullo Amado, Mariana / Catanzaro, Gisela / Ciucci, Juan / Ciucci, María Rita / Cosoy, Irene / Cristófalo, Américo / D’Iorio, Gabriel / Dipaola Esteban / Echeverría, Carlos / Espeche, Ximena / Farías, Matías / Farrán, Roque / Fernández Mouján, Alejandro / Gainza, Mariana / García, Luis / García Laval, Francisco / Garrido, Juan / Guiñazú, Luciano / Giorgi, Gabriel / Glozman, Mara / Gomez Florencia / González, Horacio / Habra, Adriana / Habra, María / Ipar, Ezequiel / Jacoby, Roberto / Jalil, Oscar / Kaufman, Alejandro / Kesselman, Violeta / Korn, Guillermo / Lewkowicz, Mariana / López, María Pia / Makedonsky, Diego / Mallach, Nelson / Manacorda, Julián / Mancinelli, Elena / Martínez, Marcela / Miletti, Mauro / Mirto, Rodrigo / Molina, Mariano / Mucillo, Carla / Nosetto, Luciano / Ramallo, Carolina / Ravazzani, Alejandro / Rinesi, Eduardo / Rodeiro, Matías / Rogovsky, Cinthia / Romé, Natalia / Julia Rosemberg / Rossi, María José / Russo, Sebastián / Sague, Lisandro / Selci, Damián / Taccetta, Natalia / Tartaglia, Leandro / Tatián, Diego / Trímboli, Javier / Varela, Gustavo / Vergalito, Esteban / Vilela, Nicolás / Wasserman, Fabio / y siguen las firmas.

RAYOS Y CENTELLAS

La meteorología de Cambiemos no augura calma

POR HORACIO VERBITSKY

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A última hora del viernes 17, el gobierno comenzó a comunicar a las empresas involucradas en la investigación del fiscal Stornelli y el juez Glock sobre obras públicas licitadas antes de diciembre de 2015, “la inmediata suspensión de los trabajos, en el estado en que se encuentren, poniéndose la obra a disposición del comitente”, que tomará posesión “hasta que se esclarezcan los hechos investigados”. Es decir, todo lo contrario de lo anunciado a los bancos comprometidos en el financiamiento de esas obras. Esto ratifica la confusión permanente en que se mueve el gobierno, que no atina a sostener una decisión por más de un par de días. La comunicación oficial otorga un plazo de tres días, que vence el jueves 23. En ese momento, junto con la obra, las constructoras deberán entregar toda la documentación técnica y “todo material, equipos, vehículos y/o elementos que el comitente haya facilitado al contratista para los fines de la contratación y ejecución de los trabajos”. No parece que se esté pensando en una suspensión breve, ya que en el momento de la entrega se realizará un inventario y detalle del estado de la obra, documentación, materiales y equipos y se iniciará un procedimiento administrativo de revisión de costos para determinar si se ajustan a los precios de mercado. Desde el mismo viernes quedaron suspendidos todos los pagos por cualquier concepto “hasta el esclarecimiento de los hechos investigados por la Justicia”. Así puede observarse en el facsímil. 

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IEASA es la nueva denominación de la sociedad estatal ENARSA. Destinatario de la nota es la Unión Transitoria de Empresas con la que contrató la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA): ESUCO, del arrepentido Carlos Wagner; BTU, del detenido Carlos Mundín, y Víctor Contreras y Compañía. Esto no afecta a los corredores viales licitados este año bajo el régimen de participación público-privada, entre cuyos titulares hay varios encuadernados. Pero tampoco les garantiza conseguir el financiamiento internacional indispensable, sino todo lo contrario.

En el encuentro de AEA (Asociación de Empresarios Argentinos, según su denominación oficial, o de Empresarios Arrepentidos, según mi ingenioso colega Leandro Renou), el presidente Maurizio Macrì insistió con las metáforas meteorológicas para caracterizar la coyuntura, pero esta vez les agregó detalles dramáticos: “Atravesamos una tormenta de frente”, dijo. No quedó claro si el tiempo verbal escogido era pretérito perfecto o presente, pero ni falta que hacía. Pocas horas antes había respondido a una pregunta sobre la nueva disparada del dólar: “No pasa nada, tranquilos”. El viernes 15, en Jujuy cuando una periodista le preguntó hasta cuándo seguiría subiendo el dólar, respondió: “Está más calmo estas últimas semanas”. Si hay una tormenta, las preguntas que se imponen son ¿dónde está el piloto? y ¿en qué estado de conciencia?

Hoy un juramento

A diferencia de otros públicos, esta vez lo acompañaban sus pares, a quienes necesitaba convencer de que aceptaran sin protestas la ruptura de todos los pactos preexistentes. No de las promesas electorales formuladas en el remoto año 2015 (como el fácil control de la inflación, la inminente lluvia de inversiones, la continuidad del fútbol televisado accesible a todos sin pagar o el respeto a la integridad del salario sin afectarlo con el impuesto a las ganancias) sino de los compromisos asumidos en los últimos meses, semanas, días y horas, ya no con el cándido electorado que quería cambiar sin saber cómo, por temor a la explosión de una bomba que no alcanzaba a explicar en qué consistía, sino con las distintas fracciones del gran capital que constituyen el sustento de su administración, si así puede llamársele al caótico desgobierno vigente y con la dirigencia política de la que requiere apoyo legislativo. Algunos ejemplos:

* Las palabras tranquilizadoras de alguien tan ajeno a las cuestiones financieras y tan desconocedoras del marco jurídico vigente como el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, fueron dirigidas a los principales bancos el viernes 10, asegurándoles que ninguna obra se interrumpiría. Su desmentida en los hechos se produjo el viernes 17. Apenas una semana.

* Durante una visita a la Sociedad Rural antes de emprender viaje rumbo al encuentro del G20, Macrì declaró, acompañado por su ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, que no se modificaría la baja gradual de retenciones para la soja. Lo reiteró el 28 de julio la vicepresidente Gabriela Michetti en su discurso ante la Sociedad Rural. Pero el 15 de agosto el decreto 757 la suspendió por seis meses para la harina y el aceite de soja. Dos semanas.

* El 31 de julio el Ministro de la Producción, Dante Sica, aseguró a la Unión Industrial que los reintegros a las exportaciones de bienes con valor agregado no corrían peligro. Esta semana, Macrì redujo en dos tercios esos reintegros y Sica se enteró por los medios. En cada caso, se citan como fundamentos “las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal y evitar la generación de mayores desbalances”. Dos semanas.

* El lunes 13 de agosto, el gobierno nacional limitó de 100 a 50 millones de dólares la oferta diaria que el BCRA subasta en el mercado de cambios. Pero el martes 14 el mesadinerista Luis Caputo, provisoriamente a cargo de la autoridad monetaria, informó que había conseguido autorización del FMI para utilizar las reservas en el rescate de las LEBACs y ofreció 500 millones de dólares en subasta.

* Caputo ofreció a los bancos tenedores de LEBACs mudarse a Lelics o Nobacs, pero como la demanda fue nula, les impuso un encaje adicional del 3%. Sólo 24 horas.

* El decreto 756 anuló el Fondo Federal Solidario creado en 2008 con el 30% de las retenciones a la soja y ratificado por el Pacto Fiscal de noviembre de 2017, para “mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial” de las provincias y municipios. El pacto, refrendado por la ley 27.429 el 21 de diciembre de 2017, incluyó los compromisos de provincias y municipios de ajustar sus cuentas y constituyó la última victoria del gobierno nacional antes de montar al tobogán en el que no cesa de caer desde entonces. El decreto del 15 de agosto, que no fue consultado con gobernadores ni intendentes antes de su firma, terminó con el Fondo Sojero. Si en pleno periodo de sesiones ordinarias del Congreso una ley es modificada por un decreto de necesidad y urgencia, habrá que creer que el gobierno realmente está necesitado y urgido, por los efectos de su propia imprevisión.

Es cierto, como reitera Macrì, que las condiciones de la economía global son atroces, tal como lo cuentan en esta edición Mónica Peralta Ramos, Pedro Biscay, Enrique Aschieri y Jorge Elbaum. Pero precisamente por eso, fue insensato que el gobierno desmantelara todas las medidas regulatorias y protectoras del mercado interno y expusiera el país desnudo a la famosa tempestad, endeudándolo de modo exponencial no para invertir en infraestructura sino para pagar gastos corrientes en pesos.

Nadie puede decir que a Macrì le tiemble el pulso antes de tomar decisiones. Pero tampoco que medite en sus consecuencias, que siempre lo toman de sorpresa, como a un niño que vive de descubrimiento en descubrimiento. En este caso, el repudio general de municipios y estados provinciales afectados preanuncia dificultades a la hora de incluir las cláusulas de ajuste pactadas con el FMI en el presupuesto 2019 y refuerzan la tentación de repetir el de 2018, lo cual sería muy cómodo para el Ejecutivo con una inflación del 35%. Pero debería obtener el visto bueno del Fondo, que concentra un poder de decisión sin precedentes. Derogar una ley por un decreto y prorrogar el presupuesto por otro no entra en ninguna definición de calidad institucional ni seguridad jurídica.

Una dinámica incontrolable

Este endurecimiento de relaciones con su propia constituency se produce al mismo tiempo que el radar de la justicia federal apunta por primera vez hacia el sistema financiero dentro del expediente iniciado por los Quaderni del Chauffeur (Horacio González dixit), en un tiempo que ya parece remoto porque la ristra de delaciones obtenidas por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo y por el juez Claudio Bonadío han desatado una dinámica incontrolable para todos. Stornelli y el Doctor Glock actúan por fuera de sus respectivas competencias y, así como se apropiaron del expediente en forma ilegal, están aplicando métodos extorsivos para forzar confesiones autoincriminatorias, de lo cual incluso se jactan, con humoradas soeces sobre los empresarios que no resisten el olor a tumba de los calabozos hediondos a los que los enviaron adrede. Ni esto, ni los nexos serviciales de los sargentos del Ejército y la policía que dieron origen al expediente judicial y a su cobertura periodística, significa que todos los datos así obtenidos sean falsos. Sólo agrega otra capa de barro al lodazal en que todos chapotean, con el agravante de que los fiscales y el juez deberían representar la legalidad garantizada por el Estado. El caso se parece (en eso y sólo en eso) a la lógica por la cual el Estado Terrorista recuperó hace cuatro décadas el monopolio de la violencia a costa de acabar con el imperio de la ley y cometer crímenes más graves de los que utilizó para justificar sus actos.

El secreto del sumario y un lote de periodistas obsecuentes permite dirigir la información del modo que les apetece, es decir en contra de la ex Presidente CFK. Aun así, el mero cotejo de informaciones públicas permite poner en duda buena parte de las versiones que van de Comodoro Py a los televisores que, pese al auge de las redes sociales siguen siendo la vía más confiable para las crédulas clases medias objeto del operativo, del que Macrì se declaró “contento” en Jujuy. Por ejemplo, en junio de 2016, cuando fue detenido José López con 9 millones de dólares, el diario La Nación calculó que pesaban 90 kilos. “Se estima que 1 millón de dólares, representados en 100 fajos de 100 billetes de US$100, tiene un peso de 10 kilos; es decir, cada papel pesa 1 gramo aproximadamente, de acuerdo a información de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo”, escribió el matutino. Añadió que esto es nueve veces más que el peso atribuido a cada millón de dólares en los programas de chimentos sobre la corrupción. Son diferencias menudas, comparadas con la hipérbole de Leonardo Fariña de que “se robaron un Producto Bruto”, es decir cinco veces más que toda la obra pública nacional realizada entre 2003 y 2015.

La línea de defensa de los empresarios involucrados va retrocediendo. Los primeros en declararse arrepentidos fueron parientes, amigos y socios del presidente: Javier Sánchez Caballero, Ángelo Calcaterra y Juan Carlos de Goycoechea, todos asesorados por el mismo estudio, que también atendió asuntos de las Sociedades Macrì y uno de cuyos socios es primo hermano de la diputada libertadora Elisa Carrió. Despedido de Isolux-Corsan por escándalos similares ocurridos en Chile, De Goycoechea es socio apenas disimulado de los Macrì en distintos emprendimientos.

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Alejandro Carrió, abogado de Macri, de Herrera de Noble, de Calcaterra, de Sánchez Caballero y de Goycoechea

Todos dijeron que fueron extorsionados para hacer aportes de campaña al Frente para la Victoria y la negociación previa permitió que el primo presidencial no pasara más de una hora en los tribunales. No en Tribunales, sino en el foro patronal, Paolo Rocca sostuvo que la transnacional italiana Techint no formó parte del esquema corrupto que investiga la justicia, sino que pagó un rescate para conseguir que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela permitiera la repatriación de los técnicos argentinos de la expropiada Siderúrgica del Orinoco (SIDOR). La misma versión había ofrecido en los tribunales el principal operador de Techint, Luis María Cayetano Betnaza, CUIT 20115063163, según los datos que suministró al presentarse al blanqueo de capitales que cerró en 2017. ¿Podría perder ese beneficio al implicarse su participación en un ilícito o se aceptará su versión de que fue víctima de un chantaje y estaba en juego la vida de los trabajadores?

El propio Macrì validó esa coartada al afirmar ante la cumbre patronal del Hotel Sheraton que cualquier empresario que recibiera un pedido indebido podía acudir a él para denunciarlo. La idea de los hombres de negocios como víctimas de los gobernantes no se sostiene, como lo explica con ejemplos impactantes en esta edición de El Cohete a la Luna el creador y primer titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, a quien los adjudicatarios de la hidrovía trataron de implicar en sus acuerdos subterráneos para mejor esquilmar al Estado. La versión de Macrì como garante de la transparencia es sólo un mal chiste. En 1993 publiqué el primer documento que se haya conocido acerca de las relaciones entre los mayores grupos económicos que operaban en el país y las fuerzas principales del sistema político, a propósito del gasoducto Loma de la Lata, construido por Techint, Pérez Companc y Macrì. La financiera cautiva de Techint, Santa María, recaudaba los aportes, proporcionales a la participación de cada grupo en el consorcio, y pagaba las “Prestaciones de sede” a funcionarios y políticos, tanto radicales como peronistas, y a competidores excluidos del negocio, para que no protestaran. Sólo en el año 1987 se pagaron en tangenti por esa obra 11.527.000 dólares, o expresado con la técnica financiera de las planillas de Santa María: 11.527 U$S x10 a la tercera. El actual presidente ya era vice del grupo familiar. En la década siguiente, la carrera política de Juan Carlos Rousselot llegó a un abrupto fin, por el contrato con Maurizio Macrì (no con Franco) para construir cloacas en Morón, a alto precio y sin licitación. También los jueces de la Corte Suprema Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor fueron destituidos en juicio político por obstruir la investigación contra Macrì (y en este caso también su padre), por contrabando de automóviles, que eran vendidos en partes, como exportación definitiva al Uruguay, por la que percibían reintegros, pero luego reingresaban al país como vehículos completos sin pagar tributos. Pérez Companc salió del negocio de la construcción, Macrì saltó del obrador al gobierno y Techint constituyó la única multinacional con cabeza en Buenos Aires que juega en la economía global, como primer productor mundial de tubos sin costura y, desde Tecpetrol, primer productor de gas no convencional en el área Fortín de Piedra, de Vaca Muerta. Desde que los cuadernos ganaron la agenda pública la capitalización de Techint en el mercado mundial cayó 20%, también podría abrirse una investigación en la SEC estadounidense y habría interesados globales en la compra de sus activos a precio muy reducido. Un dato curioso: para ilustrar la nota sobre el foro empresarial del Sheraton, Clarín escogió una foto de un encuentro anterior en el que se ve a Paolo Rocca junto a Betnaza y a alguien que, con la cara tapada por la mano, podría confundirse con el presidente Macrì. Rocca estuvo en el Seminario, pero Betnaza no.

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                                           La curiosa foto que eligió Clarin.

Algunos columnistas subsidiados por la pauta oficial pretenden que al provenir de esas estructuras putrefactas, Macrì estaría en mejores condiciones que nadie para sanear la ciénaga. Ese relato, que parece inspirado en la conversión de los santos que dejan una vida disipada para consagrarse al estudio y la oración, sólo sería creíble si el Presidente y su gobierno hubieran mostrado una conducta nueva desde que pasaron al otro lado del mostrador. Lejos de eso, se han servido del Estado para sus negocios particulares.

Sobre llovido, mojado

La frase atribuida por Carlos Pagni a un ministro del gabinete nacional, “si no hay pan, que haya circo”, revela que desde el gobierno alguien pensó que el desfile de los arrepentidos desviaría la atención de los problemas económicos.

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                               Pagni, Dujovne y Fariña: si no hay pan, que haya circo.

Esto no pasó de ser una expresión de deseos, porque aun en el segmento “Indignados” de las encuestas de opinión, el tema genéricamente denominado de la corrupción es precedido por las cuestiones económicas, como inflación y tarifas. Los problemas del gobierno siguen siendo la insuficiente generación de dólares genuinos, el cierre del financiamiento para el Estado y para las empresas argentinas por la desconfianza sobre el repago de una deuda que creció de modo vertiginoso, la fuga incesante de capitales y la resistencia social a sus políticas destructivas de la producción y el empleo.

A la incapacidad del gobierno para dominar la corrida cambiaria, porque obedece a razones estructurales que no se corrigen con voluntarismo, y a las consecuencias económicas y sociales del ajuste pactado con el FMI, se suman desde hace tres semanas los efectos colaterales del cuadernazo, como la interrupción de las obras comunicada el viernes 17.

Contra lo que el gobierno esperaba, la prensa internacional no prestó mayor atención a las denuncias contra Cristina, pero los reguladores bancarios y bursátiles están muy atentos a las confesiones de empresarios que demandan financiamiento para nuevas obras en la Argentina, ya sea mediante crédito o colocación de obligaciones negociables.

La Guardia Nacional

Mientras el ministro de Defensa de Estados Unidos, general John Mattis, comenzaba en Buenos Aires su primera gira por lo que el Comando Sur llama Hemisferio Occidental, y el gobierno argentino daba comienzo al despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera norte, los dos principales diarios de su país minimizaban la amenaza terrorista no sólo en la Argentina y las Américas sino también en el resto del mundo, y desaconsejaban el empleo de los militares en tareas vinculadas tanto con su represión como con el comercio ilícito de sustancias estupefacientes de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. Ni el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, ni el de Macrì exponen con claridad cuál es el sentido del regreso de los militares al primer plano. El 27 de abril dimos en El Cohete a la Luna una primicia que tuvo mayor repercusión dentro que fuera de las Fuerzas Armadas. Con el título Militares En Guardia [Nacional] contaba que “el gobierno nacional contempla el reemplazo de las Fuerzas Armadas por una Guardia Nacional, al estilo de Panamá y Costa Rica. El planteo fue formulado por el Secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, quien bajo la dependencia de Gustavo Lopetegui dirige en la jefatura de gabinete la Secretaría de Asuntos Estratégicos” creada por decreto sobre el modelo de la asesoría de seguridad nacional de Estados Unidos. Pompeo es uno de los funcionarios más próximos a Macrì y proviene del justicialismo, como Ramón Puerta, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Miguel Pichetto. Hoy es más fácil de entender lo que allí se afirmaba y sus consecuencias. Al mismo tiempo que desaparecen del papel moneda las Islas Malvinas, reemplazadas en el billete de 50 pesos por un pájaro, se replantean las competencias, estructura y organización de las Fuerzas Armadas. La conducción de los militares destinados al operativo Frontera Norte, inaugurado el viernes 17 por el Poder Ejecutivo, queda en manos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. De este modo, y con un perverso recorte y pegatina de partes de distintas de leyes y decretos, los militares son sustraídos de su misión primaria de Defensa Nacional y degradados a fuerza auxiliar de las policías, pero no en forma excepcional y con intervención del Congreso y el Comité de Crisis, como prevé la en teoría vigente ley de seguridad interior, sino de modo permanente y sin control. La histórica meta de actuación conjunta de las Fuerzas Armadas se invoca como coartada para una nueva reducción de personal y para la desocupación de grandes predios de alto valor inmobiliario en la periferia de las grandes capitales.

Horas antes de que Macrì encomiara el despacho de un primer contingente militar a la frontera, la Asamblea Popular de la Puna repudió la instalación de una Base Militar en La Quiaca “con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo” y señala que es consecuencia del “Acuerdo que firmó el Gobierno Nacional en noviembre de 2016 con la Guardia Nacional de Georgia, perteneciente al Ejército de los Estados Unidos”, que “incluye la subordinación del Gobierno y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas argentinas a los objetivos y al mando del Ejército de los Estados Unidos”.

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En 2017, cuando se firmó el convenio, consignamos que el Programa de Asociación Estadual (The State Partnership Program) iniciado en 1991 para asistir a las naciones surgidas del extinto bloque soviético sin suscitar la suspicacia que hubiera producido la presencia directa de los marines o el US Army cerca de la frontera de Rusia, se convirtió en una herramienta clave para los intereses de seguridad de Estados Unidos y los Comandos de Combate de sus Fuerzas Armadas, que así supervisan el proceso político y obtienen mano de obra militar barata. Luego se expandió a Latinoamérica y el Caribe.

“Además”, dice la Asamblea Popular de La Puna, “establece la instalación de Bases Militares encubiertas en áreas de recursos naturales estratégicos como Neuquén, Misiones y Jujuy, que bajo la subordinación mencionada favorece a la diplomacia estadounidense para coercionar sobre el actual y los sucesivos gobiernos nacionales con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de explotaciones de esos recursos. Por último, habilita en territorio nacional, escenarios de intimidación militar y abre la posibilidad de incursiones del Ejército Argentino bajo mando extranjero en agresiones a países sudamericanos”.

El acto oficial se realizó a metros de la frontera con Bolivia, nada menos que en el aniversario de la muerte de San Martín.

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Cenizas de Gloria

Extraer el tumor populista 

*Por Daniel Rosso

Tras escuchar la lectura del fallo, Amado Boudou se abrazó con su abogado, le entregó su celular, sus tarjetas de crédito y algo de dinero y guardó su DNI en el bolsillo, lo único que necesitaba para cruzar la línea imaginaria que lo conducía de la libertad a la reclusión en la cárcel.

El ex vicepresidente preso fue el nuevo golpe simbólico que el gobierno y sus socios estratégicos necesitaban sumar a la ofensiva desplegada con los cuadernos Gloria finalmente incinerados. Un paso decisivo en su proyecto de construcción de un escenario dominado por la agenda anticorrupción.

El gobierno insiste con que es necesario intervenir quirúrgicamente a la Argentina. Según su interpretación, desde hace 70 años, una cultura política caracterizada por la corrupción, la vagancia y los excesos, la inviabiliza y la condena. Con un bisturí diversificado en los estrados judiciales y en los grandes medios hegemónicos planea erradicar esa cultura política para siempre. Se propone eliminar un relato, suprimir un modo de ser. Las democracias exitosas son las que funcionan con un discurso único.

“Tenemos que ponernos a trabajar juntos, hombro con hombro, para que el país pueda salir de una vez por todas de esta historia de crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años” – aseguró el Presidente el último 9 de julio.

Para Cambiemos y sus socios estratégicos, ha llegado la hora de resolver el “empate hegemónico” entre el liberalismo conservador y las fuerzas nacionales y populares, tal como lo formulara hace años Juan Carlos Portantiero. Para ello –interpretan- una de estas dos culturas políticas debe ser eliminada o marginada.

La “grieta”sólo desaparecerá si una de ellas avanza sobre la totalidad del territorio de la otra. Por eso, el fin de la grieta es una propuesta totalitaria. Es la pos política: el consenso alrededor de un pensamiento único.

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Hay que extraer el tumor con quimioterapia judicial y mediática. Para ello, la mega operación simbólica en marcha consiste en superponer estructuralmente corrupción y kirchnerismo. Tratan de transformar ambos elementos en una amalgama inescindible. La eliminación de la primera debe suponer necesariamente la erradicación de lo segundo.

Detrás de las denuncias contenidas en los cuadernos Gloria, los raros choferes escribientes y los empresarios colaboracionistas, se ha intensificado una operación política – cultural gigantesca para instaurar un sistema político con dos proyectos similares, con algunos matices entre sí, pero con acuerdos estructurales alrededor del viejo liberalismo conservador: Cambiemos, por un lado, el peronismo “racional”, por el otro.

Esa apuesta pos política sólo puede estructurarse sobre la agenda anticorrupción: porque ésta ocupa el lugar de la política pero disolviéndola en un acuerdo consensual que pone fin a las discusiones entre proyectos enfrentados.

Todos estamos de acuerdo en oponernos a la corrupción. En la versión oficialista, la totalidad de los que cuestionan la corrupción acuerdan con eliminarla erradicando para ello a la cultura populista a la que está inherentemente vinculada. En esa perspectiva, todos coinciden en eliminar esa diferencia. Hay un intento de desempate hegemónico: uno de los proyectos que surcó desde siempre la historia argentina avanza buscando la supresión del otro.

La agenda anticorrupción es el gran escudo simbólico de esa operación. Con el kirchnerismo tras las rejas, se funda la Argentina del consenso, es decir, el país pos político: el colectivo único de los partidarios de la anticorrupciónque logran encarcelar y excluir a los corruptos populistas.

Es esta, además, una de las pocas agendas donde el oficialismo puede aún dialogar con los sectores medios y en la que intenta lentificar la desestructuración de su alianza gubernamental. Es justo lo que necesitaba y es lo que esa trama de jueces, medios hegemónicos y servicios de inteligencia, le han provisto bajo dirección de algunos poderes económicos.

La construcción de simulacros

Jean Baudrillard ya nos prevenía de que una sucesión de simulacros podía suplantar “la realidad”. La mayor destreza simbólica del neoliberalismo es la construcción de simulaciones. Para decirlo rápido: un simulacro es la instalación de una “versión ficcional” como si fuera la realidad única o definitiva. No es nuevo: pero estos simulacros hoy son construidos con sofisticados modos de producción por los cuales las apariencias pierden casi todas sus marcas como apariencias. Casi todas.

A los simulacros se los construye desde el interior de “lo real” y con técnicas en permanente perfeccionamiento. Es un estado superior de la escritura de la historia: no solo se interpretan los hechos, además se los producen para escribirlos.

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En el caso de los cuadernos, la escritura periodística y judicial interviene sobre una escritura previa, la del ex sargento Centeno, quien intenta reducir los hechos a datos absolutos. Los hechos se los produce cuando se los escribe. Los hechos, en buena medida, son la escritura misma.

Una novedad de este caso es que “la corrupción” es denunciada desde su interior, por el chofer y por los empresarios involucrados. Y se despliega casi totalmente por dentro del sistema periodístico y judicial. No hay, por lo menos públicamente, demasiados actores políticos interviniendo en la denuncia. Es un tipo ideal de lawfare: se desenvuelve casi integralmente a través del accionar de jueces y periodistas.

Por eso, la construcción de la información está muy marcada por las lógicas de los datos puros que son presentados como la realidad misma. Estos, en el positivismo neoliberal, son el punto cero de las interpretaciones. Están fuera de las disputas de sentido. No hay en ellos choque de relatos contrapuestos.

Los datos de los cuadernos son verdades definitivas. Son, en sí mismo y tal como se los presentan, una construcción pos política. Es decir: para el positivismo de Cambiemos, son un adelanto de la verdad única que aspiran alcanzar luego de expulsar a la cultura populista.

El dato es una trinchera del discurso único. Por eso, el gobierno siempre intenta llevar la discusión al territorio de los datos: para ellos, allí hay verdad consensual y no disputa política. En contraposición, el Populismo es la insistente apertura de sentidos en todos los lugares donde el neoliberalismo intenta decretar la clausura. Siempre que hay populismo hay rebelión epistemológica. Si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia.

La escritura del ex sargento

Y hay, en el espectáculo de los cuadernos incinerados, en las cenizas de los Gloria, elementos para la rebelión frente a los datos naturalizados. La escritura del ex sargento pone en escena un enunciador que cambia con el transcurso del tiempo: en un principio es un chofer que contabiliza kilómetros, luego es el conductor de un camión de caudales. Al final, sólo parece que hacen eso: recepción, distribución y acopio de dinero. El texto adquiere la forma repetitiva de un cuento de Bukowski: sólo que en lugar de sexo hay saturación de bolsas con dinero. Lo que se quiere mostrar está expuesto con un exceso desmesurado.

Centeno es un chofer taquígrafo que construye datos de modo automático: ve las bolsas y los bolsos desde afuera y puede contabilizar la cantidad de dólares o pesos que contienen. Es un relator omnisciente: detecta a la velocidad de un golpe de vista la cantidad exacta de billetes que suben a su Toyota Corolla.

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Escribe: 1.000.000 (un millón de dólares), 500.000 (quinientos mil dólares) y así. En un texto lleno de aclaraciones, Centeno demuestra todo el tiempo vocación pedagógica. Le preocupa que su lector entienda. Ese otro que lee está permanentemente presente en el escrito: le dice, “dejo aclarado”, “tengo también que asentar” y otras frases por el estilo.

Entonces: le escribe a alguien que permanece oculto. En ese mismo sentido, hay una búsqueda permanente de la precisión del dato. Por momentos toma la forma de una declaración testimonial: casi como si escribiera un texto especialmente preparado para el sistema judicial y periodístico.

El mismo escrito es complementado con “pruebas”. “Acompaño el ticket del estacionamiento del 03 del operativo” o “acompaño el ticket del estacionamiento”. El chofer es un migrante entre géneros: diario, relato de viaje, declaración testimonial, crónica, etc. Se mueve entre ellos con la ductilidad de un escritor experimentado.

Pero sus datos, transformados en “realidad definitiva” por el positivismo periodístico y judicial hegemónico, contienen varia inconsistencias. El primero: son pruebas que no han podido probarse, es decir, fueron utilizadas como pruebas pero sin que hayan sido corroboradas como tales.

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Por eso, el origen del proceso judicial que se inició con más de una decena de detenciones, está sostenido en el vació. Jueces y periodistas se atrincheran en los datos pero los datos no pueden demostrarse. Lo que queda de los cuadernos Gloria son cenizas.

Por lo cual, no hay ninguna razón para descartar que sea un simulacro. Es decir, un texto ficcional preparado para que funcione como real.

El segundo: la escritura está dirigida a un lector ausente pero muy presente en los textos. Tercero: la escritura eslabona datos y datos muy funcionales a la lógica de los sistemas judiciales y periodísticos donde se instaló la denuncia. Cuarto: la existencia de imprecisiones notables entre la cantidad de dinero que el chofer decía que había en las bolsas y lo que afirmaron los empresarios “arrepentidos”.

El primo presidencial, el príncipe de la obra pública, Ángelo Calcaterra, premiado con dos entrevistas a páginas completas en Clarín y La Nación, respondió ante la pregunta por los números de los cuadernos: “las cifras que se dicen son disparatadas”. Quinto: la falta de explicaciones acerca de los móviles que llevaron a Centeno a esa escritura sistemática. Sexto: la enorme funcionalidad que tiene para el gobierno la reinstalación global de la agenda anticorrupción, tanto para desplazar de la escena los temas críticos como para retomar la ofensiva en su intento estructural de erradicar la cultura política kirchnerista.

La estrategia de la ternura

La producción de simulacros eslabona datos reales con ficcionales para construir “relatos verdaderos”. Los medios hegemónicos juegan un rol estratégico en esas construcciones. Se han dotado de un manual de traducción instantáneo de las palabras políticas. Por ejemplo, donde los empresarios “arrepentidos” declaran “aportes de campaña” ellos traducen “coimas o sobornos”.

Así autonomizan un lenguaje con el que construyen la grieta pos política: entre los corruptos y los honestos. Intentan modelar el mundo emocional de los argentinos y argentinas mediante la estrategia de la ternura: un guión en el que de un lado están los apretadores, corruptos y bandidos a los que es necesario excluir y, del otro, ellos, los argentinos buenos, sensibles, tiernos y honestos. Todo bajo la dirección del proyecto liberal conservador que busca el desempate hegemónico.

* Daniel Rosso / sociólogo, periodista y analista de medios

https://cordobaprimero.com.ar/index.php/2018/08/12/cenizas-de-gloria/

¿Leales a quién? Sobre cómo las relaciones con los servicios de inteligencia están haciendo más opaca la Justicia

Por Paula Litvachky

En la Argentina, el poder judicial federal y la estructura de inteligencia se encuentran imbricados por una red de vínculos y compromisos, con una agenda propia que incluye las disputas políticas y el armado de negocios. De tal modo, el sistema pierde capacidad de funcionar como espacio democratizador en el reclamo de derechos.

Abogada y doctoranda en Derechos Humanos de la Universidad de Lanús. Es Directora del Área Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 

La degradación del sistema de justicia federal argentino está asociada a la cultura política que naturalizó y naturaliza el peso y la influencia que adquirieron la estructura de inteligencia y ciertos operadores como resultado de dos procesos problemáticos.

Por un lado, el sistema político utilizó la estructura de inteligencia como un canal para influir y manipular al poder judicial federal con fines diversos, lo que derivó en la articulación de una red capilar de operadores (no necesariamente “de” la inteligencia, pero sí asociada a ella) con llegada a jueces, fiscales y empleados judiciales que fue adquiriendo un peso que define las reglas de juego del sistema de justicia. Esta práctica se apoyó en los usos tradicionales del espionaje para procurar gobernabilidad, hacer negocios, resolver disputas políticas, económicas y judiciales o acallar a la disidencia. Dos características históricas del aparato de inteligencia facilitan esa instrumentalización: su condición secreta y un presupuesto importante que, como nadie controla, es una fuente de financiamiento legal e ilegal. Esa red se consolidó en lo que Marcelo Sain llamó una “trama de influencia y manipulación” (La casa que no cesa: infortunios y desafíos en el proceso de reforma de la ex SIDE, 2016) capaz, incluso, de intervenir en los procesos de selección de integrantes del sistema de justicia. Esta trama tiene a algunos funcionarios judiciales como parte activa (en forma más o menos visible) y no solo como objetos de influencia o extorsión. Con el tiempo y por su eficacia para construir poder fue ganando autonomía, una capacidad de fijar objetivos propios y de tomar decisiones cada vez más alejadas de las reglas institucionales. Esta red de relaciones y lealtades está activa, tiene agenda propia, no es uniforme ni responde a un mismo grupo pero sus integrantes confluyen en disputas ideológicas y políticas y en el armado de negocios. Actúa como una fuerza que pretende organizar lo que ocurre en la justicia federal, con lógicas opacas y elusivas, algunas que aprovechan el marco legal y otras que se mueven en la frontera de la ilegalidad. Con más o menos críticas, se asume que estas son las reglas del juego, a las que hay que adaptarse tolerándolas o siendo parte.

Por otro lado, desde fines de los ’90 se distorsionó cada vez más la distinción entre las tareas de inteligencia, las policiales y las de investigación criminal. Estas actividades debieran recaer en instituciones diferentes. Mientras que la inteligencia está orientada en términos preventivos a la producción y gestión estratégica de la información sobre problemáticas vinculadas a la seguridad pública y a la defensa nacional, las actividades policiales deberían conducir a la tarea concreta de prevenir el delito y la investigación criminal a identificar responsables y a obtener material probatorio válido en un proceso judicial (esta distinción ha sido bien remarcada por el INECIP en el documento aportado al Congreso con motivo de la reforma de la ley de inteligencia de principios de 2015. INECIP, “Sobre la reforma de la ley de inteligencia y la necesidad de establecer límites claros entre las tareas de inteligencia e investigación criminal”. Febrero de 2015). Esto último se torna muy problemático si se investiga bajo la lógica del secreto y con técnicas de inteligencia poco transparentes. Además, acarrea una complicación procesal: es difícil hacer valer la información de inteligencia en un juicio.

A pesar de estos problemas concretos y evidentes, se ha naturalizado la idea de que el sistema de investigación criminal solo puede tener resultados si interviene el organismo de inteligencia. El crecimiento de las funciones operativas y las capacidades técnicas de investigación de la ex SIDE la convirtieron, como explica Sain en su libro ya citado, en un “servicio policial de investigación criminal”. El organismo de inteligencia aprovechó la deslegitimación de las policías, la connivencia del sistema de justicia y el pragmatismo de las autoridades políticas para asumir funciones policiales y represivas. En la medida en que estas capacidades operativas crecieron, la ex SIDE se transformó en una suerte de policía de investigación y recurrir a ella para investigar se fue tornando “indispensable”.

Al volverse una fuerza operativa, el vínculo de los espías con jueces y fiscales se fue haciendo rutina y ramificándose. La intervención en causas penales, el uso de técnicas de espionaje para la investigación criminal, la posibilidad de usar información obtenida en las investigaciones penales para operar en el ámbito político y en el mediático alientan un ambiente de convivencia en el que se construyen lealtades y compromisos cruzados entre los integrantes del sistema judicial y actores de la comunidad de inteligencia. Así, estas funciones operativas refuerzan la trama de relaciones de intercambio, favores y prebendas y su capacidad de influencia y terminan debilitando aún más al sistema judicial.

El uso del espionaje para la competencia política y la gobernabilidad no es extraño ni particular de este momento histórico, ni de este país. En ese esquema clásico, el poder político utiliza información para tomar decisiones, para trastocar un escenario o para perjudicar a los adversarios. El ingreso de una lógica regida por lealtades, compromisos cruzados y secreto en el corazón de un sistema judicial que debe funcionar en base al principio de lo público y de la obligación de demostrar cierta ecuanimidad en sus decisiones tiene otro tipo de efectos, que todavía no han sido estudiados y comprendidos en profundidad. Si las lealtades y compromisos entre actores del mundo judicial y el mundo de los espías y lobistas constituyen una fuerza capaz de condicionar el funcionamiento del sistema de justicia federal, se abre un interrogante sobre la función misma del sistema judicial.

El poder invisible

Hace tres décadas, Norberto Bobbio caracterizó a los servicios secretos como un “poder invisible” que, al degenerarse en un “criptogobierno”, pone en juego la democracia: “Un gobierno que actúa en la oscuridad más perfecta” (“El poder invisible”, en Democracia y secreto, Fondo de Cultura Económica, México). En nuestro país, el hecho de que “los servicios” son un factor de poder se fue haciendo evidente por la frecuencia de las operaciones que, en general, involucran también a los medios de comunicación. Este poder invisible se desarrolló en forma capilar, ya no para la guerra o las disputas y conflictos con otros Estados, sino para la dinámica política interna. Una trama de poder que incluye relaciones promiscuas entre sectores políticos y económicos dominantes (“las terminales o los enchufes”, como se los nombra coloquialmente) con operadores y espías orgánicos e inorgánicos, de la que son parte actores relevantes de la justicia federal (penal, contencioso administrativo, penal económico, electoral). En tribunales, la explicación más común a los vaivenes judiciales que se juegan en los diarios es: “Este juez es SIDE”, “Son los operadores de la SIDE”, “Son los abogados de la SIDE”.

A través de este poder invisible –bajo estas reglas de lealtad, intercambios y presiones– se define el armado y la resolución de las causas judiciales federales más resonantes o relevantes en términos institucionales. Causas legítimas o ilegítimas que pueden ser utilizadas para hacer operaciones políticas, extorsiones, venganzas o negociar favores o prebendas.

No se trata solo de un grupo de jueces y fiscales operables, corruptos o vulnerables a ser influidos, sino que también abarca a otros que juegan en esta trama sus propios objetivos políticos, opciones ideológicas o esquemas de negocios. Algunos aparecen, a veces, como parte de empresas con testaferros que diluyen los límites entre políticos, abogados, lobistas y agentes de inteligencia. Otros son miembros de clubes de fútbol desde donde se cocinan relaciones y también negocios. Muchos son sometidos a fuertes presiones y “toleran” estas reglas de juego. Algunos devuelven favores e intercambios por tranquilidad y protección o por información y cooperación. Otros intentan pasar inadvertidos.

El dispositivo que combina lobby político y judicial con una matriz de negocios ilegales comenzó en los años ’90 (sobre el tema escribieron ya diversos periodistas, entre ellos: Horacio Verbitsky en Hacer la Corte, de 2006; Daniel Santoro en Señor Juez, de 2011, y Gerardo Young en El libro negro de la justicia, de 2017). Ya en ese entonces se tejieron los puentes y un modus operandi que ahora forman esa red extendida de relaciones de intercambio. El gobierno menemista no solo apostó a una mayoría automática en la Corte Suprema, sino que armó la nueva justicia de Comodoro Py. A través de Carlos Corach, los hermanos Anzorreguy y César Arias –desde su rol en el Senado–, manejaron los hilos judiciales. Se utilizó el canal de la SIDE para definir los nombramientos y financiar lo que fuera necesario.

Anzorreguy también ofreció los servicios de la SIDE a los jueces federales para hacer investigaciones, la “colaboración” que les permitía ingresar a los expedientes. Con la excusa de que un atentado terrorista internacional solo podía se dilucidado por el organismo de inteligencia, la investigación del atentado a la AMIA fue la bisagra. Este tipo de intervención se convirtió en una rutina de la justicia federal a la hora de investigar el narcotráfico, la corrupción o el lavado de dinero. El que creció a partir de esta posibilidad fue justamente Horacio Stiuso que, como jefe de operaciones de la agencia de inteligencia, pudo meterse en las causas judiciales y tener vínculo con todos los jueces y fiscales federales.

Con el paso de los años, hubo algunos intentos políticos y judiciales de disputar el peso de este entramado fortaleciendo otras líneas políticas y judiciales internas, renovando la Corte Suprema o designando jueces y fiscales que no respondieran a esas lógicas. Sin embargo, el mecanismo de influencia se consolidó. Los gobiernos y gran parte del sistema político continuaron sosteniendo este esquema, pero con una delegación cada vez mayor en la estructura de inteligencia, que fue acumulando autonomía y poder.

La reforma del sistema de inteligencia de principios de 2015 no afectó esta matriz política judicial. En el debate por la modificación de la ley, un funcionario sostuvo, ante los reclamos del CELS y de otras organizaciones, que era imposible derogar por completo las atribuciones de la agencia de inteligencia para interactuar con el sistema de justicia federal y particularmente con los jueces penales (a raíz de la excepción del artículo 4, inc. 1 de la ley 25.520, que se mantuvo). Esta “imposibilidad” derivaba de la consolidación de ese esquema de alianzas entre el fuero federal y el organismo de inteligencia y de la naturalización de esta relación.

Con continuidades con los ’90, pero con la intervención de nuevos actores, un “tridente” manejó gran parte de las relaciones con el poder judicial federal: Stiuso como el hombre fuerte de la ex SIDE; Javier Fernández, como el operador más influyente desde un lugar en la Auditoría General de la Nación, apoyado por un sector importante del Senado peronista, y Darío Richarte, ex número 2 de la SIDE de la Alianza, reconvertido en operador desde su estudio jurídico (Young, Gerardo, El libro negro de la justicia, Planeta: 2017. Págs. 170/173). La fortaleza y permanencia de este armado, que logró dar protección política y judicial a los gobiernos, quedó a la vista luego de la crisis por el memorándum con Irán a raíz de la investigación del caso AMIA. Se vio cómo dejó de responder al poder político, se alió fuertemente con sectores de la oposición política y económica, con un amplio sector de la justicia federal y mostró su capacidad desestabilizadora. Después de 2015 –como señala Mario Santucho (en “El cuento chino de la justicia”, Revista Crisis, Buenos Aires, número 32, marzo y abril 2018)–quedó claro que disputa poder real y que tiene un poder de daño que puede poner en juego gobiernos democráticos.

El nuevo gobierno del presidente Macri mostró, con una sucesión de decisiones, que optó por sostener este esquema de relaciones e intercambios que, en definitiva, había sido parte de lo que lo llevó al poder. En primer lugar, a pesar de las fuertes impugnaciones, la designación de los nuevos directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, avalada por el Senado como expresión del acuerdo con ese sector y de la convalidación del modus operandi. Esto se complementa con la falta de peso político real de la Comisión Bicameral de fiscalización de las actividades de inteligencia del Congreso. A meses de asumido, el Presidente derogó sin mayor explicación el decreto 1311/2015 que, luego de la reforma de la ley de inteligencia, había establecido nuevas pautas de organización de la AFI y un régimen de administración y registro más transparente de los fondos reservados. A su vez, el gobierno despliega una política que hace intervenir a la AFI en las investigaciones judiciales de cualquier tipo, justificada en la adopción de la agenda internacional y local de las “nuevas amenazas” que deriva en construcción de enemigos internos, en la promoción de políticas de seguridad y penales duras y en la centralidad de las lógicas de inteligencia para el aparato de investigación criminal.

A todo esto se agregó la decisión del Poder Ejecutivo de ubicar la oficina encargada de las interceptaciones telefónicas (ex Dirección de Observaciones Judiciales de la SI) en el ámbito de la Corte Suprema. Tal como se advirtió desde la Iniciativa Ciudadana para el Control de los Sistemas de Inteligencia (ICCSI), el máximo tribunal aceptó el traspaso de la oficina pero redobló la apuesta. Con la excusa de mejorar las capacidades de investigación de la justicia federal, la oficina encargada de las escuchas telefónicas extendió sus funciones a la investigación y producción y centralización de información de inteligencia (DAJUDECO). Esto significa que el máximo tribunal ahora es parte del esquema y de sus disputas y tensiones. Como ejemplo, basta mencionar el convenio de colaboración que firmó con la AFI, que devuelve a los espías una fuerte influencia sobre el sistema de escuchas telefónicas pero, sobre todo, legitima las relaciones del poder judicial con el organismo de inteligencia (el convenio fue publicado por el periodista Ari Lijalad en http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/el-arreglo-lorenzetti-macri-para-que-los-espias-sigan-controlando-las-escuchas).

El macrismo no cambió las reglas del juego, sino que disputa en ese campo la influencia de operadores propios que le garanticen intermediarios fieles a sus objetivos. Hoy permanecen algunos nombres y aparecen otros. Las disputas entre líneas oficiales con algunos de estos actores –o de estos operadores entre sí y con líneas del propio poder judicial– no desarman la existencia de este modus operandi sino que lo reafirman. Las tensiones de la propia coalición de gobierno, que sabe que este esquema puede volverse en contra en cualquier momento, no logran traducirse en un cambio político que afecte esta matriz (más allá de algunas designaciones que intentan correrse de los condicionamientos de esta red).

El problema institucional

Como dice Carlos Pagni en el prólogo del libro La cara injusta de la justicia –de Federico Delgado–, “los jueces federales no se perciben a sí mismos como un factor de contrapoder. Se sienten parte del poder”. Esto no es una novedad en términos del funcionamiento del sistema político, pero es determinante para entender las acciones de este sector de la justicia federal, al igual que las del presidente de la Corte Suprema, amparados bajo las consignas de la división de poderes, la independencia judicial y la lucha contra la impunidad.

En la medida en que el funcionamiento del sistema judicial se hace más oscuro, bajo la forma de este entramado de poder, embebido de la lógica del secreto, de las lealtades, de la extorsión y de los compromisos cruzados, más se aleja de la función que puede cumplir. Si esta opacidad –junto con sus privilegios y la función de tener la última palabra– se acentúa, la justicia federal pierde cualquier capacidad para funcionar como un espacio democratizador ante los reclamos de derechos. En esta lógica, en realidad, los canales y mecanismos para reclamar derechos son usados para proteger su propia construcción de poder y las relaciones de intercambio.

http://www.vocesenelfenix.com/content/%C2%BFleales-qui%C3%A9n-sobre-c%C3%B3mo-las-relaciones-con-los-servicios-de-inteligencia-est%C3%A1n-haciendo-m%C3%A1s