El 8N fracasó. Fueron muchos, sí; pero naufragó en lo esencial: su
objetivo. El 8N no será el punto de inflexión política y social que imaginaron
sus organizadores. Convocada por dirigentes políticos, sindicales y sectoriales
que no simpatizan con el Gobierno, una multitud llevó su
reclamo-reproche-bronca-prejuicio-odio al Obelisco. Ocurrió, entonces, lo que
suele ocurrir en un país normal: miles de personas expresaron su desagrado por
las políticas del Gobierno en democracia y libertad. Ni más ni menos.
En un país que en el pasado se desangró en antinomias fratricidas, el dato debe ser celebrado como otro paso de madurez democrática. Resulta natural que las políticas de una gestión que se propuso extirpar tumores sociales y económicos del país choque con la resistencia de quienes ven amenazados sus privilegios. Esos sectores, sin embargo, suelen preferir las conspiraciones de salón a la rudeza de la calle. Para cubrir ese flanco se nutrieron, en esta oportunidad, de mentes rancias, retrógrados irrecuperables y el enojo circunstancial de vecinos que, sin tener ánimo destituyente, se vieron arrastrados hasta allí por una eficaz campaña político-mediática que supo explotar emociones como la sensación de inseguridad o la vulnerabilidad de los jubilados. Se sabe: los reclamos egoístas de las minorías más poderosas suelen camuflarse en proclamas políticamente correctas.
La estrategia empleada por los promotores de la manifestación fue similar a la que se utilizó durante la crisis campera del 2008. En esa oportunidad, terratenientes y productores millonarios estimularon a peones y pequeños productores que pusieron el cuerpo para resistir una modificación del sistema de retenciones. En complicidad con el sistema tradicional de medios –que pretendía asentar una advertencia a la Presidenta que acababa de asumir–, los sectores concentrados del campo pretendían ampliar su tajada en el negocio explotando la tradicional susceptibilidad de un sector proclive a la queja.
Con el combustible regado en las rutas, otros políticos y empresarios rapaces se sumaron a la estrategia de ahogar con el humo de los pastizales al gobierno neonato de CFK. Fue cuestión de soplar para que el humo llegara a Buenos Aires, caja de resonancia política de la Nación. El resto es historia conocida: parte de la clase política compró la idea de aleccionar al Gobierno de antemano, el vicepresidente Julio Cobos obtuvo cinco minutos de fama con su traición, el Gobierno perdió la elección de medio término y, dos años más tarde, Cristina fue relecta con el mayor caudal de votos cosechado por un candidato desde la recuperación de la democracia. Muchos de esos votos, claro, provinieron de los pueblos del interior chacarero donde cuatro años antes se había demonizado a los K.
La parábola de la crisis chacarera demuestra que, en tiempos de supremacía mediática, los políticos-empresarios-ciudadanos más incautos creen que eso que ven en la tele es la realidad. Pero como ocurrió con las nutridas marchas chacareras, el 8N exhibió apenas un recorte de la sociedad. Amplificado, como entonces, por el Grupo Clarín, que realizó una extensa cobertura que pretendió vestir de épica la exhibición de los sentimientos tumultuosos, dispersos y hasta contradictorios del sector que se manifestó. Porque además de oponerse a las políticas presidenciales, ¿qué otra cosa querían manifestar los miles que el jueves a la noche se movilizaron al Obelisco? ¿“Dólar libre”, como pedían las señoras bien que desfilaban modelos adquiridos en Miami? ¿“No ser Venezuela”, como exhibían dos rubias exuberantes en su cartel? ¿Que “se vaya la yegua”, como ladraban asistentes de elegante sport? ¿Eliminar la Asignación Universal por Hijo que propicia la fornicación especulativa, según el prejuicio ignorante de clase medieros tinellizados? ¿O abolir la Ley de Medios de la democracia, como sugerían carteles idénticos prolijamente esparcidos entre la muchedumbre?
La heterogénea integración de la convocatoria parió su fracaso: muchas de las consignas se contradecían, cuando no se anulaban, entre sí. Personas bien intencionadas con reclamos atendibles se mezclaron con golpistas, procesistas, ultramontanos, antisemitas, misóginos, conservadores y reaccionarios. Sólo una cosa unió a los que marcharon: ser anti K. Sólo eso, y una profusa campaña orquestada por el Grupo Clarín, que buscó transformar esa amalgama de planteos individuales en una coraza de sus negocios.
La manifestación, en términos retóricos y prácticos, estaba condenada desde el vamos, cuando se la convocó para que fuera lo que fue: un golpe de efecto, un espejismo que disimuló entre la muchedumbre cacerolera la penosa decadencia de sectores opositores convertidos en lobbistas del Grupo. Fue el oligopolio mediático, al fin y al cabo, quién llamó a manifestarse a través de sus medios y periodistas más relevantes, quien aportó las consignas –“seguridad, inflación, no a la re-re”–, quien ordenó que no hubiese banderas partidarias –en otro gesto de desprecio a la dirigencia política que codicia sus favores–, quien arengó a “perder el miedo” –impostando un incomprobado dispositivo persecutorio oficial– para nutrir los puntos de encuentro previstos a lo largo y ancho del país. Es Clarín, en definitiva, quien pretende –como sugirió su CEO, Héctor Magnetto– que “la gente reaccione” contra el Gobierno para proteger sus intereses corporativos.
El mandamás del Grupo se ilusionó con que una manifestación nutrida y bullanguera torcería un destino que ya fue escrito con fuerza de ley. Pero se equivocó. Por lo que se vio –y escuchó– en la marcha, nadie capitalizará –electoral, política y comercialmente– esa tumultuosa muestra de descontento. Ni la dirigencia opositora, que jugó a las escondidas durante la convocatoria, ni el oligopolio mediático que lo alumbró. El Gobierno, obligado a ratificar su liderazgo para atenuar la provocación, mantendrá el rumbo hacia el 7D (7 de diciembre), fecha en que caduca el plazo para que Clarín se adecue a la Ley de Servicios Audiovisuales. Pero el kirchnerismo cometería un error táctico si menosprecia el dato político que brotó de esa marea humana: Clarín –y sus socios menores, como La Nación– todavía poseen la capacidad de enrarecer el clima social.
No es la primera vez en la historia que el Grupo utiliza su poder de fuego para alentar –o desalentar, según sus acuerdos de turno– acciones políticas dirigidas a presionar a gobiernos democráticos. Lo advirtió Raúl Alfonsín en un histórico discurso en la Sociedad Rural, lo vivenció Carlos Menem cuando el Grupo decidió difundir los casos de corrupción que por años ocultó bajo la alfombra por un conveniente pacto de no agresión. También lo padeció Fernando de la Rúa, la Alianza, y la dirigencia política en general cuando el Grupo llamó al “voto bronca”, una operación que deslegitimó los resultados electorales de medio término de 2001 y que sirvió de antesala a la crisis que terminaría con De la Rúa huyendo del sillón presidencial. Néstor y Cristina Kirchner también supieron de lo que el Grupo puede ser capaz: la revuelta chacarera de 2008 no ocultó, como lo manifestó el ruralista Hugo Biolcati, sus intenciones destituyentes.
La influencia tóxica del multimedios llevó a que todos los gobiernos democráticos le cedieran más poder, ilusionados en que eso saciaría su sed de negocios. Se equivocaron una y otra vez. Alfonsín le cedió Radio Mitre, pero cayó en desgracia cuando se negó a transferirle el Canal 13. Menem, que le dio más radios, canales y hasta celdas satelitales, aceleró su decadencia política cuando le retaceó el acceso al mercado telefónico. Algo similar ocurrió con Kirchner, quien un día antes de concluir su mandato firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal. Pero el Grupo quería más. Pretendía que el Gobierno le cediera una parte –o todo– el tendido de Telecom, lo que le hubiese permitido convertirse en el mayor proveedor de contenidos y distribuidor de telecomunicaciones del país. La reticencia K a propiciar semejante monstruo derivó en la rebelión destituyente de 2008.
La notoria capacidad de daño del Grupo Clarín tiene como contracara su baja eficacia a la hora de construir una opción electoral. Lo más cerca que estuvo fue en 2003, cuando promovió la candidatura de Ricardo López Murphy, un economista estrella del establishment que quedó a pocos puntos de disputar un ballottage. Consciente de sus limitaciones para inventar un líder convocante, Magnetto elucubró la marcha del 8N como una “gesta cívica y republicana” que le sirviera como muestra casi exclusiva de su poder. Por eso, desde las redes sociales –transmisores de la convocatoria– se difundió a repetición el pedido de asistir sin banderías partidarias. Incluso varias figuras políticas se plegaron a esa táctica, llamando a sus colegas a no asistir para “no contaminar” la marcha. Eso no implicó, claro, que fueran prescindentes de la convocatoria. Colgados de la estrategia del empresario, un enjambre de dirigentes opositores –desde el Pro hasta el FAP, pasando por la UCR y el PJ disidente– alentaron la manifestación con la esperanza de recoger voluntades en ese río revuelto, esperanzados con repetir la historia de 2008 con una aceptable performance en la próxima contienda electoral. Por lo visto y oído en la marcha, donde se multiplicaron las consignas antipolítica, ese sueño está lejos de fraguar.
Al margen de las pretensiones de los organizadores, el acto sirvió, en principio, para conocer mejor a los que se oponen al proyecto K. Para el Gobierno, es un dato valioso saber que entre la multitud se mezclaron seguidores de la defensora de genocidas Cecilia Pando, o que el filonazi Alejandro Biondini paseó su odio a metros del rabino Pro Sergio Bergman. En ese sentido, fue interesante la experiencia realizada por el programa 6, 7, 8 de la televisión pública, que les puso micrófono en vivo a los manifestantes. El reguero de lugares comunes, consignas huecas y prejuicios expuesto por muchos de los entrevistados explicó por qué TN, canal oficial de la marcha, sólo pusiera al aire reclamos previamente editados. La consigna obvia: evitar que la sinceridad brutal de los asistentes arruinara una puesta en escena tan cuidada.
El Gobierno obtuvo parte de su fortaleza política a partir de los contrastes. No hubiese sido posible avanzar en la ampliación de derechos sin enfrentar la ira de instituciones confesionales. Tampoco se habría revertido la impunidad del genocidio sin la decisión de afrontar la reacción de los cómplices civiles de la dictadura. Era natural que, con el tiempo, algunos de esos sectores se encontraran en un espacio común: la fobia a los K. La marcha del 8N demostró, pese a los temerarios presagios difundidos por sus promotores, que la democracia argentina se consolidó al punto de tolerar incluso las manifestaciones de los ciudadanos más intolerantes. Pero también se robusteció lo suficiente para establecer que serán las urnas, y no los espejismos mediáticos, las que definirán nuestro destino.
En un país que en el pasado se desangró en antinomias fratricidas, el dato debe ser celebrado como otro paso de madurez democrática. Resulta natural que las políticas de una gestión que se propuso extirpar tumores sociales y económicos del país choque con la resistencia de quienes ven amenazados sus privilegios. Esos sectores, sin embargo, suelen preferir las conspiraciones de salón a la rudeza de la calle. Para cubrir ese flanco se nutrieron, en esta oportunidad, de mentes rancias, retrógrados irrecuperables y el enojo circunstancial de vecinos que, sin tener ánimo destituyente, se vieron arrastrados hasta allí por una eficaz campaña político-mediática que supo explotar emociones como la sensación de inseguridad o la vulnerabilidad de los jubilados. Se sabe: los reclamos egoístas de las minorías más poderosas suelen camuflarse en proclamas políticamente correctas.
La estrategia empleada por los promotores de la manifestación fue similar a la que se utilizó durante la crisis campera del 2008. En esa oportunidad, terratenientes y productores millonarios estimularon a peones y pequeños productores que pusieron el cuerpo para resistir una modificación del sistema de retenciones. En complicidad con el sistema tradicional de medios –que pretendía asentar una advertencia a la Presidenta que acababa de asumir–, los sectores concentrados del campo pretendían ampliar su tajada en el negocio explotando la tradicional susceptibilidad de un sector proclive a la queja.
Con el combustible regado en las rutas, otros políticos y empresarios rapaces se sumaron a la estrategia de ahogar con el humo de los pastizales al gobierno neonato de CFK. Fue cuestión de soplar para que el humo llegara a Buenos Aires, caja de resonancia política de la Nación. El resto es historia conocida: parte de la clase política compró la idea de aleccionar al Gobierno de antemano, el vicepresidente Julio Cobos obtuvo cinco minutos de fama con su traición, el Gobierno perdió la elección de medio término y, dos años más tarde, Cristina fue relecta con el mayor caudal de votos cosechado por un candidato desde la recuperación de la democracia. Muchos de esos votos, claro, provinieron de los pueblos del interior chacarero donde cuatro años antes se había demonizado a los K.
La parábola de la crisis chacarera demuestra que, en tiempos de supremacía mediática, los políticos-empresarios-ciudadanos más incautos creen que eso que ven en la tele es la realidad. Pero como ocurrió con las nutridas marchas chacareras, el 8N exhibió apenas un recorte de la sociedad. Amplificado, como entonces, por el Grupo Clarín, que realizó una extensa cobertura que pretendió vestir de épica la exhibición de los sentimientos tumultuosos, dispersos y hasta contradictorios del sector que se manifestó. Porque además de oponerse a las políticas presidenciales, ¿qué otra cosa querían manifestar los miles que el jueves a la noche se movilizaron al Obelisco? ¿“Dólar libre”, como pedían las señoras bien que desfilaban modelos adquiridos en Miami? ¿“No ser Venezuela”, como exhibían dos rubias exuberantes en su cartel? ¿Que “se vaya la yegua”, como ladraban asistentes de elegante sport? ¿Eliminar la Asignación Universal por Hijo que propicia la fornicación especulativa, según el prejuicio ignorante de clase medieros tinellizados? ¿O abolir la Ley de Medios de la democracia, como sugerían carteles idénticos prolijamente esparcidos entre la muchedumbre?
La heterogénea integración de la convocatoria parió su fracaso: muchas de las consignas se contradecían, cuando no se anulaban, entre sí. Personas bien intencionadas con reclamos atendibles se mezclaron con golpistas, procesistas, ultramontanos, antisemitas, misóginos, conservadores y reaccionarios. Sólo una cosa unió a los que marcharon: ser anti K. Sólo eso, y una profusa campaña orquestada por el Grupo Clarín, que buscó transformar esa amalgama de planteos individuales en una coraza de sus negocios.
La manifestación, en términos retóricos y prácticos, estaba condenada desde el vamos, cuando se la convocó para que fuera lo que fue: un golpe de efecto, un espejismo que disimuló entre la muchedumbre cacerolera la penosa decadencia de sectores opositores convertidos en lobbistas del Grupo. Fue el oligopolio mediático, al fin y al cabo, quién llamó a manifestarse a través de sus medios y periodistas más relevantes, quien aportó las consignas –“seguridad, inflación, no a la re-re”–, quien ordenó que no hubiese banderas partidarias –en otro gesto de desprecio a la dirigencia política que codicia sus favores–, quien arengó a “perder el miedo” –impostando un incomprobado dispositivo persecutorio oficial– para nutrir los puntos de encuentro previstos a lo largo y ancho del país. Es Clarín, en definitiva, quien pretende –como sugirió su CEO, Héctor Magnetto– que “la gente reaccione” contra el Gobierno para proteger sus intereses corporativos.
El mandamás del Grupo se ilusionó con que una manifestación nutrida y bullanguera torcería un destino que ya fue escrito con fuerza de ley. Pero se equivocó. Por lo que se vio –y escuchó– en la marcha, nadie capitalizará –electoral, política y comercialmente– esa tumultuosa muestra de descontento. Ni la dirigencia opositora, que jugó a las escondidas durante la convocatoria, ni el oligopolio mediático que lo alumbró. El Gobierno, obligado a ratificar su liderazgo para atenuar la provocación, mantendrá el rumbo hacia el 7D (7 de diciembre), fecha en que caduca el plazo para que Clarín se adecue a la Ley de Servicios Audiovisuales. Pero el kirchnerismo cometería un error táctico si menosprecia el dato político que brotó de esa marea humana: Clarín –y sus socios menores, como La Nación– todavía poseen la capacidad de enrarecer el clima social.
No es la primera vez en la historia que el Grupo utiliza su poder de fuego para alentar –o desalentar, según sus acuerdos de turno– acciones políticas dirigidas a presionar a gobiernos democráticos. Lo advirtió Raúl Alfonsín en un histórico discurso en la Sociedad Rural, lo vivenció Carlos Menem cuando el Grupo decidió difundir los casos de corrupción que por años ocultó bajo la alfombra por un conveniente pacto de no agresión. También lo padeció Fernando de la Rúa, la Alianza, y la dirigencia política en general cuando el Grupo llamó al “voto bronca”, una operación que deslegitimó los resultados electorales de medio término de 2001 y que sirvió de antesala a la crisis que terminaría con De la Rúa huyendo del sillón presidencial. Néstor y Cristina Kirchner también supieron de lo que el Grupo puede ser capaz: la revuelta chacarera de 2008 no ocultó, como lo manifestó el ruralista Hugo Biolcati, sus intenciones destituyentes.
La influencia tóxica del multimedios llevó a que todos los gobiernos democráticos le cedieran más poder, ilusionados en que eso saciaría su sed de negocios. Se equivocaron una y otra vez. Alfonsín le cedió Radio Mitre, pero cayó en desgracia cuando se negó a transferirle el Canal 13. Menem, que le dio más radios, canales y hasta celdas satelitales, aceleró su decadencia política cuando le retaceó el acceso al mercado telefónico. Algo similar ocurrió con Kirchner, quien un día antes de concluir su mandato firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal. Pero el Grupo quería más. Pretendía que el Gobierno le cediera una parte –o todo– el tendido de Telecom, lo que le hubiese permitido convertirse en el mayor proveedor de contenidos y distribuidor de telecomunicaciones del país. La reticencia K a propiciar semejante monstruo derivó en la rebelión destituyente de 2008.
La notoria capacidad de daño del Grupo Clarín tiene como contracara su baja eficacia a la hora de construir una opción electoral. Lo más cerca que estuvo fue en 2003, cuando promovió la candidatura de Ricardo López Murphy, un economista estrella del establishment que quedó a pocos puntos de disputar un ballottage. Consciente de sus limitaciones para inventar un líder convocante, Magnetto elucubró la marcha del 8N como una “gesta cívica y republicana” que le sirviera como muestra casi exclusiva de su poder. Por eso, desde las redes sociales –transmisores de la convocatoria– se difundió a repetición el pedido de asistir sin banderías partidarias. Incluso varias figuras políticas se plegaron a esa táctica, llamando a sus colegas a no asistir para “no contaminar” la marcha. Eso no implicó, claro, que fueran prescindentes de la convocatoria. Colgados de la estrategia del empresario, un enjambre de dirigentes opositores –desde el Pro hasta el FAP, pasando por la UCR y el PJ disidente– alentaron la manifestación con la esperanza de recoger voluntades en ese río revuelto, esperanzados con repetir la historia de 2008 con una aceptable performance en la próxima contienda electoral. Por lo visto y oído en la marcha, donde se multiplicaron las consignas antipolítica, ese sueño está lejos de fraguar.
Al margen de las pretensiones de los organizadores, el acto sirvió, en principio, para conocer mejor a los que se oponen al proyecto K. Para el Gobierno, es un dato valioso saber que entre la multitud se mezclaron seguidores de la defensora de genocidas Cecilia Pando, o que el filonazi Alejandro Biondini paseó su odio a metros del rabino Pro Sergio Bergman. En ese sentido, fue interesante la experiencia realizada por el programa 6, 7, 8 de la televisión pública, que les puso micrófono en vivo a los manifestantes. El reguero de lugares comunes, consignas huecas y prejuicios expuesto por muchos de los entrevistados explicó por qué TN, canal oficial de la marcha, sólo pusiera al aire reclamos previamente editados. La consigna obvia: evitar que la sinceridad brutal de los asistentes arruinara una puesta en escena tan cuidada.
El Gobierno obtuvo parte de su fortaleza política a partir de los contrastes. No hubiese sido posible avanzar en la ampliación de derechos sin enfrentar la ira de instituciones confesionales. Tampoco se habría revertido la impunidad del genocidio sin la decisión de afrontar la reacción de los cómplices civiles de la dictadura. Era natural que, con el tiempo, algunos de esos sectores se encontraran en un espacio común: la fobia a los K. La marcha del 8N demostró, pese a los temerarios presagios difundidos por sus promotores, que la democracia argentina se consolidó al punto de tolerar incluso las manifestaciones de los ciudadanos más intolerantes. Pero también se robusteció lo suficiente para establecer que serán las urnas, y no los espejismos mediáticos, las que definirán nuestro destino.
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