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| el pontífice de la calle Talcahuano. |
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La jauría judicial y mediática
corrió a Báez esperando toparse con los Kirchner, pero para su asombro dio con
la familia Macrì. Mabel Balconte tomó 27 pastillas luego de acusar a Milagro
Sala para salvar a sus hijos. La misma extorsión se aplicó con Fariña y se
intentó con Báez, pero hasta Marijuan rechazó esa táctica repugnante. La
vendetta judicial y la receta PRO contra la inflación. Los derechos civiles
amenazados por una práctica mafiosa. El rol de Lorenzetti en la demolición
institucional.
A la jauría mediática y judicial
lanzada tras Lázaro Báez con la fantasía de llegar hasta CFK y su hijo Máximo
le saltó una liebre inesperada: el principal socio de Austral Construcciones no
lleva el apellido del ex presidente Néstor Kirchner sino el del actual,
Maurizio Macrì. Se trata de su primo hermano Angelo Calcaterra, hijo de Pía, la
única hermana de Franco y Tonino Macrì, los respectivos padres de Maurizio y
Jorge Macrì. En su declaración indagatoria, Báez mencionó su asociación con la
empresa macrista para las represas de Santa Cruz, pero el vínculo no fue
ocasional sino permanente e incluye numerosas obras en todo el país durante más
de una década. Si durante la ejecución de esas obras hubiera habido
sobreprecios, habrían beneficiado a la primera familia actual. Tampoco es fácil
probar tal cosa: entre 2003 y 2015, todas las obras públicas nacionales se adjudicaron
por licitación con precio tope, que dificulta la cartelización que rigió
durante el siglo pasado y en la que sobresalieron las Sociedades Macrì (Socma),
cuyo vicepresidente ejecutivo fue el actual presidente.
La inversión
en obras públicas nacionales en el ciclo kirchnerista ascendió a 596.000
millones, en valores constantes, al 31 de agosto de 2015. El 56,3 por ciento o
336.000 millones de pesos, correspondió a inversión centralizada en organismos
nacionales, mientras el 43,7 por ciento o 260.000 millones de pesos se
descentralizó en provincias y municipios. Un tercio de la inversión
centralizada (112.000 millones de pesos) fue ejecutado por una docena de
empresas, con obras por montos de 5.000 millones de pesos en adelante. El 22
por ciento (73.000 millones de pesos) correspondió a otras 68 empresas, por
montos que oscilaron entre 500 y 5.000 millones de pesos. Los restantes 151.000
millones de pesos, o el 45 por ciento del total, se dispersaron entre un millar
y medio de empresas con montos inferiores a los 500 millones. Subieron al podio
la trasnacional italiana Techint, que con 16.420 millones ejecutó el 4,81 por
ciento de las obras; seguida por Electroingeniería (15.494 millones, o el 4,61
por ciento) e Iecsa, la empresa de la familia presidencial (14.050 millones o
el 4,18 por ciento). En ese ranking (elaborado por el ex Ministerio de
Planificación Federal, Obras y Servicios Públicos), el Grupo Austral, de Lázaro
Báez, recién asoma en el 40º puesto, con 1.019 millones de pesos o el 0,3 por
ciento. Esta sola cifra ridiculiza la afirmación del extorsionado ex
colaborador de Báez, Leonardo Fariña, quien pagó su libertad declarando contra
su empleador y los Kirchner, en la justicia y en los medios asociados. Hasta
ahora ha tenido más suerte que la diputada provincial jujeña de la Organización
Tupac Amaru Mabel Balconte, quien fue extorsionada por el gobierno del contador
Gerardo Morales para acusar a Milagro Sala y Máximo Kirchner, porque en caso
contrario no sólo sería detenida ella sino también sus hijos. Balconte cumplió
con las condiciones de los delincuentes y repitió el mismo libreto de Fariña,
un combo que incluye declaración judicial y recorrida televisiva con
periodistas merecedores de la denominación que el Ejército estadounidense da a
aquellos que acompañan a sus unidades en operaciones y que en la Nueva
Argentina requerirá una traducción: embedded. El mismo tratamiento intentaron
aplicarle a Báez, señalándole a gritos por los medios que encarcelarían a uno
de sus hijos si no se convertía en un imputado colaborador que señalara a
Cristina y Máximo. El uso de los hijos para extorsionar a los padres es la
operación más clásica de la mafia. En este caso fue tan soez, que hasta el
fiscal Guillermo Marijuan, que no es un tibio, entendió conveniente rechazar
este grado de prostitución judicial y en una manifestación que lo honra dijo
que antes de privar de su libertad a una persona para forzar a otra preferiría
irse a su casa. Una vez que salvó a sus hijos cumpliendo con el libreto,
Balconte no soportó más y el viernes fue internada en la clínica Santa María de
San Pedro, Jujuy, donde le realizaron un lavaje de estómago, en cumplimiento
del “protocolo de intervención médica en caso de suicidio” y dieron parte a la
justicia penal. Los mismos medios que amplificaron su falsa denuncia ocultaron
sus consecuencias personales y dieron por buena la versión del operador que
supervisó el cumplimiento del trato, quien dijo que Balconte se descompensó
cuando tomó por error un medicamento de su madre (sic). En la clínica
mencionaron hasta el número de pastillas que tomó: 27.
Ni Cavallo
Al Grupo
Clarín, Fariña le dijo que Báez era testaferro de Néstor Kirchner y que juntos
“se robaron el Producto Bruto de un año, cien mil millones de dólares”. Así no
se hubiera realizado ninguna obra y los 1019 millones de pesos íntegros
hubieran pasado al patrimonio de Báez y/o Kirchner, la conversión de esa cifra
en cien mil millones de dólares es imposible. Ni a Domingo Cavallo podría
ocurrírsele ese tipo de cambio 1 peso=100 dólares. Lo más notable es que
ninguno de los grandes periodistas que entrevistaron a este patético
desesperado, ni los columnistas que opinaron sobre sus palabras o los
encumbrados políticos que sacaron de ellas conclusiones lapidarias sobre la
política y la moral hizo el menor esfuerzo por inteligir la verosimilitud de
esos dichos. Los datos de Planificación se ciñen a las obras con inversión
centralizada en organismos nacionales. Reconstruir las descentralizadas en
provincias y municipios requeriría una investigación exhaustiva en cada uno de
ellos. Pero como mera aproximación, si el porcentaje de Austral fuera el mismo
en esa nómina, las obras que le fueron adjudicadas importarían otros 780
millones de pesos, lo cual no modificaría la desproporción entre las
acusaciones (no probadas) y los hechos (posibles). Esto de ninguna manera
equivale a minimizar la gravedad de ningún hecho en función de su magnitud, ni
postular la indiferencia social ni la negligencia institucional.
Sea mucho o
poco, se haya cometido algún delito o no, Lázaro Báez camina sobre la misma
falla sísmica que el primo Angelo Calcaterra, cuyo anuncio de puesta en venta
de IECSA, justo ahora, sugiere que desearía estar lejos cuando se abriera la
caja de Pandora que los rastreadores husmean batiendo la cola con simpática
inconsciencia canina. Iecsa y Austral se presentaron juntas en diversas
licitaciones por casi 10.000 millones de dólares, lo cual muestra un affectio
societatis estable, pero sólo ganaron algunas, lo cual tampoco confirma el
favoritismo que se le atribuye a Báez. Iecsa obtuvo la pavimentación de uno de los
cinco tramos de la extensa ruta 9 y luego su explotación. En ambos casos, Báez
lo acompañó como subcontratista. Lo mismo ocurrió en la denominada “Línea Fría”
en Santa Cruz, destinada a interconectar la Patagonia con la red eléctrica
nacional. En la ruta Nacional 18 de Entre Ríos se asociaron en una UTE. Báez
ganó el contrato por la Ruta Provincial 20, también de Entre Ríos, pero lo
cedió a Calcaterra. También fueron asociados en el Complejo Terminal de Cargas
de frontera, en Paso de los Libres. Otras obras para las cuales Báez y el primo
Angelo se asociaron fueron la interconexión Pico Truncado-Río Gallegos, por 118
millones de dólares; la planta Terminal de Petrobras en Caleta Paula, por 15
millones de dólares; infraestructura vial en Yacyretá por 68,5 millones de
dólares y obras en la Central Nuclear Atucha por 40 millones de dólares. En
cambio sus apuestas más grandes no fueron exitosas: las licitaciones para las
represas hidroeléctricas de Santa Cruz, por 5.000 millones de dólares y por el
gasoducto del NEA, por 4000 millones de dólares, que no les fueron adjudicadas.
Tampoco es
fácil mostrar que haya sobreprecios en el costo proyectado de las represas
Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, de 2,24 millones de dólares por cada Mw
instalado, si se lo compara con el de las represas ya existentes de Chaglla,
Perú (2,97 millones/Mw); Santo Antonio, Brasil (3,10 millones/Mw), Tocoma,
Venezuela (3,11 millones/Mw); Sogamoso, Colombia (3,13 millones/ Mw);
Simplicio, Brasil (3,26 millones/Mw)o Diamer-Basha, en Pakistán, (2,53
millones/ Mw). Por supuesto, no puede subestimarse el virtuosismo de la patria
contratista argenta para renegociar contratos con aumentos de costos que
siempre recaen sobre el comitente, pero aún así la diferencia sigue siendo
grande, entre 13 y 45 por ciento a favor de la obra patagónica.
Espejito, espejito
Esta causa que
llevan el fiscal Marijuan y el juez Sebastián Casanello es sólo una de las
desplegadas a partir del 10 de diciembre con el propósito transparente de
acorralar a la ex presidente y a otros miembros de su gobierno. Las principales
que deben sumarse son aquellas que instruyen los jueces Julian Ercolini y
Claudio Bonadio, con objetos que se superponen, vinculados con los hoteles de
los Kirchner en Santa Cruz, el propio Bonadio por las operaciones con el dólar
futuro y la que se intenta reabrir por la muerte del ex fiscal general Natalio
Alberto Nisman. Sobre esta arquitectura se yergue el presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien le cuesta discernir entre el
rol de justiciero y el de juez y que se ha reunido con cada uno de estos jueces
para incitarlos a proceder con energía y premura. A partir de la homilía con
que inauguró el año judicial 2015, ha procurado instalar que la Argentina es el
reino de la impunidad, que él y sus huestes judiciales estarían llamados a
sanear, como quien ciega un pantano. El video que preparó entonces su asesora
de imagen María Bourdin, de la escudería Hadad, presentó una sucesión de
fotografías y filmaciones que ejemplificarían esa plaga; incluyó casos que
fueron juzgados con condenas para los autores, como los crímenes de lesa
humanidad, Cromañón y el accidente de Once, y otros en los que ni siquiera se
estableció que existiera un delito, como la muerte del fiscal. Ninguno encuadra
en la hipótesis de impunidad. El catedrático de Rafaela no se arredra por
contratiempos, como la denuncia por enriquecimiento ilícito en su contra que
presentó la heroína radical Elisa Carrió; la declaración del zar antidrogas de
Estados Unidos, William Brownfield, de que pese al aumento en el consumo de
estupefacientes la Argentina sigue siendo un país de tránsito pero no
productor; o el arresto del ex juez federal de Orán de la Nueva Frontera, Raúl
Reynoso, procesado como jefe de una asociación ilícita que vendía protección a
narcotraficantes. Reynoso era el juez predilecto de Lorenzetti, quien debió
excluirlo de apuro de la comisión de magistrados que creó la Corte Suprema, con
la discutible intención de privilegiar la persecución de unos delitos sobre
otros, cosa que no entra dentro de sus competencias y atribuciones. En las
primeras semanas del nuevo gobierno, Lorenzetti citó a cuatro jueces federales
a quienes Macrì les tenía particular inquina y les sugirió la conveniencia de
renunciar para impedir males mayores: ellos fueron Norberto Oyarbide (el
primero que procesó a Macrì por las escuchas telefónicas ilegales), Jorge
Ballestero y Eduardo Freiler, quienes revocaron su primera absolución en esa
causa, y Rodolfo Canicoba Corral, quien se encargó de que toda la operación
trascendiera. Por su parte, el ministro de Justicia Germán Garavano exige por
los diarios el alejamiento de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó,
porque no puede conseguir los dos tercios del Senado necesarios para removerla en
juicio político. Pero tampoco tiene la mayoría simple para reformar la ley del
Ministerio Público, que acortaría el mandato de la Procuradora, licuaría su
poder entre cuatro subprocuradores generales dependientes del Poder Ejecutivo y
desvirtuaría uno de los institutos más virtuosos creados por la reforma
constitucional de 1994. Lorenzetti también dispuso la creación de un
observatorio en el que la Corte sistematizaría información sobre delitos de
narcotráfico, trata de personas y corrupción. Esa es una denominación
caprichosa que junto con el sonsonete de la impunidad, condesciende al léxico
vulgar de la prensa en un llamativo nivelamiento por abajo, indicativo de la
cota a la que ha caído la Corte de Lorenzetti. En el Código Penal vigente los
únicos delitos de corrupción son aquellos referidos a la sexualidad en su
capítulo III. El proyecto personal de Lorenzetti se refleja en las páginas que
dirige en Internet su asesora de imagen y que se presenta como sitio del Poder
Judicial. La cobertura realizada durante el último año, desde mayo de 2015,
muestra que el 30 por ciento del espacio está dedicado a pulir, lustrar y dar
esplendor al ego lorenziano; el 11,6 por ciento menciona a la vicepresidenta
Elena Highton; el 4,1 por ciento al ministro Juan Carlos Maqueda y el 1,4 por
ciento al ex juez Carlos Fayt. El 13,5 por ciento de las notas informa sobre
los juicios por crímenes de lesa humanidad y el 39,5 por ciento a temas varios.
A juicio de Lorenzetti, el país se aproxima a una crisis como la de 2001 y en sus
rumiaciones llega a afirmar que hay tres presidentes, uno por cada poder el
Estado, y que sólo uno podría hacerse cargo de la primera responsabilidad en la
emergencia que prevé: el pontífice de la calle Talcahuano. Macrì ha sido hasta
ahora el beneficiario de este activismo, del que participa a través de
Lorenzetti y de sus propios agentes, como Daniel Angelici, Fabián Rodríguez
Simón y el ministro Garavano. Pero más temprano que tarde el índex acusatorio
podría volverse en su contra, como espera Lorenzetti. La última semana no sólo
el primo Angelo entró en foco. También fueron imputados por la operatoria con
el dólar futuro el segundo de Marcos Peña Braun en la jefatura de gabinete,
Mario Quintana; el director del Banco Central Pablo Curat, el asesor y amigo
presidencial José Torello, partícipes en la decisión de devaluar que les
reportó ganancias instantáneas. La investigación se extiende a otros
beneficiarios, como el amigo-socio Nicolás Caputo y el padre Franco Macrì. Con
apenas cinco meses en el gobierno aún es posible disimular las operaciones en
Tribunales protestando que el gobierno no actúa sobre la justicia y confiando
en los corresponsales de guerra engarzados en su dispositivo que lo repiten con
la misma convicción con que The New York Times difundía en la década pasada las
informaciones falsas del gobierno de su país sobre las armas de destrucción
masiva que nunca existieron en Irak. ¿Se llegarán a leer en la Argentina
autocríticas y pedidos de disculpa a los lectores como las que aquel diario publicó
años después?
Máxima tensión
La extorsión
oficial no sólo indujo al suicidio a Mabel Balconte. También dio lugar a una
causa presentada por el presidente del bloque de diputados del Frente para la
Victoria, Héctor Recalde, por las amenazas contra Máximo Kirchner del contador
Gerardo Morales y del fiscal de Estado y apoderado del PRO jujeño Mariano
Miranda. El propio Máximo, junto con Andrés Larroque pidieron ser tenidos por
querellantes a la jueza María Servini, y narraron lo sucedido en la reunión del
21 de abril de CFK con más de la mitad del bloque del FpV en el Senado. Allí la
senadora jujeña Liliana Fellner “habría manifestado que ya no existen garantías
constitucionales” y que eran práctica habitual las promesas de “alivianar
supuestas cargas judiciales, incluso por hechos inexistentes, a cambio de
involucrar a Milagro Sala y a otros dirigentes políticos en la supuesta
comisión de delitos”. A esa extorsión habría atribuido el cambio de su voto que
se convirtió en apoyo al acuerdo con los fondos buitre, “modificado a cambio de
la libertad de sus “compañeros intendentes”, ya que les habían prometido
“alivianarles las cargas judiciales” en las investigaciones que irregularmente
se llevan adelante sobre Milagro Sala y su organización”. Además Morales hizo
circular entre los intendentes un escrito que debían presentar a la Justicia
descargando cualquier desvío de fondos en la organización Tupac Amaru, pese a
que quienes certificaban el avance de las obras y liberaban los pagos eran los
intendentes. Kirchner y Larroque pidieron que se citara como testigos a los 22
senadores que asistieron a la reunión y que se pidiera al Instituto Patria
cualquier grabación de audio o video sobre la reunión. Esto repercutió en la
intimidad del bloque, ya que quienes asistieron hablaron con libertad confiados
en que las cámaras presentes sólo tomarían imágenes para ilustrar el encuentro.
Servini consideró que esta denuncia era un hecho independiente y lo remitió a
sorteo, que recayó en el juzgado de Sergio Torres, quien debe decidir si la
acepta. Una tercera causa, por denuncia del Comité por la Libertad de Milagro
Sala, se tramita en el juzgado de Julián Ercolini. Los kirchneristas solicitan
la unificación de las tres y, sobre todo, que no terminen en la justicia de
Jujuy, donde el Estado de Derecho pasó a mejor vida.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298830-2016-05-08.html
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