lunes, 21 de noviembre de 2011

Una ley por los derechos sociales









Publicado el 21 de Noviembre de 2011





La Legislatura tratará el proyecto de ley para crear un Sistema de Protección Integral de estos derechos que implementa una ventanilla única descentralizada y la libreta de ciudadanía, donde confluirán todos los planes y programas requeridos por una familia en situación de vulnerabilidad. Tiene el apoyo de todos los bloques, incluido el del PRO. “Persiste una falsa concepción que vincula las políticas sociales al clientelismo”, dice la autora del proyecto.
En la Ciudad de Buenos Aires existe una multiplicidad de organismos, planes, programas y normativas en materia de política social. La dispersión y la falta de articulación entre sí dificultan el acceso a las prestaciones, y por ello los ciudadanos se ven obligados a transitar entre una ventanilla y otra, buscando diferentes recursos que, en verdad, apuntan a una única situación de vulnerabilidad o de exclusión.

Con el objetivo de planificar y darle coherencia a este entramado, la legisladora porteña Gabriela Cerruti presentó un proyecto de ley con despachos de comisiones para crear un Sistema de Protección Integral de los Derechos Sociales. El jueves consiguió preferencia para ser tratado en la Legislatura la próxima semana y ya cuenta con el apoyo de todos los bloques, incluyendo el oficialismo local.

La norma establece la creación de una “ventanilla única descentralizada” para el acompañamiento de las familias beneficiarias, donde se lleve cabo la solicitud de las prestaciones, el registro de beneficiarios, la presentación de la documentación y las corresponsabilidades requeridas. Además, el texto implementa la libreta de ciudadanía, un legajo único, en soporte físico o tecnológico, donde confluyan todos los planes y programas requeridos por una familia. “Las políticas públicas de acción social deben enmarcarse en un plan estratégico de recuperación y desarrollo de la ciudadanía plena que no sólo esté ligada a la pobreza aún no derrotada, sino al ataque de las causas de una desigualdad vigente en las entrañas de nuestra sociedad”, argumenta el texto.

En diálogo con Tiempo Argentino, Cerruti explicó los detalles del proyecto y subrayó: “Hay una batalla cultural que aún no hemos ganado. Hoy persiste en la sociedad una falsa concepción que vincula las políticas sociales al clientelismo político y a la beneficencia. Las políticas sociales son parte de las certezas que tiene que tener una sociedad para poder desarrollarse. Que en la Ciudad existan villas miseria es un escándalo moral”.



–¿Cuál es el objetivo de esta nueva ley?

–Nosotros entendemos que, para terminar con el clientelismo, necesitamos que exista una relación directa entre el ciudadano y el Estado. La Ciudad tiene un clientelismo muy particular, diferente al que se ve en las provincias, porque hay una cantidad enorme de planes sociales a los que sólo podés acceder si sabés que existen. Este sistema tiende a ordenar y modernizar, quitando a los intermediarios. Ni siquiera de un director de área interviene en el proceso entre el Estado y el beneficiario. Así los ciudadanos pueden saber las diferentes herramientas con las que cuentan. Es como una cartilla para personas en vulnerabilidad social.

–¿Qué implica establecer un criterio integral de las políticas sociales?

–La propuesta es crear una ventanilla única y descentralizada desde donde se pueda acompañar a las personas en todo su proceso de inclusión, de reinserción. Buscamos que haya un único legajo para cada beneficiario y que todos los programas tengan las mismas responsabilidades y requisitos. Este Sistema Único persigue que una misma familia puede recibir todos los beneficios que necesita para salir de esa situación, beca escolar, ciudadanía porteña, servicio odontológico para la persona mayor y las puede administrar en una misma libreta, con un único asistente social, que lleve un monitoreo, un control.

–¿Cuál es la diferencia con ciudadanía porteña, por ejemplo?

–Ciudadanía porteña es el primer programa que hay de este estilo, de un ingreso ciudadano, que en su momento fue muy innovador. Recién cinco años después llega la Asignación Universal por Hijo. Todas las personas que estén por debajo de la línea de pobreza reciben un ingreso básico, una tarjeta de compra. Yo creo que una de las cuestiones centrales es que hay estancamiento en las altas y bajas, lo que representa que no tuvieron un acompañamiento integral del Estado como se establece en este proyecto.

–¿En qué consiste el sistema de corresponsabilidades?

–Lo que hacen es ponerle al ciudadano la obligación de cumplir con cosas, que en verdad son derechos. Son salud, educación y capacitación en temas laboral para que tengan acceso al trabajo. En verdad, no hay mayor inclusión que el trabajo, pero esto tiene que ver con políticas macroeconómicas. En estas políticas sociales el corto y el largo plazo empiezan en el mismo momento, tenés que resolver el problema de la familia de ese momento, y después resolver a largo plazo, con redistribución y políticas impositivas.

–¿Es posible hoy emprender esta reforma?

–Trabajé esta ley en conjunto con la ministra de Desarrollo Social María Eugenia Vidal y con la presidenta de la Comisión de Promoción Social, con la intención de que no se vete y que se reglamente en el sentido que establece la ley. Habiendo pasado toda una gestión, uno sabe lo que se puede y lo que no. La realidad es que las políticas sociales están muy atrasadas. En un país donde hay un registro automotor que sabe quién tiene cada auto no puede ser que la Ciudad de Buenos Aires no tenga un legajo único con la situación de cada una de las familias, que permita un acompañamiento que los ayude a salir. La situación de exclusión social es un escándalo con el presupuesto que tiene.

–Pero en estos cuatro años, la gestión porteña nunca mostró interés en proteger a estos grupos. ¿Por qué habría de llevar a cabo este tipo de reglamentación?

–Yo creo que hasta ahora ha habido dos problemas. Uno tiene que ver con no haberle dedicado tiempo ni recursos a este tipo de situaciones, y otro problema es la tercerización de los programas sociales. Este sistema tiende también a volver a concentrar en el Estado y obliga a que no se desentienda. La Ciudad tiene recursos para hacerlo y tiene un umbral de derechos muy altos, de normas que protegen a los ciudadanos, pero ahora tenemos que garantizar que el Estado cumpla con estas leyes y los programas se organicen entre sí.

Por Lucia Alvarez (Tiempo Argentino)