martes, 17 de julio de 2012

¿A quién molesta el Estatuto del Peón Rural?



¿Es sorprendente que se quejen los empleadores de la nueva legislación rural? Evidentemente, no. Una simple lectura de su articulado y un mero cotejo con la normativa de la dictadura hacen ostensibles las diferencias en orden a recuperación de derechos, equiparación con los demás trabajadores del sector privado y hasta superación en varios institutos (solidaridad del contratista, jornada y semana laboral, prestaciones de desempleo y servicios de sepelio, jubilación anticipada, sistemas de contención familiar para los hijos de los trabajadores temporarios, derechos de capacitación, licencias parentales, entre otros), e impulso efectivo de la inclusión social de quienes han sido condenados por décadas.
Es obvio hablar de las conductas reactivas de otras entidades patronales agrarias que, en línea con la tradicional SRA, se opusieron al Nuevo Estatuto del Peón. Pero, ¿qué es lo que causa tanto malestar en la conducción de la Unión de Trabajadores y Estibadores Rurales (Uatre)? Nada han hecho por difundir entre sus afiliados y demás trabajadores del campo los nuevos derechos y beneficios alcanzados con la ley, que fue aprobada por 174 votos a favor y sólo 4 en contra en la Cámara de Diputados, y por 68 votos a favor y uno solo en contra.
Es bueno recordar palabras del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en declaraciones hechas el 12 de enero de 2012, pocos días después de la promulgación de la ley 26.727: “Los trabajadores rurales fueron durante años uno de los sectores más vulnerables y postergados del país. Con la sanción de la nueva ley, se regulan y se protegen aspectos de la actividad laboral en el ámbito agrario, tanto para los temporarios como para los permanentes. (...) El Renatre fue creado a fines de los ’90 con el espíritu menemista. Claramente se puede ver en su organización, por lo menos, un sesgo privatista. En esta lógica, el abandono a los trabajadores parece haber sido parte de la génesis de creación del organismo”.
Las comparaciones, aunque resulten odiosas, suelen ser ilustrativas. Entonces, veamos qué decía Gerónimo Venegas en una nota que le publicara el diario La Nación el 29 de diciembre de 2011, a un día de sancionarse la ley: “El Estatuto del Peón Rural convertido en ley por el Congreso de la Nación es una muestra más de la persecución política que el gobierno ejerce sobre todos los que piensan diferente.(...) En conjunto con las entidades agropecuarias y el gremio que dirijo, logramos en diez años que el Renatre se convirtiera en un organismo encargado de subsanar la exclusión social del trabajo rural”.
Al comparar los dichos del titular de la Uatre con la realidad, el resultado es aún más contundente. Se defiende un ente (ex Renatre) que en diez años de existencia no pudo siquiera acompañar la evolución positiva del trabajo registrado que se verificaba en el resto de la economía. Se contempló pasivamente la consolidación de la informalidad laboral aun en producciones de rentabilidad extraordinaria, teniendo en cuenta que en el “campo” el trabajo no registrado alcanza un promedio nacional del 62,5 por ciento y en algunas producciones o regiones supera el 80 u 85 por ciento.
Ahora, en recientes declaraciones afirma temerariamente: “La Uatre denunció que el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) no cubre los gastos del sepelio de los empleados rurales ni de sus familias, como sucedía anteriormente”. Muy por el contrario el Renatea cumple en mejor y mayor medida esas erogaciones, pero impulsa a su vez otras prestaciones y servicios ligados a las consecuencias de contingencias o infortunios de esa índole, con el afán de redistribuir lo recaudado y no sólo atesorarlo con fines no declarados.
Esa denuncia irresponsable e infundada pretende seguir ocultando los beneficios y avances de una normativa que está dirigida a producir un cambio absoluto en el paradigma del trabajo rural, hacia horizontes cercanos que permitan un empleo digno y con estabilidad en el ámbito rural.
*Alvaro D. Ruiz *
* Subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y presidente de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.