domingo, 21 de agosto de 2011

Cuadernos de Traslasierra III



*Hay una pregunta cruel que siempre sobrevuela en toda discusión política. Más allá de las crisis de acumulación capitalistas, de los ciclos productivos, de las crisis periódicas, tanto de las balanzas comerciales como de pagos, hay una duda que carcome el futuro de nuestro país y es la posibilidad o la certeza –según el nivel de escepticismo de quien la enuncie– de que los argentinos no sepamos “andar bien”. Más allá de una cuestión de autoestima nacional –tema tratado pero nunca acabado desde Domingo Sarmiento hasta Arturo Jauretche– el fatalismo autoboicoteador tiene origen en cierto esquema de conducta colectiva: en momentos de crisis, el miedo acogota los egoísmos, pero en cuanto la malaria da un respiro, aflora la especulación individualista que intenta echar mano a los logros obtenidos. En otros términos, podría sintetizarse de la siguiente manera: los argentinos somos partidarios de la socialización de las pérdidas pero de la apropiación voraz de las ganancias.

La nacionalización de la deuda privada que realizó Domingo Cavallo durante las postrimerías de la última dictadura militar, o la pesificación de las deudas de las grandes empresas realizada por el gobierno de Eduardo Duhalde –un extraño peronista que ahora quiere recortar el poder de la “columna vertebral” del Justicialismo, es decir el movimiento obrero organizado– funcionaron como gravámenes sobre los bolsillos de todos los argentinos en beneficio de unos pocos. Es decir, los desmanes financieros realizados por los grandes grupos económicos terminaron siendo subvencionados por los bolsillos de todos los ciudadanos. O sea, en épocas de desbande todos contribuimos a la riqueza de unos pocos. Claro que cuando las condiciones económicas mejoran, cuando el ahorro colectivo aumenta, cuando la economía crece, cuando hay más para distribuir, los argentinos nos encerramos en “nuestro pobre individualismo”, como escribió alguna vez Jorge Luis Borges, y nos enfrascamos en una puja distributiva que terminó históricamente en una espiral inflacionaria.

¿Los argentinos no estamos acostumbrados a ganar? ¿Es por eso que cuando empezamos a ganar iniciamos una carrera alocada de acumulación “por si esto se termina”? Hay una clave a estas preguntas en el célebre “empate hegemónico” en el que hemos vivido estos 200 años. Como ningún sector –en tanto sector y no en tanto apellidos– ha logrado imponer su hegemonía, las reglas de juego cambian cada una década en la Argentina. Dólar alto versus dólar regalado, sobre proteccionismo vs libre comercio estúpido, políticas subsidiarias vs ajuste criminal, inclusión social vs represión brutal son algunos de los extremos de una dialéctica que enloquece a los argentinos desde mediados del siglo XX.

“Reglas de juego claras”, “seguridad jurídica”, son algunos de los pedidos reiterados de los comunicadores sociales de uno u otro extremo de la dialéctica cada vez que se cambia de modelo político y económico. Lo mismo dicen los empresarios comunes –no los dueños de la Argentina, claro– cada vez que los grandes acumuladores de riqueza cambian los tantos de la economía en función de sus propios intereses. Porque es sabido que los grandes grupos económicos tienen mayor capacidad de manipulación y especulación que cualquiera de nosotros.

A esos reclamos no despojados de cierta histeria, la política –no un gobierno, no un partido político, sino aquellos dirigentes no comprometidos con los grupos económicos sino con las grandes mayorías– debería oponer políticas de Estado. La economía no es una ciencia exacta, es sencillamente un coto de caza de intereses sectoriales. Tiene ciertas reglas, claro, pero no es otra cosa que un mecanismo de distribución de la riqueza de una comunidad. Si queda en manos de los grupos económicos, como ocurrió entre 1989 (o 1991) y 2001, se perjudican las mayorías. Si queda en manos de los sectores políticos –como ocurrió durante los interregnos políticos gobernados por el peronismo clásico y el radicalismo (Arturo Illia o Raúl Alfonsín)– suelen beneficiarse las mayorías, aun cuando esas experiencias terminen en rotundos fracasos.

(Digresión prescriptiva ingenua e idealista: La clase política argentina en su totalidad debería asumir su rol de representante de mayorías y no de grupos económicos; debería sostener políticas de Estado equidistantes de los intereses económicos y representar a sus legítimos representados.)

Por primera vez en mucho tiempo, una alianza de sectores políticos, económicos, ideológicos –con mayor o menor grado de homogeneización– y que puede denominarse nacional y popular está en condiciones de extender su hegemonía por más de una década. Es decir, el Estado está en condiciones de llevar adelante políticas públicas a mediano plazo, que permitan estabilidad y previsibilidad a los distintos sectores sociales. Es decir, tiene la posibilidad de marcar reglas claras y de ofrecerles a los grupos económicos y a los empresarios la posibilidad de realizar políticas de rentabilidad equilibradas, sin necesidad de caer en una espiral voraz de acumulación que distorsione la economía general.

En el siglo XIX, Juan Bautista Alberdi dijo “gobernar es poblar”, en el XX, Juan Domingo Perón proclamó que “gobernar es dar trabajo”; hoy esa frase se podría reformular de la siguiente manera: “gobernar es redistribuir”, es decir, de lo que se trata, gracias entre otras cosas a los precios internacionales de la soja, de disponer con racionalidad y relativa justicia los excedentes de una economía cuya expansión no parece tener horizonte por ahora.

Desgraciadamente, los sectores económicos dirigenciales se han formado en la cultura de la imprevisibilidad y la especulación. El “tomo todo” individual rápido y egoísta se ha convertido en un “todos pierden” permanente que no ha permitido a la Argentina aprovechar sus ventajas comparativas en recursos naturales y humanos. La tarea del Estado es educar y culturizar. Es “civilizar”, en términos de Norbert Elías, es decir, lograr imponer el autocontrol de las pasiones y los egoísmos particulares.

El Estado tiene dos herramientas fundamentales para lograr estos objetivos: la persuasión a través de la formación de ideas, la publicidad, la negociación ideológica, o la sanción a través de la intervención de la renta por medio de las políticas tributarias. La pregunta se caen de maduras: ¿tienen conciencia las mayorías de su poder para utilizar el Estado como una herramienta propia o seguirán empecinadas en su cultura de desconfianza hacia la política, los políticos y el Estado fogoneadas por los grupos económicos y mediáticos concentrados? Y la duda más importante, claro, es: ¿Creemos los argentinos que el Estado, o sea, todos nosotros, tenemos derecho a intervenir en la renta privada en beneficio de las mayorías o seguimos convencidos de que “nuestro pobre individualismo” es una forma de frenar al avasallamiento del Estado frente al beneficio estrictamente individual?

(Digresión final a modo de excusa: el autor de estas palabras reconoce que es la columna más ingenua que ha escrito en los últimos años y ofrece a modo de justificación el hecho de que es consciente de que las vacaciones de verano han reblandecido su pesimismo consuetudinario.)

*Hernán Brienza