martes, 26 de diciembre de 2017

Fusión Cablevisión-Telecom: nuevas reglas para la convergencia en Argentina

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*Martín Becerra - 25.12.2017


A través de dos resoluciones en las que aprueba la mayor concentración de la historia de las comunicaciones argentinas (fusión Cablevisión-Telecom) y establece el perímetro de la convergencia, así como los permisos y restricciones para la oferta de servicios de los principales conglomerados, el gobierno de Mauricio Macri modificó las reglas de juego y la correlación de fuerzas en las telecomunicaciones de la Argentina a partir de 2018.

El resultado de la fusión entre Cablevisión y Telecom es un “poder significativo de mercado”, según reconoce el gobierno argentino que sujeta su aprobación al cumplimiento de condiciones. Algunas de éstas fueron ya anunciadas, mientras que otras se añadirán en los próximos 45 días, cuando complete su intervención la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dependiente de la Secretaría de Comercio. Esta concentración concibe el mayor grupo infocomunicacional de la Argentina, que tendrá posición dominante en todos los segmentos donde actúa y, en varios de ellos, en numerosas localidades, será monopólico, como por ejemplo en banda ancha fija en Rosario, Córdoba y todo el corredor norte del Gran Buenos Aires, o en TV de paga en Córdoba, Santa Fe o Salta.

En los hechos, Telecom Argentina absorbió a Cablevisión y, por acuerdo de sus socios, el Grupo Clarín (en rigor, Cablevisión Holding cuyo 60% del capital es de los accionistas del Grupo Clarín y el restante 40% de Fintech, de David Martínez) y Fintech el control societario lo ejerce Cablevisión, que además tiene la dirección y gestión operativa. Antes de la fusión, Telecom Argentina estaba valuada en 5 mil millones de dólares y Cablevisión en 6 mil 111.11 millones de dólares.

Cablevisión-Telecom concentrará a nivel nacional 42 por ciento de la telefonía fija; 34 por ciento de la telefonía móvil; 56 por ciento de las conexiones a Internet de banda ancha fija; 35 por ciento de conectividad móvil, y 40 por ciento de TV de paga. Los recursos que dominará exceden lo permitido por ley en el caso de espectro radioeléctrico para telefonía móvil y son facilidades esenciales por tratarse de redes troncales, sobre todo en las zonas centro y norte del país, donde Telecom es el operador incumbente del servicio público de telefonía tras la privatización de Entel en 1990.
 El poder de la fusionada es más elevado en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica. En al menos 130 localidades donde había dos compañías para competir en la oferta de prestaciones del cuádruple play, ahora habrá una. La fusión producirá una reducción de la competencia como efecto del movimiento concentrador del mercado.Frente a esta situación, las condiciones dispuestas por el gobierno a la fusión son la devolución de espectro en el plazo de dos años, dado que entre Telecom y Cablevisión superan el límite de 140 MHz vigente para operadores móviles; la regulación del precio minorista del servicio de banda ancha fija en localidades donde la fusionada superará 80 por ciento de los abonos (en estos casos el precio no podrá superar el menor valor que la empresa comercializa en la Ciudad de Buenos Aires); y la compartición de infraestructura soporte y los precios regulados para banda ancha fija en esas ciudades, en condiciones no discriminatorias a otros prestadores. Según la Resolución 5644/17 del Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom), estas condiciones tendrán dos años de duración y podrían renovarse a discreción del regulador.

A diferencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones mexicano, el Enacom argentino es un órgano gubernamental creado por decreto en el que el presidente Macri puede remover “sin expresión de causa” a todos sus directores (la mayoría absoluta de los cuales, además, designó el primer mandatario al comenzar su gestión).
Por otro lado, mediante la Resolución 5641/17 del Enacom, el gobierno adelantó el plazo en el que permite la prestación del servicio de TV por cable por parte de las compañías telefónicas en casi todo el territorio y no sólo en las tres principales ciudades del país - Buenos Aires, Córdoba y Rosario-, como lo había establecido hace un año mediante el Decreto 1340/16. La excepción la constituyen las localidades con menos de 80 mil habitantes y las de más de 80 mil habitantes con servicios únicamente operados por cooperativas o Pymes. Hasta el 1 de enero de 2019 las telefónicas (incluida Telecom) no podrán operar TV por cable en localidades donde el servicio sea prestado exclusivamente por actores que no superan 10 por ciento de la cuota de suscriptores a nivel nacional. La TV por cable tiene en la Argentina una penetración superior al 50 por ciento de los hogares (lo que sumado a la DTH satelital alcanza 75%) y es un vector clave para la convergencia.

Es decir, que la letra chica de la convergencia decretada por Macri delimita su validez a partir del próximo 1º de enero. A este condicionamiento regulatorio, se le suma otro de orden fáctico, ya que los mercados convergentes están protagonizados por actores muy desiguales en escala, acceso a recursos como el espectro y desarrollo de infraestructuras, lo que les impide a muchos de ellos aprovechar la potencialidad tecnológica de la convergencia de redes.

En este escenario, la presión de Telefónica está dirigida a que se le permita desarrollar servicios de DTH, donde en Argentina hay un solo operador (DirecTV), dado que Telefónica ya cuenta con este servicio en países vecinos y carece de una red física robusta para competir con la fusionada Cablevisión-Telecom en TV de paga para organizar un paquete de cuádruple play. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo que la autorización a Telefónica para comercializar TV satelital llegará en forma de decreto en los próximos días. El gobierno considera que de este modo compensaría parte de los beneficios con los que viene gratificando al Grupo Clarín.

En rigor, el anticipo de la fecha para que las telefónicas puedan comercializar TV por cable, que (fuera de Buenos Aires, Córdoba y Rosario) estaba previsto para enero de 2019, se adecua a los tiempos de la megafusión entre Cablevisión y Telecom. Si no se hubiese alterado ahora el momento de largada para que las telefónicas brinden servicios de TV por cable, la fusionada hubiese tenido que restringir considerablemente las operaciones de Cablevisión. Con la Resolución 5641/17 el gobierno le permite al Grupo Clarín (la fusionada Telecom) tramitar la fusión sin exigencias de desinversión y manteniendo sus operaciones sin sobresaltos. Lo único que no podrá hacer, ni la fusionada Telecom ni sus eventuales competidoras como Telefónica o Claro (América Móvil), es integrar servicios en un mismo paquete fuera de los grandes centros urbanos hasta 2019.

La excesiva concentración del sector no sólo es cuestión de conectividad, como pretende el gobierno, sino que comprende toda la cadena productiva en comunicación, ya que el Grupo Clarín es el principal productor de información y entretenimientos masivos, pues es el mayor editor de diarios, posee radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y una de las cadenas de TV abierta más importantes (El Trece), además de ser accionista mayoritario en Papel Prensa y contar con varias señales de TV de paga y derechos de programación. A eso le suma ahora la concreción de dominio de las redes de transporte, distribución y comercialización al hogar de la información, las comunicaciones y los datos en todo el país.

La fusión sepulta varios ejes discursivos de la política oficial de comunicaciones que, desde diciembre de 2015, prometía inyectar nueva competencia, emparejar las reglas de la convergencia para que “todos pudieran hacer todo” y abrir la telefonía móvil a un cuarto operador. Lejos de eso, la fusión elimina un competidor en un sector estratégico que el propio gobierno admite en sus resoluciones que está muy concentrado, las reglas siguen premiando a unos y postergando a otros y, en varios eslabones de la economía de las comunicaciones, la promesa de nuevos competidores se ve obturada por una severa contracción del mercado. 



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